Cinco gendarmes fueron condenados este miércoles –cuatro de ellos con penas de cumplimiento efectivo– por la represión a una murga del Bajo Flores integrada por un centenar de niños, niñas y adolescentes, que inauguró el paradigma de acción de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos. El violento operativo, en la noche del 29 de enero de 2016, dejó a un chico de ocho años al borde de perder un ojo, a otro con una profunda herida en una pierna y a algunos adultos con sus cuerpos perforados por balas de goma disparadas a muy corta distancia. «Es la primera vez en años que siento que la justicia existe para la gente de los barrios populares. Sufrimos mucho la condena social y la estigmatización con mentiras, pero ahora la verdad salió a la luz», dijo con alivio a Página|12 Florencia Torres, una de las víctimas, que recibió 17 perdigonazos al proteger con su cuerpo a su hijo y a una niña, y que es querellante.
El Tribunal Oral 12, que integran Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez, les adjudicó a los gendarmes los delitos de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego y por abuso de sus funciones. La pena fue de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación por siete años para ejercer cargos públicos para Elvio Ezequiel Cardozo –que estaba a cargo del operativo– Darío Fernando Soler Páez, Saúl Humerto Juáres y Esteban Smolares. A Yanina Maldonado le impusieron una pena de tres años y Guido Cativa fue absuelto. Los jueces rechazaron el pedido de detención inmediata hecho por la fiscala Angeles Ramos, medida que se concretará si la sentencia queda firme.
El modelo Bullrich
La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo estaba por hacer su primera presentación y ensayaba para eso aquel viernes por la noche. Dos móviles de Gendarmería ingresaron al barrio con una grúa de la Policía porque buscaban dos autos robados que estaban en la zona y se metieron justo por la calle 10 donde estaba el numeroso grupo. Quedó claro en el juicio que había un camino mucho más corto y sencillo para llegar al lugar donde estaban los vehículos sin necesidad de avanzar justo sobre el lugar donde estaba lleno de chicos y chicas de distintas edades practicando. El director, Gustavo González les pidió amablemente a los gendarmes que fueran por otro camino, pero los móviles avanzaron sobre la gente y en un momento los efectivos empezaron a disparar con sus escopetas antitumulto. En las imágenes registradas se escuchan los incesantes gritos deseperados: «¡Hay criaturas! ¡Hay criaturas»!
Desde el Ministerio de Bullrich se intentaba encuadrar el ataque en un enfrentamiento entre narcos. Hubo medios que sugerían que los vecinos usaban a los menores para cubrir un cargamento de droga. La exministra inauguró con este hecho otra práctica: felicitar a los agentes a cargo de la represión. En este caso, con uno de ellos que había sido hospitalizado por heridas en una situación que nada tenía que ver con la de la murga, se sacó una foto como para dejar el mensaje de que las víctimas eran los gendarmes. Ese mecanismo de culpar y estigmatizar a las víctimas y respaldar a las fuerzas de seguridad fue una marca de todo su mandato. Es la misma lógica que aplicó ante el asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato cometido por el policía Luis Chocobar, entre los ejemplos más conocidos.
El abogado Adrián Albor –que representa a Florencia Torres– contó a este diario que incluso al director de la murga le armaron una causa, que fue allanado y hasta le rompieron los instrumentos. Luego fue absuelto. La murga, que había funcionado como un espacio clave de contención y que ayudaba a bajar la violencia en el barrio, dejó de funcionar. A otros testigos también los persiguieron de forma similar.
Durante el juicio, algunos gendarmes llegaron al absurdo de desconocer la presencia de la murga y relataron que lo que hicieron fue responder a un ataque a piedrazos y botellazos. Hasta un policía federal que fue testigo recordó la verdadera secuencia, donde los atacantes fueron los gendarmes, y recordó gritos de una mujer que rogaba que no le dispararan. La calle era, después, un reguero de cartuchos de las municiones.
Primeras impresiones
«Quedó en evidencia la gravedad de los hechos y la decisión del tribunal manda un mensaje muy claro de que la violencia institucional no puede tolerarse. Hubo un abuso grosero de las funciones de un grupo de seis funcionarios que, para abrirse paso de prepo por un lugar repleto de gente que ensayaba para una murga, dispararon más de veinte veces con municiones antitumulto contra los cuerpos de chicos y chicas, adolescentes, madres y padres que los acompañaban en el ensayo. Esos disparos dejaron hasta el día de hoy las marcas en los cuerpos de las víctimas, y solo por fortuna no dejaron a alguien ciego», dijo a este diario Pablo Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensoría General, que representa a la mamá de «Carlitos» Suca, el niño herido en un ojo.
Romina Avila, abogada de la querella de Gustavo, el director de la murga, y su hijo sostuvo que «más allá de que habíamos pedido penas más altas, estamos muy conformes». «Tratándose de penas de efectivo cumplimiento, responden a nuestra demanda en términos de justicia. Se reconocieron las vejaciones y actos de violencia. Creemos que esto puede marcar un camino respecto de las prácticas de las fuerzas de seguridad y debe transformarse en política criminal para desterrar la violencia institucional. Fueron condenadas personas de distinto rango, sin que se nadie se pueda escudar en la obediencia debida», analizó. Albor señaló que este caso confirma la decisión del gobierno de Mauricio Macri y el ministerio de Bullrich de poner a la Gendarmería al frente de la represión para imponer su programa de gobierno –papel que también quedó en evidencia ante protestas como la de 2017 contra la reforma previsional– y advirtió que «ya es hora de que los gendarmes ahora condenados dejen de prestar funciones en esa fuerza».