La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la «inmediata disolución y liquidación» de Locura Deportiva S.A., la empresa del exfutbolista Sebastián Battaglia que gestiona más de dos hectáreas del Parque Sarmiento concesionadas por el Gobierno porteño. El pedido de nulidad se basa en diversas irregularidades denunciadas por la Inspección, como la «insuficiencia y falsedad» de los estados contables y la «inexistencia de sede social efectiva» de la firma, que llevó al organismo a concluir que se trata de una sociedad «ficticia«. Battaglia, actual aliado de Mauricio Macri en la interna de Boca, tiene a su cargo desde 2019 un complejo de trece canchas de fútbol y hace pocas semanas el GCBA le otorgó otro predio para construir canchas de pádel dentro del parque y explotarlas por cinco años.
La investigación sobre la firma fue iniciada de oficio por la IGJ el pasado 9 de noviembre, luego de que se conocieran los resultados de la licitación pública con la que el GCBA concesionó a la empresa de Battaglia los dos predios, que en total suman 2,2 hectáreas. Según indica la Inspección en la resolución de 22 páginas firmada este lunes por Ricardo Nissen, la creación de Locura Deportiva data de 2018 y la empresa es presidida por el exfutbolista y técnico de Boca, que cuenta con otros dos socios accionistas: Ariel Stolar y Marcelo Wanshelbaum.
La primera irregularidad denunciada por la Inspección es la falta de presentación del pago de tasas anuales y de los estados contables de la empresa: en la resolución se detalla que, desde su creación, la sociedad no presentó ninguno de estos papeles, por lo que la IGJ procedió a intimar al propio Battaglia para que entregue la documentación. De esa intimación surgió una segunda irregularidad, ya que al presentar la notificación en el domicilio de la sede social declarada por la empresa —un departamento de la calle Jaramillo, barrio de Núñez—, los inspectores se encontraron con que el lugar estaba alquilado a un tercero.
En la resolución constan las palabras del empleado de seguridad que recibió a los inspectores en la puerta del edificio: «Vive el locatario y no el dueño del inmueble«, dijo el hombre sobre el departamento en cuestión, y agregó que no conocía a la empresa mencionada. Sin embargo, la IGJ pudo confirmar a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad que el domicilio sí es propiedad de Battaglia. Ante esto, la Inspección pidió a la empresa que presentara el contrato de alquiler e indicara si, en efecto, su sede social había cambiado de lugar desde 2018 a la fecha.
En la resolución emitida este lunes consta que la firma no presentó ningún contrato y que «no surge que Locura Deportiva haya efectuado cambio de sede social ante el alquiler a terceros del lugar». «Nadie puede interactuar con ella, como tampoco ubicarla en sitio alguno«, dice la resolución sobre la empresa. Por todo esto, la IGJ determinó la «inexistencia de sede social efectiva«, lo que «hace presumir que la sociedad no desempeña actividad alguna, que además se encuentra ratificado por las constancias de los documentos contables acompañados por la aludida sociedad».
Es que el 16 de noviembre, una semana después de la primera notificación de la Inspección, la S.A presentó finalmente el pago de las tasas anuales y las memorias de los estados contables de la empresa. Sobre las tasas, la resolución advierte que todas ellas fueron abonadas después de que se iniciara la investigación. Los estados contables, en tanto, son los que requirieron la mayor atención de la IGJ. El Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales fue el encargado de evaluarlos y el pasado 23 de noviembre emitió dictamen con una lista de nueve irregularidades por las que concluyeron que las memorias «no cumplen ni remotamente con lo dispuesto por el Artículo N°66 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales».
En primer lugar, el Departamento advirtió que «no cuentan con la firma del representante legal de la sociedad«. Algunas tienen la firma del contador, señala la resolución, pero con fecha al 16 de noviembre de este año. El dictamen también advierte que todos los estados fueron presentados fuera de término, que la memoria del año 2021 no fue entregada, y que en las de 2018 y 2019 «no se expusieron los costos/gastos que toda sociedad incurre como consecuencia de su constitución». En la de 2020 tampoco constan gastos, costos, impuestos o tasas. Lo presentado son «meros papeles, los cuales carecen de firma y de toda virtualidad jurídica«, concluyó el Departamento.
Otro de los puntos que llamó la atención de la IGJ fueron los activos que la empresa declaró en 2018, al constituir la firma: 300 mil pesos, una cifra que incluso siguió bajando hasta llegar a 116 mil pesos en el año 2021. Durante todos esos años, señala la resolución, Locura Deportiva no realizó actividad alguna hasta el año pasado, cuando proclamó su «intención de poner en marcha la actividad económica» y declaró una ganancia de casi 6 millones de pesos. Sobre esto, la Inspección advierte que no se brinda «la menor explicación sobre el monto de las ganancias de dicho ejercicio» y que la memoria de ese año «sólo comprende fórmulas breves, vagas y generales«. «Esta supuesta ganancia carece de toda credibilidad«, agrega.
El organismo encabezado por Nissen determinó entonces la «absoluta insuficiencia y falsedad de los estados contables» y añadió que «fueron preparados en forma por demás apresurada y solo para cumplir la intimación». La «presunción de inactividad de la sociedad» llevó a la IGJ a considerar que la empresa es “una entidad ficticia, absolutamente infracapitalizada, sin sede social efectiva y con solo un año de actividad concreta, a pesar de haber sido constituida en el año 2018”.
Así, la Inspección encuadró a la empresa en el Artículo N°19 de la ley de sociedades comerciales, como «una sociedad con objeto lícito pero actividad ilícita«, y pidió su «inmediata disolución y liquidación» a través de la presentación de una acción judicial de nulidad. También declaró la «irregularidad e ineficiencia» de los estados contables, actas de asambleas, directorio y de asistencia a asambleas. Aunque no tiene potestad para intervenir en la concesión otorgada por el GCBA, la IGJ sí decidió notificar la resolución de este lunes a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El complejo de trece canchas de fútbol de Parque Sarmiento está activo desde 2019, pero el nuevo emprendimiento de canchas de pádel todavía no se puso en marcha. Recién fue oficializado a fines de octubre a través de una resolución de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que le otorgó a Locura Deportiva el predio de 4.428 metros cuadrados para construir las canchas y explotarlas a cambio de un canon mensual de once millones de pesos.
Las concesiones
Más del 15 por ciento de los terrenos del Parque Sarmiento están concesionados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Además de las tierras que gestiona Locura Deportiva S.A, la empresa de Sebastián Battaglia, en el parque hay concesiones para clubes de rugby, de tenis y de ciclismo. Con 6,5 hectáreas, la concesión del club de rugby Belgrano Athletic es la que más terrenos ocupa.
Son setenta las hectáreas que conforman al parque del barrio de Saavedra con más de cuatro décadas de historia. Inaugurado en el año 1981, el parque de usos deportivos más grande de la Ciudad tiene alrededor de doce hectáreas concesionadas al día de hoy, un 17,2 por ciento de su superficie total. Belgrano Athletic y Locura Deportiva ocupan ahora un total de 8,7 hectáreas.
El resto de las concesiones está repartido entre la Asociación de Ciclismo de Buenos Aires y Tenis Carminatti, del ex entrenador de Gabriela Sabattini, Omar Galdino Carminatti. Las canchas de tenis son 17, divididas en tres sectores del parque, dos al aire libre y uno techado. La Asociación de ciclismo, en tanto, cuenta con una pista de bicicross en la parte sur del espacio verde.
La concesión del Belgrano, por su parte, está actualmente en conflicto judicial. En octubre de este año, el Club Social y Deportivo Zavaleta presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare nulo el “permiso de uso precario y oneroso” del club de rugby. La acción fue acompañada por el legislador porteño de Unión por la Patria, Claudio Morresi, que había denunciado la concesión cuando fue otorgada a fines de 2020.
En el año 2021 la administración porteña aprobó un plan de inversión presentado por el Belgrano, con obras que debían realizarse en 180 días. Los vecinos y vecinas aseguran, sin embargo, que no se llevó a cabo ninguna obra de mejora, mientras que tampoco recibieron respuestas a los pedidos de información pública presentados en este sentido. Dentro del parque está prevista desde 2013 la construcción de un segundo reservorio de agua en el marco del plan hidráulico porteño, pero hasta el momento no se llevó a cabo.
