Miles de docentes, trabajadores estatales y militantes de organizaciones sociales marcharon en San Salvador de Jujuy en reclamo de una recomposición salarial y en contra de la reforma constitucional, así como por la derogación de un decreto del gobernador radical Gerardo Morales que «avanza en la criminalización de la protesta«, autoriza la represión policial, da intervención directa a la Justicia penal y cobra multas a quienes corten calles u ocupen espacios públicos en demanda de mayores derechos. El decreto del aspirante presidencial de Juntos por el Cambio cosechó el rechazo y el repudio de numerosas organizaciones sociales y políticas: la CGT planteó que «representa pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país»; la CTA de los Trabajadores lo definió como “un globo de ensayo del ajuste con represión”. Mientras, la CTA Autónoma denunció a Morales ante la OIT por violación de convenios internacionales y agrupaciones de izquierda (PO y MST) se manifestaron frente a la Casa de Jujuy en CABA contra “el estado de sitio” que impone el mandatario radical en la provincia.
El decreto 8464 de Morales se conoció en medio de los reclamos salariales y de las expresiones de rechazo a la reforma consitucional que él mismo impulsa. En su artículo 1º, el decreto fija que «serán sancionados con hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».
Los docentes iniciaron la semana pasada un paro por tiempo indeterminado en demanda de sueldos que superen el valor de la canasta básica, fijada en más de 200 mil pesos. Un reclamo al que adhirieron otros gremios provinciales enrolados en la CTA, ATE, trabajadores de la salud, obreros municipales, viales y organizaciones sociales, que se sumaron a las masivas movilizaciones en la capital jujeña. Los convocantes estimaron que la marcha de este lunes, que recorrió San Salvador y terminó en Plaza Belgrano (frente a la gobernación), reunió a unas «15 mil personas, un número muy importante para Jujuy».
«Nos manifestamos en la calle por los salarios dignos pero también contra esta reforma constitucional que, entendemos, lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que determina sanciones graves como contravención», dijo la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, y destacó que el paro docente «tiene entre un 85 y 95 por ciento de acatamiento». El sindicato Adep también repudió el decreto que «avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente les corresponden a los trabajadores», ante lo cual presentó una medida cautelar en el Poder Judicial. Un congreso provincial del gremio rechazó la última propuesta salarial de Morales y ratificó la continuidad del plan de lucha a pesar de la amenaza de descuento de los días de paro.
La decisión de Morales de reprimir y criminalizar las protestas sociales, cosechó el repudio de todas las centrales sindicales del país. Para la CGT, iniciativas como las de Morales “representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad», alertó la central sindical a través de un comunicado que lleva como título «Rechazamos cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores».
“El gobernador Morales, que entre gallos y medianoche promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de estado de sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales”, dice el comunicado de la CTA de los Trabajadores que lleva la firma de Hugo Yasky. “Es el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste”, agrega.
La CTA Autónoma denunció al gobernador jujeño ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la «violación de convenios internacionales». La central que dirige Hugo «Cachorro» Godoy detalla los alcances del conflicto docente que registra la provincia y las «peligrosas consecuencias que pueden traer» las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con “represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones».
En tanto, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores se movilizaron a la Casa de Jujuy, en CABA, contra el intento de «estado de sitio» en la provincia. Para el precandidato presidencial del PO, Gabriel Solano, Morales «modificó por decreto el código contravencional» y que busca «aprobar de forma exprés una reforma constitucional para impedir cualquier tipo de movilización en la provincia».
