Pese a que la recuperación económica que se reflejó en el tercer trimestre de 2022 se ubica por encima del promedio de los últimos 7 años, y que las mujeres alcanzaron una tasa de actividad trimestral récord desde 2016 (llegaron al 51,1%), «la brecha con los varones se amplió». A pocos días del 8M, un informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que en términos generales “las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad, mayor desocupación, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor calidad y en sectores de menor ingreso”. Y en el caso de las personas jóvenes, las mujeres “presentan una tasa de desocupación de 16,6 por ciento contra 14,3 por ciento en los varones”.
Los números muestran que ante las desigualdades estructurales las brechas de género se mantienen, pero se observa una tendencia a revertir los procesos, a partir de las políticas públicas activas que tienen como eje rector al Ministerio nacional de Mujeres y Diversidades. El informe incorpora la perspectiva de género al análisis económico, bajo el título de “El 8M en perspectiva económica: de las brechas de género como desafío estructural, a las herramientas presupuestarias como forma de avanzar (2019-2022)”.
Con un marco de recuperación económica sostenida, observada en las variables “producción y empleo” –después del período signado por la crisis del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) y por la pandemia–, este 8M ofrece la posibilidad de analizar “las desigualdades estructurales que imponen las brechas de género”, y su relación con las políticas públicas destinadas a subsanarlas: hay al menos cincuenta programas y políticas activas en este sentido, afirma el CEPA.
Como rasgo distintivo presenta un abordaje de “la política presupuestaria con perspectiva de género”, como “eje transversal y reflejo económico de los avances realizados”. Hay avances, afirman, aun con las limitaciones propias de todo inicio, en un proceso de transformación estructural. Para evidenciarlo sistematizan las políticas públicas que son “un avance en la institucionalización creciente de la perspectiva”. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se ubica como la “máxima expresión de esa voluntad” por jerarquizar las políticas de género.
La recuperación económica, la caída de la desocupación y una mayor informalidad signan el período según este basado en datos del INDEC y de la Encuesta Permanente de Hogares. Y para un panorama preciso de “las desigualdades estructurales que nos atraviesan por razones de género”, describe el impacto que generan en “la calidad de vida de mujeres y diversidades”, los instrumentos de Estado destinados a atravesar las brechas de género “en el ámbito laboral, de ingresos y patrimonial”. A la par, aborda los datos “de la primera encuesta nacional de uso del tiempo”, y analiza las principales “brechas de tiempo de cuidado entre varones y mujeres”.
Dato por dato
El informe consigna –respecto al tercer trimestre de 2022–, que: “la recuperación económica se ubica por encima del promedio de los últimos 7 años. Y las mujeres alcanzaron una tasa de actividad histórica para un tercer trimestre desde 2016, llegando a 51,1 por ciento. Sin embargo, la brecha con los varones, se amplió”. En términos generales “las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad, mayor desocupación, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor calidad y en sectores de menor ingreso”. Y en el caso de las personas jóvenes, las mujeres “presentan una tasa de desocupación de 16,6 por ciento contra 14,3 por ciento en los varones”.
Creció la informalidad “que se ubicó en el 37,4 por ciento”, y como “una constante: son mujeres las que tienen mayor participación en los trabajos informales”. Esta situación redunda en una asimetría en los ingresos: “para el tercer trimestre del 2022, los varones percibieron un 24,6 por ciento más de ingresos personales y un 22,8 por ciento más de ingresos por ocupación principal que las mujeres”.
El informe analiza también “cómo se resuelven las necesidades de cuidado” ya que esto impacta «en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo». Y se referencia en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) de 2021 “que arrojó –como en 2013–, a las mujeres dedicadas a trabajo no remunerado un promedio seis horas y media diarias en comparación a las tres horas y media de los varones”. Esta brecha de casi tres horas se profundiza “en sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad que no pueden contratar servicios de cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado laboral”.
“La distribución desigual en el acceso al mercado laboral y a los ingresos entre varones y mujeres tiene como correlato la brecha patrimonial. El análisis de los impuestos directos sobre la riqueza da cuenta de que la misma se encuentra fuertemente masculinizada”. Dicho de otro modo, afirma el informe del CEPA: “Las mujeres ganan menos, poseen menos riqueza y destinan mayor porcentaje de sus ingresos a impuestos indirectos –y regresivos– como el IVA”.
Las líneas de abordaje
Se analiza con datos del mundo del trabajo y los ingresos, la evolución por género de las tasas de “actividad, desocupación, desocupación joven, informalidad”. En materia de ingresos “medimos las brechas generales pero también entre trabajadoras/es formales e informales” explica el informe. Se aborda además “el lado ‘b’ de la feminización de la pobreza: la subrrepresentación de las mujeres en los impuestos que gravan la riqueza”.
Por otro lado, aborda las políticas públicas destinadas a “erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género”. Y analiza “las políticas de gestión para la igualdad” y las que garantizan el acceso a la salud. Asimismo, presenta una línea de trabajo en la política presupuestaria “con perspectiva de género” como eje transversal y reflejo económico de los avances realizados en estos tres años de gestión del Frente de Todos.
“Desde CEPA entendemos que la herramienta de los presupuestos con perspectiva de género constituye un instrumento fundamental” y deben ir acompañados de recursos, define el informe que lleva la firma de Amy Paladín, Agostina Beveraggi, Aldana Denis, Carolina Berardi, Dolores Castellá, Julia Strada, Mariana Iñiguez, Maria Ruiz Elvira, Martina Lopez, y Valentina Burke.
50 políticas de transformación
A más de tres años de gestión del Frente de Todos, en el marco de las políticas públicas con perspectiva de género del Estado Nacional “se han relevado, sistematizado y agrupado cincuenta políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo, organizadas en seis categorías, de acuerdo al objetivo que persiguen. Entre ellas, enumera:
-Políticas para prevenir, erradicar y abordar las violencias por motivos de género: Programa Acompañar y Programa Acompañar Derechos (PAD).
-Políticas para reducir, redistribuir y reconocer las tareas de cuidado: reconocimiento de años de aporte para mujeres con hijas/os y moratorias previsionales, la más reciente aprobada por el Congreso el 28 de febrero de este año.
-Políticas para reforzar los ingresos de mujeres y diversidades: Tarjeta Alimentar y Bonos para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas, dado que las dos terceras partes de quienes perciben la jubilación mínima, son mujeres.
-Políticas para mejorar la inserción laboral de mujeres y diversidades: Cupo Laboral Travesti-Trans para el Sector Público Nacional.
-Políticas de gestión para la igualdad: Ley Micaela y Ley de Equidad de género en servicios de comunicación.
-Políticas para garantizar el acceso a la salud de mujeres y diversidades: Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Presupuesto con Perspectiva de Género
Pensar en una organización presupuestaria con perspectiva de género “permite cuantificar el esfuerzo que realizan los gobiernos a los fines de erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género” define el informe. Y precisa que con Presupuestos con Perspectiva de Género (PPG) “en 2023 se etiquetaron 49 programas que ejecutan 25 organismos del Estado pertenecientes a 16 ministerios. Ello implicará una inversión anual de $ 4,2 billones de pesos, que representa el 14,7 por ciento del presupuesto total del Estado Nacional”.
La metodología implementada “clasifica a las políticas etiquetadas en función de las brechas de género que aportan a cerrar: Brecha Laboral, Brecha de Ingresos, Brecha de Violencia (Erradicación de la Violencia de Género), Brecha de Tiempo y Cuidados y Brecha en Salud y Autonomía Física y Reproductiva.
“El punto de partida del PPG –afirma el trabajo– es reconocer que los presupuestos no son neutrales al género. Dadas las desigualdades estructurales que existen entre varones y mujeres y LGTBI+, el impacto de las políticas públicas no resulta indiferente. Si pasamos por alto estas brechas, lo más probable es que las estemos reproduciendo, o incluso agravando la desigualdad. En cambio, proponer presupuestos sensibles al género implica preguntarnos: esta política pública determinada, este crédito asignado para este programa, ¿contribuye a reducir las brechas de desigualdad de género? ¿O por el contrario, mantiene el status quo?”
“De este modo, podemos valorizar -monetariamente- cuánto gasta el Estado para aportar a la igualdad de género. Así, se traduce en dinero el compromiso político asumido de construir un mundo más justo e igualitario en materia de género” concluye.