La Corte Suprema amenaza con meterse en todas las elecciones provinciales rompiendo con la estructura federal argentina. Se verá la forma en que se resuelvan los casos de Tucumán y San Juan en la semana que empieza este lunes. Según cuentan en Tribunales, parte de la presión unitaria se ejerce a través del abogado que hizo el planteo en el caso tucumano, Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte de la mano del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Garay es, además, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a los letrados de derecha, defensores de represores y representantes de los grandes estudios de abogados. La cuestión de estas presiones ya surgió en el juicio político a los integrantes del máximo tribunal que avanza en la Cámara de Diputados, donde se evidencia escándalo tras escándalo. La clave aparece en un concepto que dejaron caer Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en los fallos de la semana que pasó: la Constitución Argentina, al adoptar “la forma representativa republicana federal” es contraria a la “perpetuación” y hace imprescindible la “periodicidad”. Es algo que no figura en ningún lado y que, por ejemplo, no rige en democracias consolidadas como Alemania, Israel o en los estados norteamericanos. En otras palabras, la Corte amenaza con impedir las reelecciones aun cuando estén permitidas por los textos provinciales. O sea que podría intentar meterse -de la mano del macrismo- en varias otras provincias.
Una semana que se las trae
La Corte tiene que resolver esta semana los dos contenciosos que explotaron la semana pasada después del fallo con el que Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz se metieron en las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan. Ricardo Lorenzetti no votó porque está de viaje.
En Tucumán, el camino parece claro. Con el apartamiento de Juan Manzur no hay nada que resolver. Sólo declarar abstracto el planteo. Sin embargo, como se señala en esta edición de Página/12, Garay y los demás influyentes en el cuarto piso de Tribunales, activaron otra causa con la que pretenden que la Corte intervenga en lo que respecta a la fecha de las elecciones tucumanas. La diputada nacional del Frente de Todos y consejera de la Magistratura, Vanesa Silley denunció también esta semana la influencia de Garay: “cuando leímos el fallo, nos enteramos que el abogado que hizo la demanda en el caso de Tucumán es Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte. También el Colegio de Abogados de la calle Montevideo arrancó con la demanda para que Rosatti encabece hoy el Consejo de la Magistratura”.
En el grupo de influyentes también están los directivos del diario La Nación, que el día anterior al fallo reclamaron que la Corte frene las elecciones y que públicamente presionaron tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri. El expresidente habló de parar los feudalismos del interior y la candidata adjudicándose parte de la movida: “les frenamos las re-reelecciones”. Las palabras de Macri provocaron un obvio conflicto con el radicalismo en Jujuy, que ganó las elecciones la semana pasada, y reclamó que el expresidente corrija la calificación de feudales respecto de los gobiernos provinciales.
En cualquier caso, estas presiones son las que originaron la medida cautelar, con casos que estaban en el máximo tribunal desde hace tiempo. No se trata de expedientes que requieran autopsias, pericias, testigos: son de puro derecho. Y la cancelación de comicios cinco días antes de su realización produjeron la lógica furia de gobernantes y votantes. Los antecedentes no son muy promisorios para la Corte y el macrismo que formalizó las impugnaciones: donde se frenaron las elecciones, terminó ganando, con mucha diferencia, la fuerza impugnada.
El caso de las reelecciones
Toda intromisión de la Corte en las cuestiones provinciales es motivo de enormes polémicas. Pero más allá de esos debates, en Tribunales dicen que hasta ahora había algo claro: se mantenía el criterio de que las reelecciones no están permitidas si figuran como prohibidas en el texto constitucional de la provincia de la que se trate. Dicen que esa fue la razón de los votos en Santiago del Estero y en Río Negro, en que se impidieron las reelecciones de Gerardo Zamora y Alberto Weretilneck en su momento: las respectivas constituciones lo prohibían de manera expresa. No es el caso ni de San Juan ni de Tucumán y habrá que ver si, después de la cautelar, los cortesanos siguen manteniendo su criterio. Por las presiones, se presagia que sí.
Pero, de golpe, entra en el radar lo siguiente: que aparezca el criterio de que las reelecciones no son posibles, aunque no estén prohibidas por los respectivos textos constitucionales. O sea, que la Constitución no dice que está prohibida la reelección, pero la Corte la prohíbe igual. Y con esta óptica, el máximo tribunal puede intervenir en casi todos los distritos del país.
Por de pronto, hay tres provincias que admiten la reelección indefinida, Catamarca, Formosa y Santa Cruz. ¿La Corte podría declarar inconstitucionales sus constituciones? En los fallos de esta semana, menciona que el artículo 5 de la Constitución dice que las constituciones provinciales deben ser republicanas y asociaron a ese concepto las ideas de que, por lo tanto, contradicen “la perpetuación” y exigen “periodicidad”. No está claro de dónde salió esa postura: Alemania e Israel, entre muchísimos otros países, admiten las reelecciones indefinidas. Felipe González fue presidente del gobierno español durante 13 años; Angela Merkel fue canciller alemana por 16 años; Rick Perry fue gobernador de Texas durante 15 años. La letra de las respectivas constituciones lo permiten. Y, por supuesto, una intromisión de la Corte en este aspecto podría abarcar a intendentes, otros gobernadores, concejales, diputados, senadores. Se menciona que incluso el Frente de Todos podría argumentar contra la candidatura de Jorge Macri, porque es una reelección, aunque sea en otro distrito.
Un dato no menor, que demuestra las presiones que rodean los fallos sobre las provincias, es que en el caso de Rio Negro, Rosenkrantz dijo que la competencia no era de la Corte y ahora expresó lo contrario. Tuvo que cambiar el voto dado que, por el viaje de Lorenzetti, los fallos de Tucumán y San Juan no podían salir sin los tres votos de la mayoría actual.
Y eso le daría la razón a Cristina Kirchner que el viernes twiteó que el avance sobre Tucumán y San Juan se produjo para tapar los hechos de corrupción y enriquecimiento ilícto que aparecen en las investigaciones del juicio político a los cortesanos.
Tampoco puede desdeñarse que los fallos se producen en tiempos en que la Corte, en sintonía con Juntos por el Cambio, avanza sobre los otros poderes y en este caso sobre las provincias. Se vió en la exposición de Rosatti en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina donde se despachó hasta sobre la emisión monetaria, amenazando con declarar inconstitucional determinado nivel de emisión, que, obviamente, nadie sabe cuánto sería ni cuáles serían las facultades de un juez para establecerlo.
