Luego de concretar la mentada suba en el piso del impuesto a las Ganancias y enviar al Congreso la ley para dar de baja definitivamente a ese gravamen, el ministro de Economía, Sergio Massa, se apresta a anunciar una batería de beneficios que apuntan a mejorar el rendimiento de los salarios de quienes no están alcanzados por ese impuesto.
Se trata de un paquete de reformas al que el ministro aludió en los últimos días y que está dirigido tanto a los trabajadores que quedaron exentos tras los últimos anuncios como a los sectores de menores ingresos.
Los anuncios de Massa
El anuncio central previsto para a las 19 será una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alrededor de 8 millones de personas que no pagan Ganancias.
Según trascendió desde el Palacio de Hacienda, la medida tendrá un impacto directo en beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas, y jubilados y trabajadores con ingresos de hasta 700 mil pesos.
La última vez que se tomó una medida relativa al IVA fue hace dos semanas, cuando el ministro anunció un reintegro de hasta 18 mil pesos de ese impuesto en las compras que jubilados y pensionados realicen con tarjeta.
Además, se estudia la posibilidad de introducir modificaciones en las escalas del monotributo, particularmente en las más altas, cuyos topes implican la posibilidad de ingresar automáticamente al régimen de autónomos.
Batería de anuncios y propuestas
Los nuevos beneficios están en sintonía con los anuncios con que el candidato de Unión por la Patria (UxP) sacudió el tablero político durante los últimos días, y que dejaron a la oposición en una situación de tener que enfrentarse con medidas de claro corte favorable a la población.
La cantidad de propuestas y anuncios en este sentido es incesante. Luego de informar una considerable baja en el piso de Ganancias, UxP dejó trascender ayer su voluntad de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, de manera progresiva.
En la misma línea, el gobierno nacional anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Educativo que aumente del 6 al 8 por ciento del PBI la porción de la torta destinada a educación. Esta iniciativa choca de frente con las propuestas de la oposición, particularmente de La Libertad Avanza, que promueve la privatización del sistema público de escuelas, secundarios y universidades.