El fiscal Carlos Stornelli, que quedó a cargo de la causa por el presunto desvío de fondos de la asociación civil que dirige la precandidata Patricia Bullrich hacia su campaña presidencial, decidió comenzar su investigación con una orden para allanar al denunciante, que es la Inspección General de Justicia (IGJ). Hacia el mediodía de este martes irrumpieron tres agentes de la Policía Federal y dos colaboradores de Stornelli en la sede de Paseo Colón 285. La excusa era llevarse el expediente administrativo en el que se basó la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La IGJ se había negado a entregar en un comienzo la información porque había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con sectores del PRO, que Bullrich lidera, y esto no estaba ni está resuelto. La respuesta fue mandar a buscar todo por la fuerza con un mecanismo a primera vista disciplinador cada vez más en boga en algunos despachos de los tribunales de Comodoro Py.
La pregunta que sigue es si buscarán convertir en acusados a quienes hicieron la denuncia, algo que ya hizo en otra presentación en nombre de Bullrich la abogada Silvina Martínez. Lo sorprendente es que la orden de allanamiento aparezca en la causa donde se debe investigar, precisamente, a la precandidata y los gigantescos movimientos de dinero del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que es una entidad sin fines de lucro.
El escándalo de origen
Lo que había detectado la IGJ, que encabeza Ricardo Nissen, es que solo en 2022 el IEES recibió 65 millones de pesos, y desde 2020 suman 90 millones en total. En 2019 le habían ingresado solo 741,93 pesos. La primera denuncia, que reclamaba una intervención judicial, ya señalaba un doble mecanismo: el IEES empezó a recibir grandes sumas en los comienzos de la campaña, con la excusa de encuentros/almuerzos que eran presentados como seminarios y donaciones de grandes empresas. En rigor eran eventos proselitistas, como incluso consignaron varios medios de provincias por donde Bullrich estuvo de visita. En el mismo período, reveló la IGJ, la asociación pagó pasajes, catering, alquiler de salones y hasta las cuatro líneas de telefóno a nombre del partido de Bullrich, Unión por la Libertad, fusionado con el PRO.
Quienes pusieron plata para estos «eventos» fueron cerca de 400 personas (humanas y jurídicas) en su mayoría vinculadas a los rubros agroindustrial, seguros, bancos, entre otros. También aportaron dinero dos casinos de Santa Fe (Casino Melincué S.A y Casino Puerto Santa Fe S.A), lo que según la IGJ constituiría una estrategia para «violar las disposiciones y prohibiciones de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que impide contribuciones de quienes exploten juegos de azar. Esa norma, además, tiene límites anuales -de acuerdo a la cantidad de electores registrados- que se pudieron haber burlado. La denuncia penal planteaba que a través del IEES Bullrich «procuró para sí un lucro indebido» al utilizar «dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña». El desvío de fondos de una asociación civil es una forma de defraudación.
La irrupción en la IGJ
El viernes último Stornelli mandó un oficio a la IGJ en el que le exigía que presentara toda la «actuación sumarial» y la documentación en su poder relacionada con la investigación sobre el IEES. Nissen respondió que como había pedido la inhibición de Stornelli y recusado al juez Ramos por temor de parcialidad, postergaría la entrega para cuando los planteos tuvieran una resolución firme. Ramos había dicho que no podían recusarlo hasta que la IGJ fuera querellante, decisión que –además– depende de él. La respuesta de Stornelli fue «la orden de presentación con allanamiento en subsidio» que le llevaron un auxiliar, una secretaria y la policía.
* ¿Por qué el organismo pidió el apartamiento tanto del juez como del fiscal? A ambos los vincula por distintas vías con el PRO, fuerza de la que Bullrich es presidenta en uso de licencia. Respecto de Ramos, la recusación señaló su vínculo con Marcelo D’Alessandro, el exministro de Seguridad del gobierno porteño, según surgió de los famosos chats derivados del viaje a Lago Escondido, por lo que fue citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ramos había cerrado en tiempo récord una denuncia contra D’Alessandro y Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, donde hablaban de casos a resolver por la Corte, de interés para Juntos por el Cambio. Pero Ramos también aparecía en los chats filtrados (cuya validez él niega), hablando con gran confianza con el exfuncionario en distintas ocasiones, como cuando éste último le consiguió un auto. Sobre Stornelli, la IGJ recordó su cercanía con Mauricio Macri desde su participación en la Comisión de Seguridad de Boca y dijo que no se podía desconocer la relación del expresidente con el PRO y con Bullrich, a quien hoy respalda. «Es el partido beneficiado por lo actuado espuriamente por el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad», había sostenido Nissen.
* ¿Qué quisieron llevarse de la IGJ? Además de la actuación sumarial, los anexos, documentación, y todo expediente relacionado, buscaban «los papeles de trabajo de los que se hubiera nutrido la investigación interna realizada e informar los funcionarios del organismo que intervinieron en la misa». No parace muy habitual que, por ejemplo, si la Oficina Anticorrupción hace una denuncia los investigadores reconstruyan quién participó de la pesquisa, qué hizo y cuáles fueron sus papeles de trabajo. Ni tampoco sobre la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General. Para colmo, Stornelli quiere también el «organigrama» de la IGJ y copias de la resolución sobre la fundación que conduce Bullrich.
Como Nissen está de licencia, recibió a los agentes y funcionarios del Ministerio Público su número dos, Manuel Cuiñas Rodríguez. Los invitó a pasar al salón «Néstor Kirchner» del organismo, y les dijo que estaba dispuesto a entregarles documentación digitalizada en un pendrive (son 21 cuerpos de actuaciones) pero de ninguna manera la original, porque el decreto reglamentario mismo y la ley orgánica de la IGJ prohíben que salgan del organismo. La nómina de funcionarios no la proporcionó porque, dijo, podría ser todo el personal del organismo (administrativo, técnico, profesional). El organigrama indicó que deberían pedirlo al Ministerio de Justicia. La pregunta es ¿qué tiene que ver todo eso con la denuncia por defraudación y violación a la ley de financiamiento de los partidos?
Facturas
Suponiendo que la fiscalía se quiera llevar los originales, por ejemplo, de las facturas, no solo encontrará las que dicen «seminario» o «almuerzo», por varios miles de pesos, y las que consignan la contratación de consultorías políticas o similares por más de 7 millones de pesos, sino otras emitidas para pagar honorarios a integrantes de la propia comisión directiva –algo que solo se podría hacer con permiso de la IGJ– como a la misma Bullrich, por 3.550.000; a Gerardo Milman por 2.766.170 por «servicios de coordinación de equipos»; a Alberto Fohrig, por el mismo concepto, 1.590.000 pesos; a Martín Siracusa, 1.400.000 pesos. Y hay una que llama la atención porque es a favor de Jorge Teodoro, el ingeniero electrónico que, se sospecha, sería quien borró el celular de Ivana Bohdziewicz, la exsecretaria de Milman que relató que la llevaron para eso precisamente a una oficina de Bullrich, que es nada menos que la sede del IEES, el 10 de noviembre del año pasado. Allí llegó con otra secretaria, Carolina Gómez Mónaco, y estaban Milman y el perito. Diez días antes, Teodoro facturó 200 mil pesos –según las pruebas en manos de la IGJ– que le habría pagado la asociación por un «servicio de plataforma virtual de correos electrónicos vacíos».
