Tras revelar los chats sobre la organización de la visita a los genocidas presos en Ezeiza, la diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, continúo publicando contenido del grupo de WhatsApp organizado por el cura Javier Olivera Ravasi y compartió los «proyectos de Ley y el decreto reglamentario» que proponían en el grupo de legisladores del bloque oficialista «para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas».
Lo que publicó Arrieta son capturas de pantalla del borrador de un proyecto de ley y un decreto reglamentario respecto de uno de los temas que, de acuerdo a los chats revelados ayer, era «fundamental» para los diputados involucrados en las negociaciones con los genocidas: la figura del «plazo razonable». La argumentación del documento compartido, con citas a la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Estatuto de Roma, pretende reglamentar bajo ese principio la liberación de los genocidas por una supuesta demora en el proceso de justicia. Página/12 había dado cuenta de esas iniciativas a principios de este mes.
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Según el detalle del decreto reglamentario, la intención es garantizar la libertad de aquellos exmilitares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
«Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal», argumentan en el primer artículo. En la misma línea, formalizan que «el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme».
Una reunión en la calle Montevideo
«Tengo entendido que son varios legisladores que se reúnen el 14 de marzo en la calle Montevideo a esbozar este proyecto junto con otros abogados», señaló Arrieta esta mañana en una entrevista con Radio con Vos, tras publicar la documentación. La reunión a la que se refiere, según revelaron los chats publicados ayer, ocurrió en Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, y asistieron a ella más legisladores oficialistas que los que se conocieron a través de la foto de la visita al penal.
«María Emilia Orozco (diputada de LLA por Salta) fue a esa reunión y después salió a hablar en contra mío, diciendo que estuvo mal lo que hice al visitar el penal de Ezeiza, que no represento a La Libertad Avanza», apuntó Arrieta esta mañana contra una de sus colegas de bloque y pidió al presidente Javier Milei «un replanteo de quiénes deberían quedar en LLA y un pedido de disculpas, porque están confundiendo al electorado que lo votó».
El proyecto de Ley para liberar genocidas
La documentación que compartió Arrieta es parte del objetivo original del grupo conformado por el cura Olivera Ravasi e integrado también por abogados como María Laura Olea y exjueces como Eduardo Riggi, pero también los letrados Maximiliano Frola -exprosecretario de la Corte menemista- y a Enrique Munilla Lacasa.
Ese primer grupo fue denominado “Comida informal con el Padre Javier x milit», que desde fines de febrero estaba «puliendo» dos proyectos de ley que tenían como fin «regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal». Ambas iniciativas con el fin de «obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria» manifestando que “los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad», según consignan los chats.
La primera arrepentida de la visita al penal de Ezeiza, la diputada Rocío Bonacci también había denunciado las negociaciones entre los legisladores y los genocidas para avanzar con proyectos de ley al contar que el represor Raúl Guglielminetti –exagente del Batallón de Inteligencia 601 condenado– le había entregado al diputado Beltrán Benedit –otro de los señalados como organizador– un proyecto redactado en birome con la leyenda “ideas de prisión domiciliaria”.
El «plazo razonable»
El proyecto de ley denominado «Plazo Razonable» busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimines de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.
El borrador del documento establece: «Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: «Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo´».
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