A 10 días de que Javier Milei asuma la presidencia de la Nación, la Corte Suprema rechazó este jueves las excusaciones y recusaciones a jueces que presentó el Gobierno Nacional en la causa que le inició la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de fondos coparticipables dispuesto por Alberto Fernández en 2020.
Con esta decisión, que fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal ya está en condiciones de tomar una decisión de fondo.
Conflicto por la coparticipación
El conflicto por la coparticipación inició en enero de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri aumentó los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal, un porcentaje que luego bajó al 3,5%.
En septiembre de 2020, en respuesta a un reclamo de policías bonaerenses que rodearon la quinta de Olivos para exigir un aumento de sueldo, Alberto Fernández firmó el decreto 735/2020, que quitó parte (1,18%) de los fondos coparticipables extra que Macri le había regalado a la Ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires.
Esa quita luego quedó fijada por una ley en el Congreso, hasta que en diciembre de 2022 la Corte dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad que dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo el Estado Nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. Esa decisión generó un gran malestar entre los gobernadores, que dijeron que se trató de «un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento».
Un nuevo favor de la Corte
Días después de esa cautelar del máximo tribunal, el Estado Nacional pidió el apartamiento de los jueces de la Corte, ya que, según argumentó la gestión de Alberto Fernández, al dictar la medida los ministros del tribunal anticiparon definiciones sobre cuestiones de fondo que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva.
En esa oportunidad, les pidió que ellos mismos se “excusaran” y, en caso contrario, pidió la recusación. Respecto a Rosenkrantz, el Estado también señaló que él había sido abogado de la provincia de Santa Fe en un caso similar y que eso lo obligaba a apartarse.
Rosatti, en tanto, recibió otra recusación luego de una filtración de chats en los que su mano derecha, Silvio Robles, le avisaba a Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de Seguridad porteño, que la Corte había rechazado la recusación del magistrado en la causa de la coparticipación porteña. Esos intercambios, señaló el gobierno de Fernández, generaban un “fundado temor de parcialidad” contra el Estado Nacional porque probaban que desde la vocalía de Rosatti le estaban dando información del caso y recomendaciones a una de las partes.
En la sentencia de este jueves, la Corte le advirtió al Estado Nacional que solo los jueces pueden decidir si se excusan o no. En relación con las recusaciones, respondieron que las que fueron planteadas “resultan manifiestamente improcedentes”.
En cuanto a la recusación puntual contra Rosatti, el fallo dice: “Se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado”.
