Tal como se veía venir, la historia del celular de Gerardo Milman está lejos de concluir y esclarecer si él tuvo alguna relación con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Un oficio del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Buenos Aires» de Gendarmería Nacional, llegó el viernes último al juzgado de María Eugenia Capuchetti con la noticia de que con la tecnología que disponen los especialistas no pueden extraer el contenido del aparato. Ya la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que suele tener los instrumentos de mayor avanzada para este tipo de peritajes, había notificado que no pudo acceder a la información dentro del teléfono de una de las colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio (Carolina Gómez Mónaco), que es exactamente el mismo modelo que el de su jefe. Se trata de un iPhone 14 Pro Max que –como hizo notar la querella de CFK– salió al mercado después del 1 de septiembre, día del intento de magnicidio. Ahora el juzgado le preguntó a la defensa de Milman si está dispuesto a revelar la clave del dispositivo.
Una encerrona
El Iphone en cuestión está guardado en la caja fuerte del juzgado de María Eugenia Capuchetti. Ella había rechazado su secuestro, ante el primer pedido del fiscal Carlos Rívolo en mayo. Pero luego ordenaron analizarlo tanto la Cámara Federal como la Cámara Federal de Casación Penal. Entre ambas decisiones Milman entregó el celular al juzgado con el argumento de que quedara a resguardo y como gesto de supuesta colaboración. La Cámara de Diputados incluso votó la autorización para que sea analizado. Ya por el tiempo transcurrido era difícil imaginar que pudiera contener algo relevante para la causa. Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, mostraron no sólo que el modelo entró al mercado después del ataque sino que Milman no lo usó hasta después de mediados de noviembre del año pasado. Cuando a la magistrada no le quedó más opción que disponer su apertura, consultó a la Gendarmería si podía hacer el trabajo y la respuesta fue la que estaba casi cantada.
El escrito de esa fuerza lo firma el segundo comandante David Coca Alba, del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón de Investigaciones al que se había dirigido la jueza. Dice que esa dependencia «no posee la herramienta forense (UFED)» «para este tipo de pericias». Por eso, aclara, consultó a la División Telefonía Móvil, que sería la adecuada para el caso y la respuesta fue: «el modelo dispositivo móvil en particular (iPhone 14 Pro Max) no es compatible con la herramienta UFED Premium Cellebrite (versión 7.66.0.139), es decir que no se encuentra soportado». «Por ello –agregaba– no es posible desbloquearlo y acceder a la información contenida en la evidencia digital«. Este martes Coca Alba fue a dar su testimonio al juzgado y explicó que «la versión actual del sistema UFED Premium Cellebrite que tenemos en Gendarmería, es la última versión que tiene la empresa actualmente disponible en el mercado» y «por el momento llega hasta el iPhone 13 Pro Max, pero en caliente, es decir, que nunca se haya apagado y que tenga un desbloqueo manual de usuario».
Si Milman no aporta la clave, no parece haber alternativas. Gómez Mónaco no la reveló. Ella es una de las colaboradoras que estaban con el diputado en el bar Casablanca de la esquina del Congreso, dos días antes del intento de magnicidio, donde un testigo lo escuchó decir «cuando la maten yo estoy camino a la costa». La otra asesora presente era Ivana Bohdziewicz. Ella testificó en mayo último que su compañera la había llevado a una oficina de Patricia Bullrich donde aguardaban Milman –que era su jefe de campaña– y un perito, para que éste borrara lo que tenía en el aparato. Dijo que también «manipuló» el del diputado. A Gómez Mónaco la mandaron a comprar un iPhone nuevo, contó, y cambiar su clave. Era noviembre.
Los otros celulares
El defensor de Milman, Manuel Barros –abogado histórico de gendarmes– había informado en el juzgado que su cliente tiene tres líneas más, al menos dos de ellas en uso. Ante esta noticia la querella y la fiscalía reclamaron por esos teléfonos también, lo que generó una nueva ronda de discusiones que debe resolver ahora la Sala I de la Cámara Federal. Es posible que si ordena abrir esos dispositivos también haya que pedir otra vez autorización a la Cámara de Diputados. Los camaristas también deben decidir si admiten el análisis del resultado y otra medida clave que había pedido Rívolo: que las prestatarias de telefonía informaran el «tráfico de IMEI». El IMEI es un código que identifica a cada aparato. Las empresas lo aportan junto con la información que da cuenta con qué otros teléfonos se comunica el que es analizado (llamadas y SMS). Capuchetti también guardó esa información sustancial en la caja fuerte e impidió que las partes la analicen. Son datos que pueden arrojar pistas relevantes.
El uso de los teléfonos celulares como prueba en esta causa fue problemático desde el comienzo, cuando quedó dañado el del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó dispararle a la vicepresidenta pero falló. La Policía Federal fracasó en la extracción de información que hizo en el juzgado en horas de la madrugada después del atentado. A la noche siguiente, Capuchetti mandó a la agente que custodia su despacho a la sede de la PSA en Ezeiza. El sobre de la cadena de custodia llegó abierto, el celular encendido y cuando lo quisieron conectar al UFED apareció un cartel que mostraba que estaba reseteado de fábrica. Sólo se pudieron analizar las tarjetas SIM y de memoria. Sabag Montiel, su entonces novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo (que manejaba la venta de copos de azúcar de la que participaba la pareja) están presos y su acusación fue elevada a juicio, sin conexiones políticas ni financieras.
La «pista Milman» quedó en primera instancia, fuera del juicio oral, y está signada por las dilaciones y los problemas con los celulares que, como está a la vista, persisten hasta el día de hoy pese a que varias pistas podrían conducir a Milman: no sólo el relato del testigo, sino sus proyectos donde anunciaba un atentado contra CFK quince días antes de que ocurriera y un escrito presentado por Uliarte que dice que habría pagado a gente para que fuera a generar violencia en las cercanías de la casa de la vicepresidenta .