La filtración conocida como «Moroleaks» fue clave para que El Supremo Tribunal Federal aceptara un pedido de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de anular las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de colaboración con directivos de la empresa Odebrecht. La máxima corte de Brasil entiendió que esas pruebas fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, y consideró la detención del presidente como «uno de los mayores errores judiciales en la historia del país».
La decisión del juez supremo Antonio Dias Toffoli fue publicada en respuesta a una solicitud de la defensa de Lula, que brindó acceso a los expedientes de la «Operación Spoofing», que investigaba el hackeo de los celulares del exjuez Moro. En su decisión de 135 páginas, Toffoli publicó parte de los diálogos filtrados que involucran a Moro y al fiscal Deltan Dallagnol y reconoció que utilizaron el alegato de lucha contra la corrupción para «llevar a las rejas a un líder político, con parcialidad y connivencia, falsificando pruebas».
«Al final tendremos un buen día»
Los diálogos fueron producto de un hacker que entregó parte de ellos a The Intercept, el portal brasileño-estadounidense que publicó los chats bajo el rótulo de «Moroleaks». La autenticidad de los diálogos fue luego confirmada por las pericias de la Corte Suprema. «Al final tendremos un buen día», le decía Moro en un chat de la aplicación Telegram a Dallagnol, jefe de los fiscales del Lava Jato. Dallagnol le contó que estaba preparando la denuncia contra Lula acerca del supuesto soborno con un departamento en el balneario de Guarujá por la empresa OAS como retribución a los contratos obtenidos por la constructora con la estatal Petrobras.
Por ese caso Lula fue condenado en tres instancias, estuvo preso 510 días y fue inhabilitado para participar de las elecciones de 2018 que fueron ganadas por Jair Bolsonaro, cuando según las encuestas el exmetalúrgico era amplio favorito. En otros chats filtrados, Moro y los fiscales acordaban procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablaban de operar a periodistas y defendían haber cometido hechos ilícitos ya que estaban cubiertos del «apoyo popular y de los medios».
En las desgrabaciones Moro, Dallagnol y otros fiscales revelaron contactos ilegales con la fiscalía de Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin cumplir con los debidos procedimientos. En una de las conversaciones Livia Tinoco, una de las fiscales del Lava Jato, confesó que Moro, la cámara de apelaciones de Porto Alegre y la TV Globo tenían el sueño de ver a Lula preso y calificó ese momento como un «orgasmo múltiple».
Las conversaciones entre Moro y Dallagnol indican que el actual senador buscaba evitar que las tensiones entre él y el Supremo Tribunal Federal (STF) paralizaran las investigaciones en un momento crítico de las pesquisas en 2016. Según el diario Folha de Sao Paulo, la preocupación de Moro vino cuando la Policía Federal adjuntó a los autos de una investigación algunos documentos referentes al caso Odebrecht sin preservar su sigilo, lo que conllevó a la divulgación del material por la prensa brasileña.
«Fue un enorme golpe por la espalda el de la Policía Federal. Ahora voy a quedar expuesto», le dijo Moro a Dallagnol. Ante esa situación Moro, quien días antes había sido recriminado por el STF por haber sacado a la luz escuchas telefónicas de Lula, le envió un mensaje a Dallagnol quejándose de que la policía no podía «cometer esa clase de error ahora».
Dallagnol le prometió el apoyo incondicional de la operación al entonces juez. «Que sepas que no solo la inmensa mayoría de la sociedad está contigo, y que nosotros haremos todo lo que sea necesario para defenderte de injustas acusaciones». También le dijo que sólo eran momentos de «ánimos exaltados» y que admiraba la serenidad con la que el entonces juez enfrentaba “las noticias malas y los problemas».
«Consecuencias muy graves»
De acuerdo con el juez supremo Antonio Dias Toffoli, además de los tratos directos con las autoridades en Estados Unidos y Suiza, los jueces actuaron sin la necesaria colaboración de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública. Para Toffoli, dichas negociaciones resultaron en «consecuencias muy graves» para el Estado brasileño y para «centenares de imputados y personas jurídicas en procesos penales, procesos por improbidad administrativa, procesos electorales y procesos civiles» en Brasil y en el exterior.
La Corte Suprema había anulado en 2021 las sentencias contra Lula al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder de izquierda para retirarlo de la vida política. El actual presidente brasileño fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a que estaba inhabilitado por la condena posteriormente anulada. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.
El pasado 21 de agosto la justicia federal de Brasil condenó a Walter Delgatti y a otras seis personas a 20 años de cárcel en el marco de la Operación Spoofing. Para el juez del Décimo Juzgado Federal en Brasilia, Delgatti y sus cómplices intentaron vender la información obtenida de manera ilegal a medios de comunicación por 200 mil reales (unos 40 mil dólares). Delgatti es el mismo que confesó que el ultraderechista Bolsonaro le pidió intervenir las máquinas de voto electrónico.