Fiel a su estilo, el fiscal federal Carlos Stornelli dio señales de que no se presentará este martes ante la Comisión de Juicio Político, donde fue citado como testigo en el proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. La semana pasada le mandó una nota al procurador interino, Eduardo Casal, donde le decía que sólo está dispuesto a declarar por escrito porque considera que así se lo permiten sus «inmunidades funcionales«. El jefe de los fiscales, por su lado, intentó cubrirse con una presentación donde avisa que le informaría a Stornelli lo que le notificó la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard: el testimonio, según el reglamento, sólo puede ser presencial. De todos modos, no dice que lo va a intimar para que se presente ni nada similar. Los diputados y diputadas analizan caminos a seguir ante el faltazo.
La citación a Stornelli está prevista para las 13. El objetivo es que explique por qué promovió el archivo de la denuncia contra Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, quienes según los chats filtrados hablaban de dos temas claves en trámite ante el máximo tribunal (coparticipación y nombramientos de senadores/as en el Consejo de la Magistratura) en plan de que se inclinara la balanza a favor de Juntos por el Cambio, lo que incluso ocurrió. El pie para la convocatoria al fiscal lo dio el juez federal Sebastián Ramos quien, al declarar en la Comisión, dijo que decidió cerrar el expediente en función de lo que Stornelli había dictaminado.
¿Qué puede pasar?
Si el fiscal como –todo indica– no se presenta en la Comisión de Juicio Político, pasada media hora, una opción es que amablemente lo vuelvan a citar a través de una nota donde le expliquen que el reglamento de la comisión no lo exceptúa de la declaración en persona, algo que sólo está previsto para el presidente del Nación, la vice, gobernadores/as y vice y jueces de la Corte Suprema.
¿Podría ser llevado por la fuerza pública? Ese camino está previsto para los casos en que un/a testigo se ausenta. Pero en este punto, Stornelli sí puede invocar sus fueros como fiscal, que le dan inmunidad. Fue, de hecho, lo que le permitió especular con eludir durante ocho meses la indagatoria a la que lo había citado el juez Alejo Ramos Padilla en el llamado D’Alessiogate, la investigación sobre una organización de espionaje paraestatal en la que sigue procesado. Sólo se presentó cuando el juicio político por su rebeldía ya era casi un hecho consumado.
Lo que todo indica que ocurrirá es que los diputados y diputadas tendrán que hacer una denuncia ante el procurador interino para que inicie un proceso administrativo que pueda desembocar en el desafuero. Esto será, inevitablemente, un camino burocrático y que debería intervenir –como ya sucedió cuando estuvo rebelde– un/a fiscal instructor y luego un Consejo Evaluador de otros/as fiscales.
Cartas cruzadas
Stornelli dio la primera señal de que no acudiría a la Comisión la semana pasada, el 2 de marzo, cuando le mandó una nota a Casal en la que le decía: «… desde ya, habré de deponer en lo pertinente y en lo que haga al objeto del procedimiento, a cuyos efectos, y habida cuenta de las inmunidades funcionales previstas en el artículo 63, incisos b y c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tenga a bien arbitrar, desde esa Procuración General, los canales y medios pertinentes a efectos de que se me remita el correspondiente pliego de preguntas». Es decir, le planteaba al Procurador que cree que puede declarar por escrito y le pedía que gestionara ese camino en su nombre.
Antes de que Casal enviara algo a la Comisión, le llegó un aviso de la diputada Gaillard respecto de la convocatoria a dar testimonio donde le aclaraba que el cargo de fiscal no exceptúa a Stornelli de su obligación de presentarse. Lo que dice la Ley que regula el Ministerio Público Fiscal, sostuvo ella, «es inoponible a esa citación». El procurador le envió a Gaillard este lunes otro oficio donde le dice que pondría esa advertencia «en conocimiento del doctor Stornelli para su consideración». De esta forma, no pidió el pliego de preguntas en nombre del fiscal pero tampoco lo intimó a presentarse. La pregunta es qué hará ante una denuncia de la Comisión. La historia indica que en el D’Alessiogate le dio amplia protección.
Por estos días cuenta también con el cobijo corporativo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal que cuestionó la citación a Stornelli con un guiño para que no se presente. La entidad dijo que puede haber violación de garantías si los fiscales declaran sobre su propio proceder o cuestiones sobre las partes de una causa. También decían que puede declarar sólo por escrito.
¿Por qué Stornelli?
Stornelli es el autor del dictamen que impulsó el archivo, en plena feria judicial de verano, de la causa contra Robles y D’Alessandro que se había iniciado con una dudosa denuncia del abogado Gastón Marano, que parecía hecha a medida de ese desenlace. Marano es abogado de uno de los detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y fue asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. La presentación no hacía foco en los delitos que se podían desprender del contenido de los chats filtrados donde los protagonistas hablaban del fallo en puerta sobre la coparticipación que reclama Horacio Rodríguez Larreta y sobre la disputa por cargos en el Consejo de la Magistratura, también en análisis en la Corte. Apuntaba, en cambio, a cuestionar a Robles por asesorar a D’Alessandro siendo funcionario de la Corte y sin tener título de abogado.
Aunque no produjo pruebas, el fiscal Stornelli dio por hecho que las conversaciones difundidas eran «fruto de una actividad delictiva» lo que introducía «obstáculos legales insalvables» para avanzar en el caso. En su planteo había una violación a la intimidad y una actividad de inteligencia ilegal (una gran paradoja –además– tratándose de alguien procesado por espionaje). Por eso dijo que había que cerrar la causa, y el juez Ramos lo tomó al pie de la letra apenas 24 horas después de hacerse cargo como subrogante del juzgado 5 (de María Eugenia Capuchetti) que había quedado a cargo del tema por una extraña maniobra que sacó el expediente del juzgado original, el de Ariel Lijo, tal como reveló Página/12.
La postura de Stornelli es diametralmente opuesta a la de Ramos Padilla, quien recibió una denuncia por el mismo tema del gobernador bonaerense Axel Kicillof y, aunque se declaró incompetente, subrayó que se debía investigar y que no había pruebas de tal origen ilícito de la prueba. Cuestionó incluso el cierre repentino por decisión del juez Ramos y la habilitación de la feria judicial para esta cuestión. Ramos, a su turno, dijo que no tenía otra opción que seguir los lineamientos de Stornelli. Le preguntaron específicamente si tenía un vínculo sistemático con Robles y D’Alessandro y dijo que no. Pronto aparecieron nuevos chats, 56, del propio Ramos con el ministro porteño donde se tratan con familiaridad y confianza. D’Alessandro se compromete a conseguirle un auto que, casualmente, casualmente le concedió la propia Corte Suprema la semana pasada con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Más testigos
Para este martes también está citada la fiscala María Laura Roteta, quien avisó que no puede ir pero que está dispuesta a reprogramar su declaración. Roteta dictaminó sobre la denuncia de Kicillof y dijo que se debía investigar la conducta de Robles y D’Alessandro, aunque en Comodoro Py. La diputada Gaillard le informó a Casal la buena predisposición de esta funcionaria para ir personalmente, para que aprecie el contraste con Stornelli. También se deben presentar el radical Mario Cimadevilla (exsenador y consejero de la Magistratura y extitular de la Unidad AMIA) –propuesto por la Coalición Cívica– y los secretarios de la Corte, Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.
