El Gobierno evitó condenar la visita que diputados del oficialismo hicieron a genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad. La administración de Javier Milei afirmó que no puede decir que ese hecho sea “repudiable o no”, sostuvo que la información que circuló al respecto “no fue tan correcta” y consideró que el gesto de respaldo a los represores “fue parte de la agenda personal de los diputados”.
El borroso pronunciamiento del Poder Ejecutivo respecto del escándalo desatado por cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) que con autos oficiales viajaron hasta la Unidad 31 de Ezeiza a visitar a Alfredo Astiz y otros represores presos estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni, quien se esforzó por relativizar el caso y por despegar al Presidente de lo que hacen sus propios legisladores.
«Es una agenda personal de los diputados, que además ni representan a la totalidad del bloque ni al Poder Ejecutivo porque son parte del Poder Legislativo”, dijo en un rapto de pedagogía.
La pregunta clara que se le había hecho fue si el Gobierno avalaba esa visita o si acompañaba la investigación que el Congreso debería iniciar para analizar eventuales sanciones. Adorni no respondió ni una cosa ni la otra.
“Es algo personal de queda diputado”, indicó. “Condenamos todo lo que esté en contra de la ley, pero no nos metemos con la agenda personal de los diputados estemos o no de acuerdo, nos parezca repudiable o no”, lo que hicieron, insistió.
La visita tuvo lugar el 11 de julio pasado hicieron los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci. Quedó probado que se movilizaron en autos oficiales, lo cual le quita al hecho la órbita de lo personal y le da un carácter institucional.
Pero Adorni lo relativizó. “A cada diputado que pide un traslado se le otorga independientemente de cuál sea el destino”, dijo. También puso en tela de juicio la precisión de la visita fue hecha nada más y nada menos que a Astiz.
“Cuando averigües –le dijo al periodista que le preguntó- te vas a dar cuenta de que la información no fue tan correcta, de que no fue tan específica a un personaje determinado (por Astiz).”
Finalmente y de manera expeditiva opinó que “el Poder Legislativo debe evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado debe hacer” y dijo que el caso “es un tema que (al Gobierno) nos excede”.
Aunque no lo condene formalmente ni lo avale explícitamente, el oficialismo aún debe decidir qué posición tomará con ese acto de respaldo a los represores que fue condenado por todo el arco de las organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
En el tema deberá tomar cartas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que quiso sacarse el caso de encima hasta que, tal como lo informó Página/12, diputados del PRO, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, que pidieron que al menos llamara al orden a los legisladores en cuestión.