Fabián «Pepín» Rodríguez Simón lo hizo: consiguió que la jueza María Servini le conceda la exención de prisión y podrá volver al país lo más tranquilo sin riesgo de quedar detenido. Como condición la magistrada le impuso una caución real de 3.120 millones de pesos. El 21 de mayo se cumplirán tres años desde que lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional y su extradición. Había huido a Uruguay para no presentarse a la citación a indagatoria en la causa en la que se lo investiga por amenazas y coacción a los dueños del Grupo Indalo, a quienes el gobierno de Mauricio Macri quería desapoderar de sus empresas. En el país vecino nunca consiguió que lo reconozcan como un refugiado político y ahora, tal como anticipó Página|12, encontró las condiciones político-judiciales propicias para su retorno.
El principal operador judicial del macrismo llevaba 1247 días prófugo pero en un giro sorprendente la jueza Servini consideró que ahora muestra «un cambio de actitud» al ofrecer ponerse a derecho y cumplir con la indagatoria. Rodríguez Simón alegaba que era un perseguido político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y vaticinaba que no tendría garantías judiciales, pero ahora –dice Servini– se muestra buena predisposición a presentarse en la misma causa que antes consideraba «plagada de irregularidades procesales donde no se le permitía ejercer su derecho de defensa en juicio». Para la jueza ese cambio de postura «demuestra lo errado que estaba» «en su idea de considerarse ‘perseguido'».
Lo que cambió para Rodríguez Simón, en rigor, es el escenario político con el gobierno de Javier Milei, con el que dice que volvió el Estado de Derecho. Pero además, como escribió el periodista Raúl Kollmann, tenía una promesa de Macri de que si regresaba al país no la pasaría mal y, si llegaba a quedar detenido, sería beneficiado por la Cámara Federal.
El argumento del operador sobre su supuesta persecución es una falacia puesto que si hubo un gobierno que ejerció persecución política fue el de Macri, que en tandem con parte de Comodoro Py y la creación de la famosa «doctrina Iruruzun» que metió presos a exfuncionarios y empresarios a quienes incluso espió durante su estadía en la cárcel. Rodríguez Simón fue un hombre clave en esa tarea, que incluyó el ataque a jueces y fiscales que al macrismo no el gustaban, como sucedió con la exProcuradora Alejandra Gils Carbó. También propició el nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema sin acuerdo del Senado.
Próximos pasos
El fiscal Guillermo Marijuán había dictaminado en contra de conceder la exención de prisión a Rodríguez Simón porque ya se había escapado una vez para eludir la causa judicial y no dar explicaciones. Su defensa argumentó que no había entorpecido la investigación, que si fuera condenado no debería serlo por una pena de cumplimiento efectivo (esto es opinable ya que el delito de extorsión prevé una pena de 5 a 10 años), y que su familia está arraigada en Argentina.
Para hacer lugar al pedido que lo eximirá de la cárcel pese haberse escapado tres años, la jueza Servini insistió con la teoría de la modificación de la actitud de «Pepín», que «permitiría avanzar en el trámite del expediente, en principal sobre su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria que oportunamente ordené, y que en consecuencia pueda ejercer su derecho de defensa». En la resolución indicó que levantará la orden de captura cuando cumpla con la caución de 3.120 millones de pesos. No es que tiene que poner el dinero, puede ofrecer –por ejemplo– propiedades, algo que no parece imposible y para lo cual podría contar con la ayuda del propio Macri. También dejó sin efecto la inhibición general de bienes.
Para fijar el monto en cuestión la jueza dice que tuvo en cuenta los delitos imputados (amenazas y extorsión), «que el beneficiario tiene bienes en el país, desempeñó largamente la profesión de abogado de manera privada, como así también diferentes cargos públicos; y fundamentalmente que estuvo prófugo, inhibido, con los productos bancarios congelados, desde hace casi tres años, no obstante lo cual pudo satisfacer sus necesidades en el exterior del país con todo lo que ello implica».
Las medidas que le impone son: prohibición de salida del país, entregar el pasaporte, presentarse ante el juzgado los primeros cinco días hábiles de cada mes, solicitar autorización al tribunal si pretende ausentarse de su domicilio más de 24 horas, avisar también un día antes si lo modifica.
El poder de «Pepín»
Rodríguez Simón viajó a Uruguay en diciembre de 2020 cuando ya se vislumbraba su posible citación en la causa donde se investigaban los aprietes a los accionistas de Indalo, Cristobal López y Fabián De Sousa. El primero, en su testimonio ante la jueza, había contado que tanto Macri como Rodríguez Simón lo habían encarado antes y en los inicios del gobierno de Cambiemos.
«Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró», fue parte de lo que testificó López. El objetivo del macrismo golpear económicamente al grupo, en especial Oil Combustibles y los medios como C5N y Radio10.
López relató que tiempo después lo citó Rodríguez Simón. «El Presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen», relató que le dijo el operador. «Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego», amenazó. El punto era, agregó, que vendiera su participación en esas empresas. Después vino la ofensiva con Oil y con una acusación por una supuesta deuda impositiva de 8 millones a la AFIP por la que López y Fabián de Sousa estuvieron dos años presos y finalmente terminaron absueltos.
Cuando Macri salió en defensa de Rodríguez Simóndijo que sólo quería cobrar impuestos (a las empresas del juego). Sin embargo, el operador ni siquiera integraba el gabinete nacional pese a que tenía escritorio en la Casa Rosada. Era director de YPF y Parlasur. Obtuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después que se ocupara del desguace de Lotería Nacional) pero para ese entonces los aprietes denunciados ya habían ocurrido y López y De Sousa que no cedieron a los aprietes, habían sido enviados a prisión. «Pepín» era un hombre clave para Macri, un todoterreno que hasta lo acompañó a Estados Unidos a las negociaciones con el FMI. Y tuvo «un poder general judicial y para gestiones administrativas» para actuar en nombre del expresidente, a quien ayudó a esquivar las acusaciones por los Panamá Papers.
Servini lo citó a indagatoria después de recibir un análisis de sus llamadas entrantes y salientes: sin tener cargo en el Poder Ejecutivo registraba 400 contactos con la Secretaría General de la Presidencia, 140 con un abonado de jefatura de Gabinete, que sería Mario Quintana; 162 con el ministro de Justicia, Germán Garavano, 59 con el supremo Rosenkrantz, 225 con directivos y periodistas de los medios alineados con el macrismo, entre muchísimas otras comunicaciones. La jueza analizó coincidencias entre esas llamadas y los aprietes a los empresarios. Rodríguez Simón ya se había ido a Uruguay. Incluso ocurrió el absurdo de que la jueza le prohibió salir del país cuando ya estaba del otro lado del charco.
Ahora le otorga un beneficio que muestra la doble vara de Comodoro Py respecto de como actuaron algunos jueces con exfuncionarios del kirchnerismo. Además de las prisiones preventivas, siempre vale recordar que a Héctor Timerman Claudio Bonadío le prohibió en la causa del Morándum ir a estados Unidos a continuar su tratamiento contar el cáncer y el excanciller falleció en medio del proceso. Incluso es difícil pensar que la misma facilidad que a Rodríguez Simón le darían a alguien ligado al narcomenudeo o un ladrón cualquiera.
«Pepín» lo hizo: la Justicia permitirá que vuelva al país sin quedar preso
