La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió a Israel “detener inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, en el extremo sur de Gaza, y le ordenó “garantizar el acceso sin impedimentos” a la Franja de “cualquier misión” que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes.
En una nueva orden de medidas cautelares en protección de los derechos de los palestinos, protegidos como grupo por la Convención sobre el Genocidio, la CIJ urgió a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan causar su destrucción física total o parcial”.
«Medidas efectivas»
Además, le ordenó “tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a toda la Franja de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigativo” bajo órdenes de alguno de los órganos competentes de la ONU “para investigar las denuncias de genocidio”.
Asimismo, exigió al Gobierno israelí “mantener abierto” el cruce de Rafah para “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” entre la población palestina de Gaza.
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Todas estas medidas cautelares fueron votadas por un panel de 15 jueces y aprobadas con 13 votos a favor y dos en contra. La oposición fue del juez israelí Aharon Barak, nombrado ‘ad hoc’ por Israel para tener representación ante la CIJ, así como de la jueza Julia Sebutinde, de Uganda, que ya ha votado en contra de otras decisiones aprobadas por mayoría en este tribunal en el contexto de la situación en Gaza.
Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con todas las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas hoy por el tribunal.
Además de estas nuevas medidas, la CIJ advirtió a Israel de que debe también poner en marcha las cautelares anunciadas en enero y marzo, lo que incluye evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza y dejar de “impedir” el acceso de ayuda humanitaria a la Franja.
Rehenes
El tribunal de la ONU pidió además la «liberación inmediata e incondicional» de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamas en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos desde entonces en Gaza.
El máximo tribunal de la ONU carece de medios propios específicos para imponer sus decisiones. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó el viernes que los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son «vinculantes» y deben ser respetados. «Las decisiones del Tribunal son vinculantes y confía en que las partes cumplirán debidamente la orden del tribunal», afirmó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.
La respuesta de Israel
El gobierno israelí replicó poco después que su ejército «no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente».
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizó este viernes una consulta telefónica con varios ministros de su gobierno y con el “ombudsman” para abordar la respuesta de Israel al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó detener la operación militar en Rafah.
La reacción de Hamas
Hamas elogió el fallo de la corte, pero estimó que Israel debería cesar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah.“Esperábamos que la Corte Internacional de Justicia emitiera una decisión para detener la agresión y el genocidio contra nuestro pueblo en toda la Franja de Gaza. Lo que está sucediendo en Yabalia y otras gobernaciones de la Franja no es menos criminal y peligroso que lo que está sucediendo en Rafah”, sostuvo en un comunicado.
En su nota, la organización islamista también pide a la comunidad internacional y a la ONU que “presionen” a Israel para que cumpla el fallo adoptado por la CIJ el cual también incluye la reapertura del paso fronterizo de Rafah, y la entrada “sin impedimentos” de las agencias humanitarias a la Franja para la investigación de presuntos crímenes de guerra.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, acogió con satisfacción la decisión de la corte. “Llamamos a la comunidad internacional a obligar al Estado ocupante a implementar las decisiones de la CIJ y a presionarlo para que respete y aplique las decisiones sobre la base de la legitimidad internacional y el derecho internacional”, indicó el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en zonas reducidas de Cisjordania ocupada, pero no en Gaza, donde lo hace Hamas.
Sudáfrica acusa
La CIJ se pronunció este viernes en base a un pedido de Sudáfrica, que sostiene que la operación israelí en Gaza constituye un «genocidio». Israel afirmó ante la corte que un cese al fuego impuesto permitiría un reagrupamiento de los combatientes de Hamas e imposibilitaría la liberación de los rehenes.
El Gobierno de Sudáfrica celebró la decisión “pionera” de la CIJ. “Esta orden es pionera, ya que es la primera de la que se hace una mención explícita para que Israel detenga su acción militar en cualquier zona de Gaza”, dijo en un vídeo difundido en redes sociales el director general del Departamento (Ministerio) sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés), Zane Dangor.
En enero, también tras una denuncia de Sudáfrica, este tribunal ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar actos de genocidio y permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, pero sin exigir un alto el fuego como demandaba Pretoria.
Sudáfrica consideró que la evolución de la situación, especialmente por la incursión de tropas israelíes en la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, exigía una nueva intervención del tribunal.
Esta misma semana, el fiscal de otro tribunal supranacional, la Corte Penal Internacional (CPI), pidió que se emitan órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamas. El fiscal Karim Khan considera que los dirigentes de ambos bandos podrían ser responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza y en Israel.
«Caricatura»
Sudáfrica pide a la CIJ medidas urgentes mientras sus jueces estudian el fondo del asunto, es decir, la acusación de que Israel estaría vulnerando la Convención sobre el Genocidio de 1948.
En la audiencia en la CIJ la semana pasada, el representante sudafricano declaró que «el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase» y acusó al Estado hebreo de torturas, bloqueo de la ayuda humanitaria y de enterrar a personas en fosas comunes.
Israel respondió que la acusación sudafricana estaba «totalmente desconectada» de la realidad y la definió como una «caricatura» de la Convención de la ONU sobre el Genocidio.
Antes de una previsible invasión de Rafah, el ejército israelí ordenó evacuaciones masivas de esa localidad, a fin de eliminar a los que considera los últimos batallones de Hamas, destruir su red de túneles y rescatar a los rehenes.
Según la ONU, estas evacuaciones desplazaron a 800.000 personas, en tanto que que un millón de gazatíes, de los 2,4 millones que viven en la Franja, se enfrentan a «niveles de hambre catastróficos».
La guerra entre Israel y Hamas estalló con el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre, que mató a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles. Los milicianos de Hamas también secuestraron a 252 personas, de las que 121 siguen en Gaza. El ejército israelí estima que 37 de ellas han muerto. La ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta el momento 35.800 muertos, principalmente civiles.
