Como era previsible, Juntos por el Cambio (JxC) le pidió a la Corte Suprema que se ponga por encima de las provincias e irrumpa, virtualmente, en todas las elecciones. En este caso, la alianza macrista presentó un pedido para que declare inconstitucional un artículo de la constitución de Formosa, el 132, que habilita la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador, un régimen que existe en muchos países: Alemania, Israel, Turquía, España y la gran mayoría de los estados norteamericanos. El argumento de Fernando Carbajal, candidato a gobernador del macrismo, es que la reelección indefinida no es republicana, algo que mencionó la actual mayoría automática integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en los casos de Tucumán y San Juan.
En los fallos que suspendieron las elecciones en esas dos provincias, el trio sostuvo que lo republicano se opone a la perpetuación y presupone periodicidad, algo que no figura en ninguno de los textos constitucionales. En el atardecer del lunes, ya circulaba un proyecto de resolución de la Corte declarando abstracto el caso de Tucumán, dado que Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador. Sin embargo, JxC insistió y ahora exige que el máximo tribunal se expida sobre el fondo. Es muy probable que el nuevo planteo del macrismo ni se trate, pero el máximo tribunal pasó a ser un ente imprevisible. Ya no es una cuestión jurídica, sino política: la Corte abre las puertas a meterse en todos los aspectos y cuando quiera. Puede considerar que tal cosa no es republicana e invade, sin límites.
El show de las presiones
Página/12 reveló este domingo que detrás de los fallos de Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda había una fuerte presión del abogado de JxC en Tucumán en las presentaciones, Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte desde la vocalía de Rosatti. Garay es, a la vez, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que agrupa a los abogados de los represores y representa la corriente más de derecha de los letrados. También juegan los directivos del diario La Nación y, por supuesto, el propio Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el primero tildando de feudales a los gobernadores del interior y la segunda adjudicándose el fallo de la Corte que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan. En paralelo, el silencio del Colegio Público de Abogados es impactante, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza, igualmente alineado con JxC.
En lo esencial, el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales pasando por encima del sistema federal y aplicando algo así como un termómetro de republicanismo: “tal cosa es republicana y la dejamos correr, tal cosa no es republicana y la bloqueamos”, podrían decir. «Incluso la bloqueamos cuando se nos da la gana, cinco días antes de los comicios», rematarían.
Ahora, Formosa
Era cantado. Si la Corte suspendió elecciones con apenas cinco días de anticipación en dos provincias, las puertas se abrían para que lluevan las presentaciones macristas. No importa que las constituciones de Formosa, Santa Cruz y Catamarca permitan las reelecciones indefinidas y tampoco que Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa, ni siquiera sea candidato todavía. Tampoco se tiene en cuenta que ya hubo dos fallos de la Corte sobre Formosa, en ambos casos declarando inadmisibles los recursos, en 2005 y 2013. Lo único que parece importar es intentar ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias.
Fernando Carbajal, que se presenta como diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por Formosa Libre, le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa que dice, textualmente: “El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”. No pone ningún límite a las reelecciones, como sucede con otras constituciones provinciales que explícitamente las mencionan.
Por supuesto que Carbajal toma los dos conceptos que sacaron de la galera Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda: que la Constitución de Formosa no es republicana porque no evita la perpetuidad y no fija una periodicidad. En el mundo, hay corrientes que sostienen que debe haber alternancia en el poder y que eso refresca a los gobernantes y otras corrientes que afirman que todo debe depender del voto: los pueblos pueden resolver que el tiempo de un gobernante ya pasó y tal otro no. Los ejemplos se multiplican: Angela Merkel en Alemania, Felipe González en España, Recep Erdogan en Turquía tuvieron mandatos que van de los 15 a los 20 años. Como sostuvo Mario Wainfeld en este diario, resulta curioso que los jueces hablen en contra de la perpetuidad o a favor de la periodicidad cuando ellos mismos son vitalicios y nunca revalidan sus títulos.
Así las cosas, con el aliento de las irrupciones del máximo tribunal, este mismo lunes al mediodía, entró una segunda presentación sobre Formosa, presentado por otra rama del macrismo, el Frente Amplio Formoseño. Los conceptos no son muy distintos, pero en esta presentación se pide, además, un amparo suspendiendo todo el proceso electoral y advirtiendo que ampliarán la presentación cuando Insfrán se postule como candidato. Es que el gobernador, hasta ahora, ni siquiera es candidato.
En Tucumán vuelven a la carga
La Corte objetó la presentación de Juan Manzur como candidato a vicegobernador, dado que ya fue gobernador por dos períodos. El texto de la Constitución no lo prohíbe, pero Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda invocaron lo republicano para suspender la elección, cautelar mediante. Tuvieron el caso en análisis durante un mes y no lo resolvieron -apenas dictaron una cautelar- siendo que se trata de una cuestión que no requiere ni pericias ni testigos ni autopsias.
El peronismo tucumano resolvió cortar por lo sano, Manzur resignó su candidatura, lo reemplazó Miguel Acevedo. Por lo tanto, la cuestión pasó a ser abstracta, porque se suprimió el obstáculo que era la postulación de Manzur. En la Corte Suprema habrá un acuerdo este martes y todo indica que se aprobará un proyecto que va en ese sentido: se levanta la cautelar porque el caso quedó abstracto. Lo votarían los cuatro supremos, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, ya regresado de su viaje.
Sin embargo, este lunes al atardecer, volvió a la carga Germán Alfaro, del Partido por la Justicia Social, el nombre del macrismo en Tucumán. Obviamente con el patrocino de Alberto Garay, la pieza clave de los que ejercen presión. Como no podía ser de otra manera, Alfaro le dijo a la Corte que se opone al levantamiento de la cautelar, no importa que la cuestión se haya vuelto abstracta. En la presentación se pide que las elecciones tucumanas sigan suspendidas y que la Corte igual se expida sobre el fondo, o sea que la fórmula del peronismo, aunque ya cambió, no respetaba el criterio republicano.
Todo indica que el máximo tribunal no hará caso a semejante planteo y levantará la cautelar, aunque a esta altura todo dejó de ser previsible. En su momento, Rosenkrantz dijo que la Corte no podía meterse en la elección de Rio Negro porque era incompetente y ahora sostuvo todo lo contrario, porque su voto era imprescindible para voltear las dos elecciones -Tucumán y San Juan- con amplio favoritismo peronista.
El termómetro “republicano”
Todo el contencioso evidencia que hay una nueva mayoría en la Corte dispuesta a intervenir en todo. Por ejemplo, Rosenkrantz opinó ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) que se podrían declarar inconstitucionales los niveles actuales de emisión monetaria. No está claro cuál sería el parámetro y quién decidiría hasta qué nivel la emisión es constitucional y a partir de qué nivel es inconstitucional.
La nueva mayoría también resolvió que el Estado nacional debía transferirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. El porcentaje no se estableció en base a pericias o a un dictamen razonado, sino que fue una cautelar política otorgada al gobierno macrista de CABA.
Pero el fallo suspendiendo de las elecciones en Tucumán y San Juan es aún peor, porque fija el precedente de que la Corte puede decidir casi cualquier cosa con el argumento de que lo considera republicano o no lo considera republicano. O sea, si la Constitución de una provincia dice explícitamente que no hay obstáculos para reelecciones, la Corte puede igual decidir que no es republicano. Puede prohibir algo que no está prohibido.
Esos sí, todo tiene siempre un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales. Ese es el termómetro «republicano».
