Cristina Fernández de Kirchner pidió que se incorpore a la causa principal de los «cuadernos» el peritaje de la Policía Federal que reveló que el expolicía Jorge Bacigalupo, amigo de Oscar Centeno, hizo correcciones y sobre-inscripciones en los textos del exchofer del Ministerio de Planificación. Lo mismo requirió sobre un análisis lingüístico encomendado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que mostró que en dos de los cuadernos aparecían términos o expresiones que no eran habituales en el lenguaje de Centeno, lo que hace suponer que alguien le dictó.
El planteo de la vicepresidenta está dirigido al Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), que prepara el juicio oral. Los dos estudios periciales conocidos esta semana habían sido ordenados en un expediente que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi –a partir de una denuncia del empresario Armando Loson– que cada vez revela más datos que debilitan la principal prueba en la que se sostiene el caso.
Bacigalupo es quien le entregó los cuadernos al periodista de La Nación y se los llevó fotocopiados al fiscal Carlos Stornelli, quien en lugar de hacer una denuncia, los metió en otra causa (por supuestos sobreprecios en la compra de GNL) y así se quedó con el caso junto con el juez Claudio Bonadio. Es lo que habitualmente se conoce como forum shopping. Nunca mandaron a peritar los cuadernos, donde las anotaciones involucraban a empresarios y exfuncionarios en pagos ilegales, la mayoría por contratos en obra pública. Sobre eso se construyó la causa. Tampoco ordenó peritar la Cámara Federal ni hizo nada el TOF7. Al contrario, le puso algunas trabas a Martínez de Giorgi. Por ejemplo, nunca le quiso entregar los originales. Los peritajes se hicieron sobre copias de muy alta definición. La causa madre cumplió esta semana cinco años.
La manipulación de los cuadernos salió a la luz cuando el empresario Loson, de Albanesi S.A, presentó ante Martínez de Giorgi un peritaje que había encargado en forma privada y que reveló que los manuscritos tenían 1600 adulteraciones. Entre ellas estaba su nombre y el domicilio de la empresa: estaba tachado Marcelo (podría ser Odebrecht) y encima escribieron Armando; donde decía Alem 850 pusieron 942 y 985. Esto fue confirmado por un peritaje oficial que agregó que en los cuadernos había varias manos autoras y un cambio en la velocidad de la escritura con la que se escribieron los primeros cuadernos y los últimos, que son los que aluden a entregas de dinero.
Ahí surgieron las sospechas sobre Bacigalupo. El juez secuestró manuscritos de su casa y ordenó que hiciera un cuerpo de escritura. Con esos elementos ordenó los últimos dos peritajes. El de la Divisón Scopometría de la Policía Federal detectó que el amigo de Centeno que había tenido los cuadernos en su poder cambió nombres y fechas para incriminar a empresarios en dos cuadernos. Uno de los nombres que aparece agregado es el de Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien pasó un año preso por no aceptar declarar como arrepentido (el método para que los empresarios apuntaran a CFK y salieran libres). El de los expertos de la UBA concluyó que había grande diferencias entre los cuadernos 4 en comparación con el 7 y el 8. Cambian, por ejemplo, el léxico y la sintaxis. Es decir, alguien le dictó a Centeno.
La presentación de los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, cita los peritajes con el foco en los dos últimos, y plantea que deberían tomarse «medidas» «respecto a los responsables de estos gravísimos episodios». Pide la incorporación de estas evidencias «en procura de garantizar el ejercicio del derecho de defensa en juicio y, por sobre todas las cosas, arribar a la verdad objetiva y esclarecer tanto los hechos aquí imputados como las circunstancias que rodearon la génesis de este proceso». No hay pruebas que involucren a la vicepresidenta en las supuestas coimas, pero igual fue enviada a juicio.
La gran pregunta es quién estuvo detrás de Bacigalupo y de Centeno en esto que se advierte cada vez más como un armado. El abogado José Manuel Ubeira, que defiende a Oscar Thomas, uno de los acusados en la causa principal, dijo en la AM750: «No tengo ninguna duda de que no se pudo haber hecho sin el conocimiento y la autorización del entonces presidente de la Nación (Mauricio Macri)». El empresario Ferreyra dijo a este diario que no descarta «que hayan estado detrás los servicios de inteligencia de Macri», que también –añadió– lo espiaron mientras estuvo preso. Sostuvo que quedaría demostrado que «la prueba principal e inicial con la que se produjeron las detenciones» en el caso «cuadernos», «fue diseñada».
