Mientras se lleva a cabo el juicio oral sobre los autores materiales del intento de asesinato a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, dirigentes de La Cámpora adviertieron sobre el «pacto de impunidad» que garantiza que no se avance en la investigación sobre los autores intelectuales del atentado.
«Elevaron a juicio a los autores materiales pero hay otras vinculaciones», aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, quien puso la lupa en sectores «muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal» a quienes consideró que son los responsables para que no se sepa qué ocurrió el 1 de septiembre con Cristina Kirchner. Allí explicó, por caso, que «la jueza Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono de Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entrega dos aparatos, uno comprado posterior al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio. La Corte Suprema que no actúa y el Poder Judicial muestra su peor cara”, agregó el funcionario.
Mena no fue el único en poner en tela de juicio la actuación de Capuchetti. A su declaración se le suma, por caso, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien se preguntó las causas por las cuales la jueza no quiere ampliar la investigación. «Quizás tenga que ver que haya sido designada por Macri, que tenga vínculos políticos con Ritondo, que se haya descubierto que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está terminantemente prohibido”, dijo, como posible respuesta a su duda inicial.
“Este juicio se inició sólo para los autores materiales, no para los intelectuales y financieros. Hay un claro pacto de impunidad. Se manipularon las pruebas, no se investigaron las relaciones políticas y empresariales, con un apoyo no sólo ideológico sino que facilitaron el intento de asesinato”, agregó Vilar.
Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cuestionó: “¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Fue seis veces recusada por haber destruido la prueba del celular de Sabag Montiel, que se borró y rompió el celular en su juzgado. Además, se negó a investigar la pista Millman (acusado por su secretaria) y tampoco investigó el financiamiento probado de la familia Caputto y más”.
Otro de los dirigentes que cuestionó que la causa no investigue a los autores intelectuales del intento de asesinato fue Rodolfo Tailhade. “El juicio por el intento de magnicidio no sirve para saber quién mandó a matar a Cristina, sólo sirve para ver con claridad el pacto de impunidad entre sectores políticos, mediáticos y judiciales, para no investigar a los instigadores y los financistas del atentado”.
“No lo vas a ver como titular de ninguno de los grandes medios de comunicación, pero detrás del intento de asesinato a Cristina hay un gran pacto que garantiza la impunidad de quienes fueron los autores intelectuales de este grave hecho”, añadió en la misma línea la diputada nacional porteña Paula Penacca.
Persecución judicial
En este marco, la dirigenta cordobesa Gabriela Estévez agregó que “en dos semanas declarará Cristina en el juicio por el atentado en su contra. Este proceso juzga solo a los responsables materiales, sentenciará lo que todos vimos y es imposible omitir”.
“El poder judicial oculta a los verdaderos responsables del atentado a Cristina Kirchner”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. En esa línea, aseguró: “La persecución judicial y la demonización a Cristina solo tienen como objetivo disciplinar a aquellos que tienen responsabilidades políticas para que no intenten enfrentarse contra el poder económico. Todos los días este gobierno le quita más derechos a la clase trabajadora, y no es causalidad. Ya lo había dicho Cristina, vienen por todo, no iban por ella, vienen por todo el pueblo argentino”.
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, también se refirió a la causa que reinicia las audiencias el próximo miércoles 31 de julio: “Mientras el pueblo argentino se encuentra padeciendo nuevamente el desempleo, la pobreza y el hambre, Cristina Fernández de Kirchner es objeto de una farsa judicial inédita, donde en una causa se la condena sin pruebas y en otra se omite investigar a los autores intelectuales del atentado en su contra”.
El intendente agregó: “Bajan los salarios y atacan a Cristina. Destruyen las jubilaciones y atacan a Cristina. Suben el desempleo y atacan a Cristina. Privatizan el país y atacan a Cristina. Hambrean a los chicos y atacan a Cristina. No es solo correlación. Es sobre todo causalidad”.
“¿Qué esconden? Los autores materiales sabemos quiénes fueron. Los vimos disparar en la TV, pero queremos saber quién lo diseñó, quién lo planeó, quién los financió”, sentenció la diputada y ex titular de PAMI, Luana Volnovich.
“Y no nos olvidemos del diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, quien le facilitó el perito informático que formateó su celular y los de sus asesoras. Milman es el diputado al que le escucharon decir en un bar ‘cuando la maten voy a estar camino a la costa’, días antes del atentado, y quien hasta el día de hoy, no ha sido acusado ni investigado”, recordó el diputado nacional por Entre Ríos, Tomas Ledesma.
“La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo solo obstaculizaron la investigación que hoy está plagada de irregularidades, la pregunta es ¿A quién o quiénes protegen?”, señaló la dirigenta jujeña y diputada nacional Leila Chaher.
“Intentan invisibilizar el hecho más grave desde la vuelta de la democracia. ¿Por qué bajo la custodia de la jueza María Eugenia Capuchetti se rompió y se borró el celular de Sabag Montiel y esto no fue ni es un escándalo mediatico ni Judicial?”, cuestionó.
La legisladora nacional Florencia Carignano se refirió también respecto a las impericias de la investigación, cuestionando “por qué no investigan a Patricia Bullrich y al actual ministro Caputo, que le pagó millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, por hacer mesitas de luz?”. “Muy turbio todo”, agregó.
