“Lo que se ve en Comodoro Py últimamente es una cadena de favores, donde unos tapan los problemas de los otros”. Esa fue una de las definiciones que dejó la larga exposición del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la que no faltaron los chisporroteos con la oposición y las referencias al espionaje masivo durante el gobierno de Mauricio Macri. A Ramos Padilla lo convocaron porque él entendió que debían investigarse los chats que se filtraron entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza del supremo Horacio Rosatti. Esa decisión de Ramos Padilla contrastó con lo resuelto por su colega de los tribunales de Comodoro Py Sebastián Ramos, que también se presentó en el Congreso mientras se conocían los mensajes que habría intercambiado con D’Alessandro en tono más que amistoso.
Los chats que se divulgaron a finales del año pasado vienen siendo el eje central de la discusión sobre el proceso de jury contra los cuatro supremos. Para el Frente de Todos, son la prueba de la connivencia entre los cortesanos –al menos, entre su presidente– y la oposición. Para Juntos por el Cambio, constituyen un elemento que no puede ser considerado porque está en tela de juicio su legalidad. Para sostener esa postura, la alianza opositora invoca un fallo que el 17 de enero pasado firmó el juez Sebastián Ramos en tiempo récord.
Parte de esa discusión se ventiló este jueves en lo que podría considerarse un debate parlamentario entre dos jueces: Ramos versus Ramos. Pero hubo un Ramos, el de Comodoro Py, que optó casi por el silencio y otro Ramos, el de La Plata, que denunció cómo se arman y cómo se desarman causas en los tribunales federales.
“Si lo que van a discutir es la utilización de escuchas ilegales en un juicio político, en mi caso lo hicieron”, arrancó sin ambages Ramos Padilla. Para eso, se remontó a 2019, cuando investigaba la red de espionaje que funcionaba alrededor del falso abogado Marcelo D’Alessio. Entonces, el macrismo impulsó su juicio político por dos razones: una, porque se presentó ante el Congreso para explicar lo que estaba investigando que tenía un claro impacto político; otra, porque se usaron las escuchas ilegales a exfuncionarios kirchneristas presos para decir que con su investigación se buscaba voltear la causa “Cuadernos”.
El 8 de febrero pasado, Ramos Padilla dijo que él no era competente para investigar una denuncia contra Robles y D’Alessandro presentada por el gobernador Axel Kicillof, pero sí planteó que debía investigarse en los tribunales de Retiro. Su postura y la de la fiscal Laura Roteta era diametralmente opuesta a la que habían adoptado en Comodoro Py Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, a quien Ramos Padilla procesó por sus andanzas con D’Alessio. Para el juez federal de La Plata, la decisión que adoptaron los magistrados porteños es cuanto menos arbitraria. Stornelli “está procesado en una causa de espionaje que lleva (Julián) Ercolini, que aparece en los chats de Lago Escondido. Cuanto más rápido cierren todo esto y si lo hacen en feria, mejor”, remarcó Ramos Padilla.
El juez señaló que el esquema de espionaje que se investigó en su juzgado –que va desde el D’Alessiogate hasta las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) diseminó en la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje sobre organizaciones políticas y sociales– solo era equiparable con el nivel de control de la última dictadura.
–La diputada Myriam Bregman no me va a dejar mentir– dijo Ramos Padilla, que más de quince años atrás compartió la labor como abogado querellante con la representante del Frente de Izquierda en los juicios de lesa humanidad de La Plata.
Ramos Padilla no evitó las definiciones sobre el cierre exprés que le había otorgado su colega Ramos a la denuncia contra Robles. “En la feria no se tratan los archivos y menos de un juzgado en el que uno no es titular”, deslizó.
La intervención del juez crispó los ánimos en Juntos por el Cambio, particularmente entre los integrantes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió –que fueron quienes promovieron en Comodoro Py la denuncia con las escuchas ilegales para intentar neutralizar la investigación sobre D’Alessio–. En un momento, el vicepresidente de la Comisión, el lilito Juan Manuel López, le consultó si conocía al Presidente o a la vicepresidenta. “Me parece importante –retrucó Ramos Padilla– porque hay jueces que van a Olivos”. En su caso, respondió que no conoce a Alberto Fernández y que vio en tres oportunidades a Cristina Fernández de Kirchner en actos públicos, en los que probablemente ella no lo haya registrado.
Lo que calló el otro Ramos
La presentación de Sebastián Ramos fue escueta. Arrancó diciendo que no quería decir ni una palabra de más de lo que había escrito en su fallo del 17 de enero. “Yo no puedo ni modificar una sola palabra”, se atajó. Cuando le preguntaban por alguna expresión, decía que era extractada del dictamen de Stornelli, al que calificó como «legal, razonado y fundamentado».
Los diputados y las diputadas del Frente de Todos le consultaron a Ramos:
* Si sabía que había otras denuncias anteriores a las que él resolvió, que era la del abogado Gastón Marano –exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia y abogado del “copito” Nicolás Carrizo en la causa por el atentado contra CFK.
* Por qué habilitó feria para dictar un archivo y no recabó ninguna prueba.
* Cómo fue posible que se hiciera cargo del juzgado donde estaba la denuncia el 16 de enero y, al día siguiente, ya tuviera la resolución para dar por concluido el tema que complicaba al principal asesor del presidente de la Corte Suprema.
Una oportuna inundación
Después de las exposiciones de Ramos y Ramos Padilla, la Comisión escuchó a funcionarios y exfuncionarios de la Corte. Se creó un momento de tensión cuando expuso Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación de la Corte. A él, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó por una inundación que hubo un fin de semana de enero –después de que se conocieron los chats entre Robles y D’Alessandro– y que aparentemente afectó el despacho de Robles. Romero confirmó que la oficina estaba en obras. Moreau alentó las suspicacias al hablar de la “desgracia” de que afectara las computadoras, donde podría haber pruebas de lo que se investiga en el Congreso.
Para la próxima semana, el Frente de Todos propuso convocar a Stornelli y a la fiscal Roteta. Habrá que ver si Stornelli –con antecedentes de ser esquivo a las presentaciones cuando lo convocan a declarar– accede a concurrir.
