La denuncia, acogida por la Segunda Sala Criminal Federal de Belo Horizonte, implica a 16 personas y a 2 empresas, la brasileña Vale y la alemana TÜV Süd, por 270 cargos de homicidio, además de delitos de contaminación y por daños contra la fauna y flora.
Este martes era el último día hábil que tenía el tribunal para admitir la denuncia, antes de que prescribieran los delitos ambientales, lo que habría ocurrido este miércoles, en el cuarto aniversario de la tragedia, ocurrida el 25 de enero de 2019.
Entre los denunciados figuran el expresidente de Vale Fábio Schvartsman y otros diez ejecutivos e ingenieros de la minera, así como Chris Peter-Meier, director de Desarrollo de Negocio de Tüv Süd, empresa que firmó el informe técnico que atestiguaba la seguridad de la presa siniestrada.
La ruptura de una presa en la mina Mina Córrego do Feijão, propiedad de la minera Vale, situado en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais), causó el mayor vertido de residuos mineros registrado en Brasil, que se extendió 500 kilómetros en la cuenca del río Paraobepa, en el sureste del país.
El inicio del proceso se ha demorado cuatro años porque hubo divergencias en relación al foro en el que sería juzgado, hasta que el Tribunal Supremo decidió que el caso es de competencia de la justicia federal.
De forma paralela a esta causa penal, Vale fue condenada por un tribunal laboral a pagar una indemnización de 100 millones de reales (unos 19 millones de dólares) a las familias de los trabajadores de la minera fallecidos por la avalancha.
En la esfera civil, el gigante minero acordó con la Fiscalía pagar una indemnización de 37.689 millones de reales (7.247 millones de dólares al cambio actual) para la reparación integral de los daños ambientales, morales y colectivos ocurridos en el desastre de Brumadinho. EFE
