El secretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Alberto Baños, decidió apurar el proceso de destrucción del organismo cuando faltan diez días para la conmemoración de los 49 años del último golpe de Estado. Con un correo enviado en la noche del jueves, Baños decidió prohibir el ingreso de más de 40 trabajadores que se desempeñan en la SDH. La Policía Federal Argentina (PFA), apostada en el ingreso de la sede de la dependencia, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ejecutó las órdenes. Entre los despedidos están peritos y abogados que intervenían en las causas de lesa humanidad. Algunos de ellos son, además, delegados sindicales.
Fue una semana complicada en la SDH. El lunes, los trabajadores organizaron una asamblea. Una agente de la PFA se dedicó a filmar la reunión y a sus participantes. La sospecha es que los videos llegaron directamente al teléfono de Baños. Esa misma tarde amenazaron con despedir a dos trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) que habían participado del debate.
El miércoles, altos funcionarios de la SDH se dedicaron a arrancar carteles con reclamos sindicales. El mismo Baños bajó para deshacerse de algunas de las pegatinas mientras les decía a los empleados que fueran a trabajar.
–Acabamos de lograr el procesamiento de dos ejecutivos de Astarsa. Andá a laburar vos– contestó, furioso, Fernando Almejún, abogado querellante en las causas de Campo de Mayo y delegado sindical.
Baños se fue refunfuñando. La operación “limpieza” tenía un fin: ese día llegó un equipo de filmación de Presidencia para registrar imágenes en la ex-ESMA. Es probable que el Gobierno de Javier Milei esté preparando un spot como el que difundió el 24 de marzo pasado –cuando negaba la cifra de desaparecidos y planteaba la lucha por verdad y justicia como un “curro”.
El jueves por la noche, llegó una nota de Baños en la que decía que quienes cesaban el 31 de marzo por “decisión propia” –por el retiro poco voluntario que ofrece el Ministerio de Justicia– o por decisión de sus superiores “en virtud de su no apego al trabajo” estaban licenciados y que se les prohibiría el ingreso a la SDH. La nota encomendaba también a los directores nacionales a proceder a la “detección” de estos empleados si lograban ingresar a sus puestos de trabajo.
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La excusa de Baños es que hubo actos de indisciplina. “Se patentizan en abandonar sus puestos de trabajo, deambulando por el predio en el que se encuentra instalada la Secretaría, no cumpliendo con sus labores, participando y organizando reuniones de índole social en forma constante, realizando el pegado de carteles que, so pretexto de un reclamo sindical, evidencian claramente expresiones ideológicas en franca violación a lo establecido en el Decreto 1084/2024, realizando, asimismo, un destrato hacia sus compañeros que no compartan su proceder y, agrediendo de palabra a sus Superiores cuando, o son llamados al orden, o se intenta poner orden edilicio en la Secretaría, llegando a la agresión física hacia esos Superiores o hacia el personal de custodia de la Policía Federal Argentina, siempre en una clara actitud intimidatoria”, dice la nota de Baños.
Esta mañana, los trabajadores llegaron a la puerta de la SDH con una escribana. Se encontraron con efectivos de la PFA que no los dejaban ingresar por órdenes de Baños. En un momento, se toparon con la subsecretaria Carolina Cordara que ni los miró cuando le dijeron que no estaban dejando pasar a los delegados.
“Yo soy delegado. No agarré ningún retiro y mi contrato no termina el 31 de marzo”, dice Almejún, a quien le prohibieron el ingreso después de decirle al secretario de Derechos Humanos que habían logrado el procesamiento de dos cómplices empresariales de la dictadura. “Lo que pasó es que hubo una asamblea y la respuesta fue despedir a trabajadores, sobre todo a aquellos que trabajamos con causas de lesa humanidad”, añade.
Con el despido de Almejún no quedan ya abogados que se hagan cargo de las causas por crímenes en la jurisdicción de Campo de Mayo. Nicolás Tauber está en la misma situación. Él se ocupaba de decenas de causas en la jurisdicción del Primer Cuerpo. “Vinimos a trabajar como todos los días y la policía no nos deja entrar. Tenemos contrato vigente y estamos comprometidos con nuestras tareas”, dice Tauber. “Vamos a seguir trabajando, desde donde nos toque, para que la política de memoria, verdad y justicia no se caiga”, resalta.
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Adriana Taboada es una reconocida psicóloga en el campo de los derechos humanos. Es la única integrante del cuerpo de peritos de la SDH –que se había conformado durante la gestión del Frente de Todos– que no había sido alcanzada por los despidos. Este viernes llegó a la exESMA después de participar de una pericia en el Cuerpo Médico Forense (CMF), pero no la dejaron ingresar.
“Están ejecutando prácticas arbitrarias y antiderechos”, dice Taboada. “La verdad es que los trabajadores tenemos una convicción que no cae por estas circunstancias. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer porque seguimos queriendo un mundo donde los derechos humanos tengan plena vigencia. Hoy, ellos tienen el poder para dejarme afuera de la SDH, pero voy a seguir desarrollando mi convicción puertas adentro y puertas afuera”, afirma Taboada mientras camina por la ex-ESMA.
En diciembre de 2023, la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) le había pedido a Milei que cerrara la SDH. Además, le había reclamado la cabeza de dos de las personas que este viernes no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo, Taboada y Tauber, por su rol en los juicios por crímenes contra la humanidad. Como reveló Página/12, el 31 de enero ese grupo envió una nota a los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Petri (Defensa) pidiéndoles que avanzaran con una amnistía en favor de los perpetradores.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) convirtió a la SDH en un “territorio de amedrentamiento y hostigamiento permanente”. Despidos, represión, presencia policial son, a su entender, parte de una “política sistemática de ataque a la organización sindical y vaciamiento del Estado”.
“Éste es un episodio más del hostigamiento y la persecución que venimos sufriendo”, afirma Octavio “Pilo” Rampoldi, delegado de ATE. El año comenzó en la ex-ESMA con listas y policías controlando la entrada mientras se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En febrero, Baños decidió censurar las actividades en los sitios de memoria mientras vacía la SDH de trabajadores y de políticas.
