El juez federal Sebastián Casanello debe decidir en los próximos días si le dicta el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se conoce mediáticamente como “Ruta del dinero K”. Es el expediente en el que, después de diez años de investigación e incluso excavaciones en la Patagonia que se transmitían en el prime time, el fiscal federal Guillermo Marijuán dijo que no encontró evidencia de que la líder del Frente de Todos haya tenido algo que ver con el lavado de dinero por el cual fue condenado el empresario Lázaro Báez. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se sumaron al pedido de Marijuán de sobreseer a CFK. Ante lo que se supone que será el cierre de la causa, una ONG macrista pidió ser querellante y que se continúe con la persecución penal a la vicepresidenta.
El 24 de mayo pasado, Marijuán dictaminó que correspondía sobreseer a CFK en la causa que se inició en 2013. Después de la presentación del fiscal, el juez Casanello les pidió que opinaran a los querellantes. La AFIP contestó, según la presentación a la que accedió Página/12, que ya había dicho en octubre de 2021 que no tenía más medidas para proponer para investigar a la vicepresidenta y que, por ende, entendía adecuada la solución propuesta por el fiscal. Por su parte, la UIF respondió que no encontraba elementos de juicio que le permitieran controvertir el pedido de sobreseimiento mantenido por el fiscal.
Si bien la causa se inició hace más de diez años, la investigación se centró en CFK a los pocos meses de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada. Para eso jugó un rol primordial Leonardo Fariña, que el 8 de abril de 2016 se pasó cerca de doce horas en los tribunales de Comodoro Py. En esa oportunidad, Fariña relató un episodio en el cual Báez le habría dicho que venía de ver a la “jefa” y que ella le habría preguntado si estaba sacando plata del país porque desde la Embajada de los Estados Unidos le habrían comunicado eso.
Con el tiempo se supo que Fariña llegó guionado a esa declaración e incluso, como figura en una resolución del juez Casanello, se presentó a declarar con unos cuantos papeles en la mano. Después del show de Fariña, la UIF macrista de Mariano Federici y la Oficina Anticorrupción (OA) de Laura Alonso comenzaron a reclamar la indagatoria de CFK.
Casanello siempre entendió que no había elementos para investigar a la expresidenta. Ante su negativa, desde un sector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se montó una operación para correrlo de la causa, que incluyó la declaración de dos testigos falsos que dijeron haberlo visto en la Quinta de Olivos hacia finales de 2015. Después los dos admitieron que habían mentido y fueron condenados por falso testimonio.
En agosto de 2018, la Cámara Federal porteña –con los votos de Martín Irurzun y Mariano Llorens– le ordenó a Casanello llamar a indagatoria a CFK. La declaración se produjo el 18 de septiembre de ese año y el 9 de noviembre, el juez le dictó una falta de mérito.
La hipótesis que guió la causa es que Báez funcionaba como un testaferro de CFK o que, en todo caso, lavó 32.800.000 dólares que venían de la obra pública en Santa Cruz. Báez terminó condenado en 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por el lavado de dinero. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en febrero de este año la condena –aunque redujo la pena de doce a diez años–. El impacto más importante del fallo de Casación fue que dos de los jueces, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, sostuvieron que el delito precedente al lavado era la evasión fiscal y no la obra pública.
Con esa sentencia, Marijuán se quedó sin elementos para sostener la acusación contra CFK y debió pedir su sobreseimiento. El fiscal, en su dictamen de 46 páginas, insistió en que no tenía duda de la relación “estrecha y directa” entre CFK y Báez. Para fundar esa certeza invocó un entrecruzamiento de llamadas que decía que entre octubre de 2010 –cuando murió Néstor Kirchner– y abril de 2013 –cuando se inició la investigación de la ruta del dinero que no terminó siendo K– hubo 372 llamadas entre los entornos de ambos. Sin embargo, esas llamadas se realizaron entre 84 personas que, de alguna manera u otra, estaban ligadas a Báez y CFK. El fiscal no encontró más que cuatro llamados en tres años entre las líneas que estaban a nombre de Báez y de la entonces presidenta.
La jugada del macrismo
Todo indica que Casanello debería firmar el sobreseimiento de la vicepresidenta. En caso de que lo hiciera, ya no habría quien se oponga porque el fiscal lo pidió y las querellas lo consintieron –AFIP y UIF–.
Sin embargo, apareció en escena la ONG Bases Republicanas, conformada por exfuncionarios macristas. La presidenta en uso de licencia de Bases Republicanas es Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados y exnúmero dos de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.
En un escrito firmado por la abogada Valeria Viola, quien fue funcionaria del Ministerio del Interior durante la administración de Macri, Bases Republicanas le pidió al juez Casanello ser tenida como querellante y que decrete la nulidad del dictamen de Marijuán para continuar con la investigación contra CFK. Es posible que los integrantes de la ONG intuyan que no tendrán suerte con el pedido en el juzgado pero que podrían obtener algún visto bueno en la Cámara Federal.
“Me parece que detrás de esto están los exmiembros de la UIF”, dijo Marijuán en una entrevista con la señal C5N. El fiscal se refería a Federici –que salió a tuitear una nota en la que se daba cuenta de la presentación de Bases Republicanas– y de María Eugenia Talerico, su número dos en el organismo y vicepresidenta de la ONG Será Justicia, ligada al Colegio de Abogados de la calle Montevideo. “A la señora Viola la están usando para esta presentación”, denunció Marijuán.
En Bases Republicanas militan otros exintegrantes del gabinete macrista. Entre ellos están el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y denunciado por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Otro de los integrantes de la comisión directiva de la ONG es Luis Cevasco, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. También los acompañan Juan Curutchet, expresidente del Banco Provincia –sede de funcionamiento de la «Gestapo» antisindical– y Carlos Manfroni, que fue director de Investigaciones Internas de la cartera que dirigía Bullrich y ha escrito libros con la diputada ultraderechista Victoria Villarruel.
