María Eleonora Urrutia es la elegida por Javier Milei para encarar la transición en el área de Educación. Como se sabe, la cartera educativa quedará abarcada dentro de un megaministerio de nombre empresarial, Capital Humano, donde quedaran también Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Sandra Pettovello estará a cargo de este ministerio y todo apunta a que Urrutia sería, como secretaria, la máxima autoridad educativa del país.
Nacida en Mendoza, como buena parte de los cuyanos tiene vínculo con Chile. En su caso, familiar. Está casada con Hernán Büchi, el ministro de Economía de Chile entre 1985 y 1989 y candidato del oficialismo en las presidenciales de ese último año. El oficialismo era la dictadura de Augusto Pinochet.
La virtual secretaria de Educación es abogada y está vinculada a la Universidad del Desarrollo en Chile. La UDD nació en 1990 y es una usina de ideas neoliberales. Urrutia se ha desempeñado allí como investigadora. Además, tiene un máster en Economía y Ciencia Política de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Es el instituto universitario creado en 1978 por Alberto Benegas Lynch (h), el «prócer del liberalismo» según el próximo Presidente. Bengas Lynch (h) sería, pues, el nexo entre Milei y Urrutia.
En defensa de la dictadura
Un elemento que muestra la profesión de fe de Urrutia en «las ideas de la libertad» es su mirada abiertamente negacionista respecto del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. La revista chilena El Líbero publicó en 2018 un artículo firmado por ella, en ocasión del 42° aniversario del asalto al poder.
«La pacífica sublevación militar que destituyó al gobierno de Isabelita gozó de un apoyo irrestricto de parte de todos los partidos políticos, personalidades y estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías». Conviene precisar que el golpe militar no fue cruento en cuando al desalojo del gobierno constitucional: apenas se desvió el rumbo del helicóptero que llevaba a María Estela Martínez de Perón. Pero las formas se agotaron inmediatamente y comenzó una represión que dejó 30 mil desaparecidos.
«Durante los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el pedido de cambio de gobierno», sañala en su texto, al tiempo que cita declaraciones de dirigentes en favor del golpe, como si eso lo justificara. Más adelante se explaya en derredor de la teoría de los dos demonios respecto de una «guerra interna».
Cuando llega a la reapertura de los juicios, dice lo que sigue: «Al asumir Néstor Kirchner decide reimpulsar estos juicios, por venganza, por armar un relato, por un acuerdo con la extrema izquierda, da igual. El hecho es que estos juicios que estaban cerrados, con el problema solucionado desde punto de vista legal, institucional y constitucional y que habían pacificado al país —con tensiones, pero ningún país sale de una guerra civil sin tensiones— se reabren».
Urrutia llega al extremo de afirmar que la dictadura no cometió delitos de lesa humanidad, «porque no habían leyes vigentes al momento de los hechos que contemplaran el crimen de lesa humanidad». En rigor, puede referirse al derecho interno argentino, que adoptó los tratados internacionales con rango constitucional en la reforma de 1994. Pero en los hechos, ya había jurisprudencia en la materia desde el fin de la Segunda Guerra para referirse a los crímenes del nazismo. Para entonces, y en base a la lucha contra la impunidad turca en la masacre de armenios de 1915 a 1923, Raphael Lemkin ya había acuñado el término «genocidio«.
La funcionaria mileista considera que en los 70 hubo «un ataque deliberado y sistemático a Montoneros, al ERP y a organizaciones de menor envergadura» sin considerar a la población civil, y que «ese ataque estuvo mal llevado, con irregularidades graves, con procedimientos inaceptables» que no constituyen delitos de lesa humanidad «porque no fue ataque a población civil sino a población combatiente».
«Aborrecible revancha»
Acto seguido, asegura que «el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional cometió errores y horrores en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden endilgarles sus enemigos». No habla de dictadura, niega la magnitud del horror y desprecia los avances jurídicos en base a «que debe prevalecer la norma que le resulte más benigna (se refiere al reo), como también que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo crimen y el de la irretroactividad de las leyes». Todo en defensa de quienes violentaron el orden jurídico, y que ahora, según ella, sufren «la paradoja de convertir esa categoría de delitos de indudable progreso humanitario en mero instrumento de persecución ideológica, de arbitraria discriminación y hasta de aborrecible revancha».
Sobre la base del apoyo civil menciona a embajadores de origen político como «el radical Héctor Hidalgo Solá» en Venezuela, sin aclarar que el diplomático está desaparecido. Y añade eso: «Asimismo, el Partido Comunista emitió proclamas de apoyo al gobierno. Tan así que ésta fue la primera gestión cívico-militar que no prohibió ni declaró ilegal al polémico partido». Tan cierto como la postura del PC hacia Videla (al que no consideraban un general del ala dura) es el hecho de que no se permitía la actividad política de ningún partido político durante la «gestión cívico-militar» y que también hay desaparecidos del «polémico partido».
El artículo se titula «La verdad oficial sobre la última dictadura militar argentina» y parece dudoso que haya sido Urrutia quien usara la expresión «dictadura militar», en un texto en el que no aparece la palabra «dictadura» y en el que habla de «la gestión del Presidente Videla». La edición no habría impedido que se trate de una pieza negacionista de punta a punta.