El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró este domingo que tres economistas del gobierno de Mauricio Macri, a los que calificó de «antipatria», les pidieron a funcionarios del organismo multilateral que le no brinden asistencia financiera a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión, según confirmó el propio funcionario a Página|12.
Fuentes oficiales confirmaron que los ex funcionarios a los que se hizo alusión Chodos son los exministros de Economía Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris. La denuncia llega en medio de un clima enrarecido por diversos rumores sobre una supuesta devaluación del peso que estaría preparando el gobierno, versiones que la semana pasada le dieron impulso a los dólares financieros y al blue y frenaron la liquidación de las divisas comprometidas como parte de la implementación del dólar agro.
Efecto pinzas
La sequía impactó de lleno en las cuentas públicas en un momento que ya venía siendo delicado por la escasez de reservas en el Banco Central y la dificultad para cumplir con las metas acordadas con el FMI. En ese contexto, el gobierno apostó al “dólar agro” para acelerar la liquidación de divisas al mismo tiempo que negocia con el FMI para flexibilizar las metas y conseguir recursos adicionales.
Los rumores de devaluación le pegaron de lleno a la estrategia destinada a seducir a los productores rurales para que vendan la soja. Si bien los ruidos comenzaron con el paper que hizo circular el entonces jefe de asesores del presidente, Antonio Aracre, luego obligado a renunciar, donde contemplaba la posibilidad de una devaluación, el gobierno puso la mira en la sociedad de bolsa Max Capital que el último viernes amplificó la versión de la devaluación del tipo de cambio oficial a través de un mensaje enviado a sus clientes donde decía que se produciría este lunes. “Lamentamos profundamente haber participado involuntariamente de la difusión de un rumor infundado que no representa la opinión institucional del grupo”, aseguraron el sábado a través de un comunicado en el que responsabilizaron a un empleado que “actuó por cuenta propia”.
Ahora Chodos denunció que en los últimos días hubo funcionarios del macrismo que le pidieron al FMI que no le gire más fondos a la Argentina, lo cual terminaría de complicar cualquier tipo de estrategia oficial para llegar con cierto equilibrio macroeconómico a las próximas elecciones. De ese modo, se completaría el efecto pinzas destinado a asfixiar al gobierno y forzar un estallido que reduzca al mínimo sus chances electorales ya que si el FMI no gira fondos Argentina entraría en default con el organismo.
Quiénes son los “antipatria”
Chodos no identificó a los economistas con nombre y apellido, simplemente se limitó a dar pistas sobre quienes serían con una especie de acertijo que hizo circular en la mañana del domingo a través de un cable de la agencia Noticias Argentinas, que el propio gobierno se encargó de distribuir para amplificar su impacto. «Uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, uno sospechado de lavado, y uno que declaró el default con nombre coqueto, llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno», aseguró.
«(Son) antipatria porque la deuda es de la Argentina por culpa de ellos y se contrajo para rescatar a tenedores de deuda privada en muchos casos vinculados y para financiar fuga de activos», sostuvo Chodos, quien en diálogo con PáginaI12 confirmó la denuncia.
Luego agregó: «Es triste y antipatria también considerando que todo el marco de relación con el FMI pasó a ser discutido de cara a la sociedad, habiendo pasado por el Congreso, y no cerrado a espaldas del pueblo y contra sus intereses».
Por último, Chodos recordó que hubo «irregularidades internas» cuando durante la gestión de Mauricio Macri se firmó el acuerdo con el FMI «a espaldas del Congreso y de la sociedad». «Esta conducta también refresca y puede vincularse al dictamen de la Auditoria General de la Nación (AGN) que marca las irregularidades internas del acuerdo que el gobierno firmó en 2018 a espaldas del Congreso y la sociedad», concluyó.
Fuentes oficiales aseguraron a este diario que les llama la atención que los exfuncionarios macristas se hayan puesto en contacto con el Fondo para pedirle a ejecutivos del organismo multilateral que colaboren para que Argentina entre en default con el propio organismo. “Es realmente absurdo”, subrayaron.
A su vez, remarcaron que el acuerdo que intentan boicotear no es el que Macri firmó en 2018 sino la solución del programa de 2018. De hecho, el propio FMI cuestionó en duros términos el acuerdo de Macri en la Evaluación Ex Post del programa (EPE, por su sigla en inglés) que hizo el organismo a fines de 2021. Allí reconocieron que fue un programa destinado a financiar la fuga. “El programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio”, aseguró entonces el FMI.
Lacunza desmintió la versión de un supuesto lobby para propiciar el default con el FMI a través de un tweet: “Siempre es útil la teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así, riesgo cambiario depende rumores del mercado; desembolso FMI de lo que presuntamente diga la oposición. No atrasen tipo de cambio y rumor será inverosímil, cumplan con programa y desembolso garantizado”. Sandleris se limitó a retwittear el mensaje de Lacunza.
Por lo general, estar versiones son difíciles de probar. De hecho, hasta el día de hoy se discute si efectivamente un joven Domingo Cavallo le pidió al FMI entre fines de 1988 y principios de 1989 que no le giraran más fondos a la Argentina, tal como denunció entonces el gobierno de Raúl Alfonsín. En aquel entonces los fondos no llegaron y el gobierno se vio forzado a devaluar lo que terminó acelerando una crisis hiperinflacionaria que derivó en la entrega anticipada del mandato.
Antecedentes
Más allá de los rumores y de los propios errores de gestión que cometió el gobierno, desde la oposición se ha venido agitando en los últimos meses un discurso incendiario. El 6 de febrero la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio difundió un comunicado en el que se expresó “en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias” porque “con esto, el gobierno nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno”. El gobierno y distintos analistas de mercado interpretaron el mensaje como un intento destinado a entorpecer la estrategia de financiamiento oficial y así acelerar la crisis.
El analista financiero Christian Buteler, crítico del oficialismo, aseguró en ese momento que “claramente ese tipo de declaraciones pueden llegar a afectar a los bonos y Letras del Tesoro con el correspondiente problema que eso trae para el financiamiento que necesita el Gobierno”, sostuvo e interpretó que, con este comunicado, JxC busca “provocar” algún tipo de crisis en la deuda argentina, lo que podría acelerar los problemas que enfrenta la economía. “Las dudas en el mercado son acerca de lo que puede llegar a pasar. Y esto viene a incrementar esas dudas y a desestabilizar. Creo que es algo bastante irresponsable y riesgoso”, advirtió entonces.
El domingo 5 de marzo los bloques legislativos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado en el que cuestionaron el canje de deuda que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa. “Supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor”, advirtieron los diputados y senadores opositores. «Díganlo sin vergüenza! Quieren que explote Argentina», les respondió ese día Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, hermano de la titular de AySA, Malena Galmarini, y cuñado de Sergio Massa.
