La Justicia federal de Comodoro Py volvió rechazar un pedido planteado por la defensa de Cristina Kirchner en la causa del atentado en su contra y negó que los integrantes de la agrupación Revolución Federal, que militaron con guillotinas, amenazas y chats intimidatorios, hayan integrado una asociación ilícita.
El revés previsible fue resuelto esa vez por la Cámara Federal de Casación Penal, frente a un planteo hecho para agravar la situación de Jonathan Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, quienes seguirán procesados solo por «incitación a la violencia colectiva».
El fallo de Casación
El objetivo de la defensa de la vicepresidenta era que también se los impute por el delito de asociación ilícita. Pero los camaristas Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña dijeron que no, que no se refutó “de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló la Cámara de Apelaciones como objeción al recurso de casación presentado”.
Lo que había dispuesto la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional fue mantener los procesamientos tal como estaban y sin prisión preventiva. De manera que esta decisión quedó ratificada por la Casación.
Los abogados de Cristina Kirchner sostuvieron que el procesamiento por asociación ilícita era viable porque así lo había resuelto el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, pero que fue revocado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Casación consideró, además, que «la decisión cuestionada (por la defensa de la vicepresidenta) no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos”, según indicó el tramo del fallo publicado por Télam.
Por otra parte, la cámara no solo rechazó el pedido de agravamiento del procesamiento sino que también se ordenó reducir el monto del embargo sobre estos cuatro miembros de Revolución Federal «hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos por cada uno».
Revolución Federal y el atentado a CFK
Las actividades de Revolución Federal comenzaron a ser investigadas luego que se revelara que Brenda Uliarte, acusada de haber participado en el fallido atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, había participado en manifestaciones de esta agrupación
La causa puso especial foco sobre una marcha a Plaza de Mayo llevada a cabo en la noche del 18 de agosto de ese año, cuando sujetos identificados con ese grupo lanzaron antorchas y objetos contra la Casa Rosada.
