Durante la negociación, en la que actúo como garante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio se comprometió a estudiar caso por caso y dar respuestas con la colaboración del gobierno provincial. Ante la oferta, los representantes vecinales aceptaron abandonar los terrenos usurpados en los próximos días.
En diálogo con los medios, el secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Alejandro Rusconi, explicó que “finalmente hubo un acuerdo firmado por los vecinos. Los delegados acordaron retirase de la toma con una propuesta del Estado municipal de ver los casos de las personas que están viviendo en la toma, porque todos no estaban, sino que hay alrededor de veinte familias. Se hizo hincapié en aquellas que figuran en el registro de demanda habitacional del Municipio y con el trabajo conjunto de la provincia para disponer de los recursos que se necesitan para atender a aquellas familias en situación de vulnerabilidad” sostuvo.
Consultado sobre qué tipo de soluciones habitacionales fueron ofrecidas, expresó: “La respuesta se va a ver caso por caso, porque hay que hacer un trabajo socio-ambiental de cada familia y ver lo que necesitan, porque cada situación en muy distinta. De acuerdo a eso, el compromiso es aportar una solución por parte del municipio y acompañado por la provincia” remarcó y ató la posibilidad de entrega de tierras a lo que hablen “exclusivamente el Municipio con la provincia, en base al relevamiento que se haga. No es que se prometió tal cosa o tal otra, sino que cada caso se va a ver puntualmente en base al censo” advirtió.
Rusconi celebró que con el acuerdo, “termina la causa penal y la gente se comprometió en retirarse en buenos términos y en el caso de aquellos que no estaban en el registro se los invita a que se anoten en el registro de demanda habitacional del municipio” dijo.
El representante de la Defensoría Bonaerense, estimó que el retiro de las familias del predio será «en breve, la semana que viene ya se levanta. Dijeron que quieren ir empezando a retirar las cosas. Hay personas en situación de calle y el Municipio tomó conocimiento y se puso a trabajar en ese caso en particular»
Ante la posibilidad que haya casos de familias que no quieran retirarse – hubo algunas discusiones entre los delegados y algunas familias que aguardaban noticias frente al Palacio Municipal, “la Fiscalía dará orden a la Policía para que desaloje, pero por lo que veo vinieron delegados y se comprometieron y estaban de acuerdo con retirarse del lugar” indicó.
“Si se cumple que se van a retirar del lugar, se dan por finalizadas las actuaciones. Se firmó un acuerdo y la Defensoría está como garante y vamos a seguir la situación de las familias. Esto no se termina hoy con la firma de un acta. Vamos a seguir a las familias que necesitan para ver en qué el Estado los está ayudando” concluyó.
En Olavarría, la inédita toma de tierras municipales se lleva a cabo desde hace más de un mes y llegaron a participar más un centenar de ocupantes. Con el paso del tiempo, permanecieron en el lugar alrededor de veinte familias.
Tras una breve negociación, el intendente Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) denunció penalmente la ocupación y pidió un rápido desalojo de la Justicia. Pero una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense obligó a la aplicación del Protocolo de Desalojo de la Suprema Corte de Justicia. En ese marco, hubo reuniones entre el Municipio, la Provincia, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría del Pueblo.
Resta conocerse en los próximos días si el retiro de total los ocupantes se producirá de forma voluntaria o si se requerirá de un desalojo judicial para quienes eventualmente decidan permanecer en el sitio.
