El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en conferencia de prensa, a las 21 horas de este miércoles, que se logró reflotar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en 2022 (un remedo del que el propio Caputo pergeñó en 2018), e insistió en la necesidad de que se aprueben las reformas enviadas al Congreso. «Si no se aprueban, habrá medidas más duras y la gente sufrirá más», lanzando sin cambiar el tono coloquial de su voz, una amenaza que no tuvo nada de velada.
Como resultado del acuerdo alcanzado con la misión técnica del Fondo, este último elevará al directorio del organismo (previa aprobación de la Gerencia) las nuevas metas. Sujeto a la aprobación del Fondo esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares.
«Es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre que, para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la CAF, (más) el vencimiento de enero y el que va a venir en abril. Esos tres vencimientos suman aproximadamente ese monto», detalló Caputo, acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
El ministro explicó además que si el país «quisiera ir a un nuevo acuerdo y eventualmente pedir nuevos fondos, el Fondo Monetario está abierto a esa posibilidad, pero nosotros creemos que es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público».
Luego, al ser interrogado sobre las medidas incluídas en el DNU por la emergencia económica y la ley ómnibus que ya se debate en el congreso, Caputo afirmó que «la sociedad acompaña esto, la duda de muchos es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias. Si la Ley no pasara sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos».
El documento del Staff
A su vez, el Fondo Monetario Internacional colgó en su página oficial el comunicado del staff técnico que visitó Buenos Aires entre el viernes pasado y este martes. En sus puntos principales afirma:
“El personal del FMI y las autoridades argentinas llegaron a entendimientos sobre un conjunto de políticas económicas que pueden restaurar la estabilidad macroeconómica en Argentina y volver a encarrilar el programa actual. Este acuerdo, sujeto a una implementación de políticas continua y duradera, se presentará para su aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del FMI en las próximas semanas. Una vez finalizada la revisión, Argentina tendría acceso a alrededor de US$ 4.700 millones (o DEG 3.500 millones), lo que sería consistente con alguna reprogramación dentro del paquete del programa.
“El programa se desvió gravemente. No se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y atrasos internos, y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor. Tampoco se cumplieron los objetivos de reservas internacionales netas, con desviaciones con respecto al objetivo de fin de año de alrededor de 15 mil millones de dólares antes del inicio de la nueva administración.
“En este contexto, el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron rápida y decisivamente para desarrollar y comenzar a implementar un sólido paquete de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y están totalmente decididos a volver a encarrilar el programa actual.
“Las autoridades están consiguiendo apoyo social y político para su plan de estabilización. El plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte y creíble, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado.
«Si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis. En las etapas iniciales, la eliminación de los controles de precios heredados y la corrección del desajuste cambiario tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad que ya está en marcha.
Puntos clave
La política fiscal. Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año. Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola. Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad.
Protección social. Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de costosos intermediarios. Planean preservar el valor real de las pensiones
Política cambiaria y reservas. Tras la gran devaluación de mediados de diciembre, la política cambiaria de las autoridades seguirá apoyando los objetivos de acumulación de reservas. Es importante destacar que han abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación (SIRA) y están en el proceso de abordar el gran sobreendeudamiento de los importadores, ofreciendo instrumentos cambiarios a los importadores que registren adecuadamente sus deudas comerciales. Se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación de reservas netas de 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023.
La política monetaria. Las autoridades se han comprometido a poner fin al crédito del banco central al gobierno y seguirán reduciendo el gran excedente de pesos, al tiempo que fortalecerán gradualmente el balance del banco central.
Planes de financiación. De acuerdo con el programa fiscal, el gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna.
Políticas estructurales. Las autoridades están decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento y las exportaciones, e impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina. Las recientes iniciativas legislativas representan un paso importante en esta dirección, para el cual se está buscando apoyo político.
