La trama de Comodoro Py alineada principalmente con el macrismo, acaba de protagonizar un adelanto inédito: hasta en la tapa de los matutinos adictos se publicó que Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión en la llamada causa Vialidad. El juez Gustavo Hornos, visitante de Mauricio Macri en la Casa Rosada y doblemente acusado por violencia de género y hasta violación, ya había adelantado su voto en agosto: se pronunció por elevar la condena a 12 años sosteniendo que en las obras viales de Santa Cruz CFK fue jefa de una asociación ilícita. Por lo publicado este fin de semana, Mariano Borinsky -otro visitante de Macri en Olivos y Casa Rosada- y Diego Barroetaveña, un firme integrante de la corriente macrista de los jueces, se inclinan por confirmar los seis años de prisión que se dictaron al final del juicio oral. El abogado de la expresidenta presentó varios escritos este lunes, uno señalando que la grosera filtración coincide con los brutales ataques del presidente Javier Milei contra Cristina y que, además, se vulneró el obligatorio secreto de la deliberación de los jueces, que, en caso contrario, el fallo es pasible de nulidad. En concreto, el letrado sostiene que hay una indebida intromisión de sectores políticos y mediáticos.
La condena de Cristina
Desde un punto de vista judicial, Cristina quedaría en la misma situación que Carlos Menem en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Curiosamente, en aquel expediente el ahora camarista Borinsky fue el fiscal a lo largo de todo el proceso. En ese expediente, la Corte dio vuelta el fallo y Menem terminó absuelto. En cierto sentido, también hay algo de parecido con lo que ocurrió en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva: fue procesado y encarcelado, pero luego absuelto por el máximo tribunal.
Está cantado que el defensor de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, presentará el recurso extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema y en el máximo tribunal los tiempos son imprevisibles. La semana pasada, la Corte confirmó las condenas de Enrique Mathov y Rubén Santos por la represión de diciembre de 2001. El juicio recién terminó en 2016, la condena en Casación fue en 2020 y el máximo tribunal tardó cuatro años en confirmarlo. Nada menos que 23 años en total. En julio de 2024, los cortesanos ratificaron la cadena perpetua de Nahir Galarza, que mató a Fernando Pastorizzo en 2017. Tardaron siete años, pero el trámite fue más rápido porque había una persona en prisión, Nahir.
Casi sin precedentes
Las filtraciones de fallos de Comodoro Py no son inhabituales, pero siempre transitaron por fórmulas que usaron los condicionales: “los magistrados resolverían”, “todo indica que podría haber condena”. Suele ocurrir más cuando quien debe decidir es un solo juez, más que un tribunal colegiado de tres magistrados. Lo ocurrido ahora -admiten en Comodoro Py- no tiene precedentes: se anticipan, sin vacilaciones, sin condicionales, los votos de los tres magistrados, dos por confirmar la condena a seis años de prisión, uno por agravarla a 12 años.
En el edificio de Retiro sostienen que los tiempos son los normales y que todo se produce ahora por los plazos tradicionales de la Casación: no hay nada político, afirman.
Un momento oportuno
Cristina y su abogado, Beraldi, no parecen pensar lo mismo. Este mismo lunes el letrado presentó un escrito denunciando intromisiones políticas y mediáticas.
El letrado señala dos hechos:
- «El sábado, en el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei, exhortó a los magistrados para avanzar y ratificar la injusta condena de nuestra asistida”.
- «El domingo, el diario La Nación afirmó que en el transcurso de esta semana se habrá de confirmar la condena, describiendo cada uno de los votos redactados por los jueces. Incluso se menciona que uno de los jueces modificó su criterio».
“Todo ello importa -dice Beraldi- una grave transgresión a lo previsto en el artículo 396 del Código Procesal que dispone que la deliberación de los jueces será secreta, bajo pena de nulidad”.
El detrás de la ofensiva
Aunque no lo diga, la nueva ofensiva contra CFK tiene como trasfondo un conjunto de factores:
- El gobierno de Javier Milei se va desgajando y empieza a perder el respaldo hasta de sus propios votantes, incluyendo a parte de lo que era el núcleo duro.
- La crisis avanza en todos los terrenos. Esta semana se prevé una fuerte marcha universitaria. El aumento en las tarifas pone a casi toda la población en gravísimas dificultades para llegar a fin de mes.
- Todo eso explica que Milei quiso hacer el acto del sábado en Provincia de Buenos Aires, en La Plata, pero la perspectiva de fracaso lo disuadió. Terminó haciendo la convocatoria de Parque Lezama, con muy baja adhesión. Para colmo, los fracasos y debilidades derivaron en discursos cada vez más violentos.
- El macrismo está con muchas dificultades para aprovechar la oportunidad. Buena parte de su electorado se mudó a LLA, que cada vez más deja de tener el apoyo de varones jóvenes, pobres, y le va comiendo al PRO el electorado de mejor poder adquisitivo, más edad, pero sobre todo antiperonista.
- Cristina, después del golpe real y psicológico que significó el intento de asesinato de 2022, volvió a la escena pública con distintos documentos y apariciones. A eso sumó, un fuerte ida y vuelta directamente con Milei.
Todo ese cuadro de situación volvió a poner en marcha al grupo de tareas con sede en Comodoro Py, siempre alineado con el macrismo y con los poderes mediáticos y empresariales.
Una causa vacía
La condena de Casación por las rutas de Santa Cruz sólo se explica desde la política. Este cronista siguió las audiencias a lo largo de tres años y medio, desde mayo de 2019 hasta diciembre de 2022. En todo el proceso, prácticamente ningún testigo mencionó a Cristina, no se encontró ni un mail ni un chat en el que ella diera alguna instrucción. Las obras fueron planificadas, licitadas, adjudicadas y controladas en Santa Cruz y, como era lógico, hasta el ministro de Planificación, Julio De Vido, fue absuelto, justamente porque no intervino ni firmó resolución alguna.
Los jueces hablaron de sobreprecios en tres de las cinco obras que se hicieron, pero los peritos que defendieron esa postura naufragaron en el juicio de manera estrepitosa.
Se utilizaron mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas, Jose López, aquel que tiró los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. No se registró ninguna comunicación con CFK y, en cambio, muchos diálogos de intimidad de López con empresarios macristas. Se adujo que del celular de López surgía la evidencia de pagos a Lázaro Báez al final del mandato de CFK. Los pagos nunca se hicieron.
Lo que viene
Según los diarios vinculados al macrismo, el fallo saldrá esta semana, para amortiguar la marcha de los universitarios. Todo parece demasiado obvio.
El fallo por supuesto no queda firme. Beraldi presentará un recurso extraordinario que, todo indica, la Casación va a otorgar. Es decir que suspenderá los efectos hasta que la Corte tome una resolución. Mientras tanto, Cristina podrá ser candidata, si así lo desea, como ocurrió con Carlos Menem cuando se postuló para senador de La Rioja. En ese momento, tenía el fallo confirmado por Casación en la causa Armas. Es posible que libertarios, macristas y otras fuerzas busquen bloquear a CFK a través de una ley de la llamada ficha limpia en el Congreso. Pero esa será otra batalla.
