Copiar y pegar. Tal como estaba previsto, la Sala IV de la Cámara de Casación, ratificó todas las condenas y absoluciones dictadas por el tribunal oral en la causa por las rutas en Santa Cruz. Lo grave es que el copy paste derivó en que no agregaron ni un argumento ni probatorio ni judicial a lo ya escrito. La condena a Cristina Fernández de Kirchner se basa en que, supuestamente, favoreció a Lázaro Báez para que ganara 51 de los 81 tramos de rutas que se construyeron en Santa Cruz. Los magistrados no pudieron contestar al argumento de que en las licitaciones participaron otras empresas que, no sólo no protestaron, sino que en el juicio oral dijeron, bajo juramento, que los procesos fueron normales y que Báez ganó las licitaciones porque podía ofrecer mejores precios: tenía el personal y las máquinas en la provincia.
El segundo argumento es que CFK dictó en 2009 el decreto 54 que habilitó el uso de un fideicomiso para pagar las obras. La realidad es que con ese fideicomiso se pagaron 500 obras de todo el país, fue controlado -y aprobado- por la Auditoría General de la Nación y, como señaló el jurista Rodolfo Barra -en las antípodas ideológicas de CFK-, no constituyó ningún delito. La tercera acusación contra CFK es que, al final de su mandato, se decidió crear una deuda a favor de Báez, librar un pago para que indemnizara a todos los trabajadores de la constructora y después se produjera un cierre, borrando todas las pruebas del supuesto delito. No hubo creación de deuda, no hubo pago alguno y no existió ninguna reunión entre Báez y CFK. La sensación que queda es que, como era previsible, el show de la condena y la proscripción debía continuar.
Copiado y extenso
A la hora señalada, las 11 de este miércoles, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña aparecieron para la foto. Todo fue breve: en apenas 10 minutos leyeron la parte dispositiva del fallo que consistió en confirmar las condenas dictadas hace dos años por el Tribunal Oral. Nadie se apartó ni un milímetro de lo anticipado por los medios: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina, seis años para Lázaro Báez y para el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, seis años para el ex secretario de Obras Públicas, José López, y condenas más bajas para los demás.
En el extenso texto, 1543 páginas, se repiten frases del estilo de “eso no llega a rebatir el argumento del fallo del tribunal oral”; “son argumentos ya planteados”; “se confirma lo que dijeron los magistrados” y similares. O sea, no hay una revisión integral, con nuevos elementos, algún enfoque nuevo o una nueva valoración de una prueba. Fue copiar y pegar. La periodista Sofía Caram descubrió, horas después, que eso fue literal: el juez Hornos copió dos veces la misma pagína del fallo del Tribunal Oral, repitiéndolo, palabra por palabra, en las páginas 452 y 453.
Hornos, seis veces visitante de Macri en la Casa Rosada, postuló agregar el delito de asociación ilícita, subiendo la pena a 12 años de prisión, pero Borinsky y Barroetaveña descartaron ese delito que, como se sabe, siempre fue un instrumento político. En su momento contra los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones guerrilleras. Ahora, se usa contra los líderes progresistas.
A partir de este miércoles, las defensas tienen diez días para presentar el recurso para llegar a la Corte Suprema. Está la versión de que, como es un expediente complejo, el plazo se estiraría a 40 días. De lo contrario, la fecha tope para presentar el recurso es el 28 de noviembre.
1.- Las claves del fallo: favorecieron a Lázaro Báez
Las acusaciones de la causa Vialidad fueron variando a lo largo de todo el proceso, pero al final se redondeó en unos pocos puntos. El primero, que Cristina y todos los demás jugaron a favor de que 51 de los 81 tramos fueran ganados por Báez.
- En primer lugar, nada vincula a CFK con esas licitaciones que se hicieron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz y se controlaron en Santa Cruz.
- No hubo un solo testigo en el juicio -las audiencias duraron tres años y medio–, que dijera que ella intervino de alguna manera o sugiriera algo.
- Hornos dice que empresas competidoras como Petersen fueron descalificadas por presentar precios un 20 por ciento por encima de lo presupuestado y que, en cambio, a Báez no lo descalificaban. Ninguna empresa competidora -muy enemigas de Báez- se presentó nunca a judicializar la licitación, protestando por algún supuesto fraude. Pero, además, los competidores Carlos Wagner, Juan Chediak y hasta el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, declararon en el juicio. Lo hicieron bajo juramento y dijeron que era lógico que Báez ganara porque tenía los empleados y las máquinas radicadas en Santa Cruz, lo que le permitía proponer valores más bajos. Por otro lado, Báez nunca ganó una licitación fuera de Santa Cruz, lo que demuestra -dice su defensa- que no era el caballo del comisario, que tenía ayuda nacional, como decían los fiscales y ahora dice la Casación.
2.- Le dieron todo el poder a Vialidad de Santa Cruz
Hornos pone el énfasis en que, mientras en el resto del país, había participación mayoritaria de Vialidad Nacional, en Santa Cruz se hicieron el 76 por ciento de las obras por convenio con Vialidad provincial. O sea, que le dieron todo el poder al organismo santacruceño. Lo preocupante del argumento es que ya se explicó hasta el cansancio: Vialidad Nacional había desmantelado su sede de Santa Cruz, no tenía ninguna estructura, y por eso las obras debieron hacerse en convenio con Vialidad de Santa Cruz que licitó, adjudicó, controló y pagó. Pero en el resto del país hubo cientos de obras por convenio, incluso con municipios, no sólo con provincias.
3.- Cristina firmó el decreto 54 de 2009 que facilitó los pagos de las obras
Hasta ese año, 2009, cada obra requería un decreto para permitir el pago de obras viales utilizando un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta de gasoil. El decreto habilitó a Vialidad Nacional para utilizar los fondos del fideicomiso para las todas las obras que considerara.
- Lo real es que se utilizó en 500 obras de todo el país. No se dirigió en nada hacia Lázaro Báez.
- Como es obvio, hubo obras anteriores a 2009 y también se cuestionan. O sea, el decreto no cambió nada.
- La utilización de los fondos fue evaluada, como todos los fondos del presupuesto, por la Auditoría General de la Nación, un organismo del Congreso. La rendición fue aprobada todos los años.
- Rodolfo Barra, que políticamente está en las antípodas de CFK, dictaminó que “el decreto fue legítimo y continuaba vigente. El Congreso y la AGN aprobaron las cuentas. No hay responsabilidad penal de un presidente en la forma en que son usados los fondos”. Con eso quiso explicar que, si se asignan fondos, pero luego se mal utilizan, el delito es cometido por el que los mal utilizó, no por un presidente que dicta un decreto para todo el país.
4.- La operación Limpiar todo
En el juicio oral, sorpresivamente, en su alegato final, los fiscales Luciani y Mola usaron diálogos provenientes del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, aquel que tiró los bolsos con millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Esos chats no se habían presentado en los tres años y medio del juicio ni se permitió a las defensas hacer una pericia sobre el celular para controlar que no hubiera agregados o faltantes en los diálogos utilizados por los fiscales.
La hipótesis que sacaron Luciani y Mola de esos chats fue que, al final del mandato de Cristina, hubo un acuerdo de CFK con Báez para crear una deuda a favor del constructor, hacerle un pago y con ese dinero indemnizar a los miles de trabajadores que se iban a quedar sin empleo porque Mauricio Macri abandonaría -como hizo- todas las obras. Con esa operación, se limpiaría todo, o sea se borrarían todas las pruebas.
La realidad es que ni se creó una deuda a favor de Báez ni se le hizo pago alguno. Tampoco hubo una reunión entre CFK y Báez como dijeron los fiscales. Lo grotesco es que cuando Luciani y Mola aparecieron con los chats y esa nueva acusación, Cristina pidió declarar, porque habían sacado de la manga una supuesta prueba. Quiso responder. No se lo permitieron.
La historia no se termina con el copiado y pegado. Habrá un nuevo paso después que la Sala IV sólo repitió el guion armado desde hace ocho años por la trama judicial, alineada con el macrismo, con sede en Comodoro Py. El escenario se trasladará entonces a la Corte Suprema, con tiempos y un final imprevisible. Este miércoles, en simultáneo, en el edificio de Retiro, en un piso juzgaban a los que quisieron matar a Cristina y, en el otro, se leía el fallo para inhabilitarla. Como dijo la ex mandataria, intentos de terminar con su vida física y política.