El exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro pegó el faltazo a la audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a la que había sido citado en carácter de testigo. En tanto, tal como se lo prometió a las autoridades del proceso que tiene lugar en el Congreso, el operador judicial Silvio Robles se hizo presente en la comisión.
A través de una misiva enviada ayer a las 20, D’Alessandro aludió “razones personales” para decir que hoy no estaría presente en esa reunión y pedir una reprogramación de la cita. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aceptó el pedido pero se dejó en suspenso la fecha para esa audiencia.
Robles es estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y principal sospechoso junto con D’Alessandro de tejer una trama de supuestas negociaciones que derivaron en el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación en beneficio de la ciudad de Buenos Aires.
Antes de someterse a las preguntas de los diputados, Robles leyó un escrito en el que aclaró que no respondería las consultas de índole personal y señaló que ha «recibido acusaciones sin fundamentos reales» por parte de algunos legisladores en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso a los cuatro integrantes del máximo tribunal.
«El juicio político es impulsado por el Frente de Todos para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», apuntó el asesor de Rosatti.
Los diputados del Frente de Todos advirtieron sobre la posibilidad de que, por evitar responder a algunas consultas, el funcionario judicial pudiera ser alcanzado por la figura de «reticencia», según expresó el oficialista Ramiro Gutiérrez.
En ese contexto, cuando Robles fue consultado sobre si conocía a D’Alessandro, evitó responder y justificó que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que sostiene que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa».
«Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público, y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti«, criticó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. Mientras que Leopoldo Moreau puso de relieve «los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas» y advirtió que brindar las respuestas «no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación».
Lo que se sospecha es que el incremento de los fondos coparticipables a los que la Corte dio luz verde habrían sido acordados entre Robles y D’Alessandro, a través del vínculo personal y político que ambos habrían mantenido.
Una de las pruebas de la acusación sobre esa posible connivencia es una serie de chat de Robles con D’Alessandro, que al inicio de la reunión volvió a ser objetada por los diputados de Juntos por el Cambio, que en su férrea defensa a los acusados no recordaron que la inclusión de esos chats ya había sido aprobada en reuniones anteriores.
De todas maneras, las sospechas sobre la connivencia se duplicaron cuando la ex ministra Silvina Batakis declaró ante la Comisión y dijo que Robles estuvo en una reunión reservada solo para las partes de la disputa legal. Es más, precisó que el operador de Rosatti estaba sentado detrás del jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y reveló que, pese a ello, su presencia jamás apareció en el acta oficial de la reunión.
Desde minutos antes del inicio de la cesión de esta tarde en la Sala 2 del Anexo A de Diputados, Robles había anticipado su presencia, con lo cual se duplicaron las expectativas por lo que dirá y lo que se negará a decir.
Mientras tanto, los otros dos citados a declarar fueron el contador Alejandro Otero y el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien no había asistido a un convite anterior.
Lo que se discute es el posible “mal desempeño en sus funciones” de los miembros del máximo tribunal, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Rosatti.
En la serie de acusaciones no solo se encuentran las posibles irregularidades del fallo por la coparticipación a favor de la Ciudad, sino también la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, la sentencia del 2×1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
