Acorralado, después de intentar durante nueve meses eludir la entrega de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad social y económica, el Ministerio de Capital Humano tuvo que cumplir con una intimación del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico e incorporar a 66 comedores y merenderos de la Asociación El Amanecer de Los Cartoneros al Programa Alimentar Comunidad. La ministra Sandra Pettovello y sus funcionarios se la pasaron todo este tiempo hablando de comedores fantasma, supuestas auditorías y denostaron a las organizaciones sociales en su carácter de intermediarias para hacer llegar la comida a los barrios, pero al final se quedaron sin argumentos. Las entidades que impulsan este amparo colectivo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), celebraron este desenlace como un triunfo aunque aclararon que son muchos más los espacios comunitarios que aún no tienen garantizado el derecho a la alimentación, por lo que seguirán sus reclamos judiciales.
El miércoles de la semana pasada a las 13.33 el juez Lavié Pico intimó a Capital Humano para que incluyera a este grupo de comedores y merenderos en uno de los programas alimentarios, que el propio gobierno dice respetar. Le advirtió que el derecho a la alimentación está en juego y que no admitiría «dilaciones innecesarias». Se convirtió en el primer magistrado en advertirle en forma directa que si no cumplía dispondría «sanciones conminatorias», por ejemplo, multas (que incluso pueden ser personales) o alguna denuncia penal por no acatar una orden judicial. El plazo se agotaba este lunes.
La resolución fue en respuesta a un escrito presentado por las organizaciones que impulsan el amparo, donde marcaban los mecanismos que utiliza el ministerio como excusa para no entregar alimentos o fondos: desde septiembre la cartera admitía que tenía un dictamen que reconocía la existencia de estos comedores y su rendición de cuentas, pero acotaba que tenían que verificar documentación. Al Amanecer de los Cartoneros no le respondía los correos electrónicos; dos veces el ministerio insistió ante el juzgado con que tenía que verificar todavía cierta documentación y pese a que tenían la rendición de cuentas y ya habían visitado los establecimientos desde mayo en adelante, dijeron que volverían a ir a chequear otra vez. Era el colmo.
«Una gota en el mar de la crueldad»
«Una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad», celebró Juan Grabois (Argentina Humana) la disposición de Capital Humano de cumplir con la última decisión judicial. Grabois fue quien denunció desde un primer momento que el gobierno había cortado la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. «Un año para cumplir con esto. Hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria. Ya que nada es gratis, esto no le va a salir gratis», escribió el dirigente social en su cuenta en la red «X». El abogado de la UTEP, Nicolás Rechanik dijo a Página/12: «Obviamente que hay muchos más comedores sin recibir alimento pero nos pone contentos que empiecen a cumplir. Vamos a invitar al resto de asociaciones y comedores a que hagan el mismo camino que se hizo aquí para que al menos los incluyan en el Alimentar Comunidad». Este programa contempla una transferencia monetaria para que sean los comedores los que adquieran alimentos y luego hagan su rendición de cuentas.
Este expediente colectivo comenzó en febrero. La medida cautelar que exige garantizar el derecho a la alimentación rige desde el 14 de julio, cuando la firmó otro juez (que subrogaba el juzgado), Walter Lara Correa. Pettovello hizo oídos sordos. Aquel magistrado condenó finalmente al Estado nacional el 31 de octubre y recordó que no puede tomar medidas regresivas, que empeoren la vida de las personas, ya que así está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con rango constitucional. Indicó que debe entregar informes mensuales que den cuenta, en base a los programas sociales en funcionamiento, de cómo asegura el derecho a la alimentación, «la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica».
Lavié Pico se ocupó de la ejecución de la sentencia. Aunque Capital Humano la apeló, la medida cautelar seguía vigente, de ahí la exigencia de cumplimiento de la semana pasada. En la apelación la cartera había tildado la condena de arbitraria, decía que se metía con políticas del Poder Ejecutivo y se oponía a pagar las costas del juicio. Ahora tuvo que reconocer que por lo menos 66 comedores están en condiciones regulares y no hay ninguna razón para excluirlos de programas en los que estaban abarcados antes de la llegada del actual gobierno. Allí van a comer unas 10.000 personas.
En todo el país son muchísimas más las que buscan hacer aunque sea una comida diaria en estos espacios de las organizaciones sociales. Grabois había calculado más de 2 millones. El dirigente es también quien hizo la denuncia penal, en febrero mismo, contra Pettovello por su política de hambre dirigida contra las organizaciones comunitarias. En el contexto de esa investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello, se conoció que el gobierno acopiaba más de 5000 toneladas de alimentos, algunos a punto de vencer, en dos galpones.
Dice la resolución de Capital Humano a raíz de la resolución judicial: «Que la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia propicia dar cumplimiento a la manda judicial, indicando los comedores a incorporar al Programa Alimentar Comunidad». Luego acotan que igual «se llevarán a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de los requisitos legales… «. Lo firma el nuevo secretario del área, Juan Manuel Ordóñez.
Diego Morales, director de Litigio del CELS, señaló lo trabajoso que fue llegar a este punto frente al discurso estigmatizante del gobierno y las afirmaciones falsas. «Acusaron a las organizaciones de no rendir cuentas ni pasar auditorías, pero rindieron cuentas y pasaron las auditorías. En febrero dijeron que había que depurar Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM), bueno, no lo hicieron; en mayo dijeron que había auditar, pero resulta que los comedores están funcionando, quizá haya cerrado alguno que otro que eran de la época de la pandemia. El problema es que nos llevan a tener que probar cada cosa. Pudimos mostrarlo con El Amanecer de los Cartoneros. La sentencia de fondo (de Lara Correa) fue a favor de todos los comedores, pero tuvimos que ir caso por caso», dijo Morales a este diario. «Hay mucha gente que ha dejado de comer por la decisión del gobierno, que tuvo una subejecución presupuestaria del 82 por ciento», agregó. «El acatamiento de la orden de incluir a 66 comedores en el programa Alimentar es un logro, ahora habrá que lograr la misma respuesta para otras organizaciones», subrayó.
Aluvión de fallos adversos
Hasta acá el ministerio de Pettovello ha recibido un récord de resoluciones judiciales adversas prácticamente todas las semanas. En el fuero federal penal siete jueces le dieron la razón a los comedores de organizaciones sociales en su reclamo de alimentos: Casanello, la sala I Cámara Federal (Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico), y la sala II de la Cámara de Casación (Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar). En el fuero contencioso administrativo, tres jueces tomaron medidas para exigir a Capital Humano que garantice el derecho a la alimentación: Lara Correa, Martín Cormick (durante la feria judicial de invierno, ante el incumplimiento de la cautelar) y ahora Lavié Pico.
Como informó Página/12, en Corrientes ya hubo cuatro sentencias de la Cámara Federal local que afirma que Capital Humano usó datos falsos para suspenderles el exPotenciar Trabajo a numerosos beneficiarios. De esa provincia hay 500 personas que reclamaron, los camaristas van resolviendo por tandas. Ordenan devolver el programa, bajo las actuales modalidades (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) y los meses no abonados más intereses. Daniel Rafecas refutó con estudios la teoría de Capital Humano de que la yerba comprada por el gobierno anterior no era apta para consumo humano y que su adjudicación fue direccionada y archivó la causa. Ariel Lijo cerró por inexistencia de delito la acusación por supuestos desvíos de fondos para centros de primera infancia después que el fiscal Franco Picardi demostrara que la denuncia de Pettovello era trucha.
El resultado de la intimación de Lavié Pico tiene un efecto simbólico relevante: la validación de la tarea social de las organizaciones comunitarias a las que el gobierno ha defenestrado e intentado equiparar con delincuentes, con el argumento de que no quiere intermediarios (aunque puso los propios).
