La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se dispuso a cancelar todos los contratos restantes del Gobierno Federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta enviada este martes a las agencias del gobierno.
Un alto funcionario del gobierno afirmó que Estados Unidos prevé romper sus lazos contractuales con Harvard, en el más reciente intento del presidente Trump de forzar a la universidad a aceptar una supervisión sin precedentes por parte del Estado.
Josh Gruenbaum, Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, ordena en la carta que las agencias federales revisen sus acuerdos con la institución, cancelen aquellos que no sean críticos, y, si es necesario, transfieran los servicios a otros proveedores.
«La Administración de Servicios Generales (GSA) está asistiendo a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos con Harvard y sus afiliadas», señala un borrador de la carta, publicado este martes por The New York Times. El documento, fechado el 27 de mayo, fue entregado por la mañana del martes a distintas agencias, según informó un funcionario en condición de anonimato.
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“Esta revisión se alinea con la directiva de la administración de que todos los servicios federales contratados respalden firmemente las prioridades estratégicas de las agencias”, añade el texto. Las agencias deberán responder antes del 6 de junio con un listado de los contratos a cancelar.
Según fuentes oficiales, alrededor de nueve agencias se verán afectadas. Ejemplos citados en bases de datos federales incluyen un contrato de 49.858 dólares de los Institutos Nacionales de Salud para estudiar los efectos del consumo de café, y otro de 25.800 dólares del Departamento de Seguridad Nacional para capacitación ejecutiva. Algunos contratos ya recibieron órdenes de paralización.
La medida, que implicaría la finalización de contratos por alrededor de 100 millones de dólares, supondría un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y Harvard, la universidad más antigua del país y una potencia global en investigación académica.
Una «pulseada» contra la educación
El presidente Trump aseguró este lunes que su gobierno “al final, ganará” la batalla contra Harvard. La carta forma parte de una campaña más amplia para reforzar el control sobre una de las universidades más prestigiosas del país, atacando su salud financiera. “Estoy considerando quitarle 3.000 millones de dólares en subvenciones a una Harvard muy antisemita y dárselos a ESCUELAS DE OFICIOS en todo nuestro país”, escribió el mandatario en su propia red social, Truth Social.
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En las últimas semanas, el gobierno ya congeló cerca de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard. También intentó eliminar su capacidad para recibir estudiantes internacionales, medida que fue bloqueada temporalmente por un tribunal. Desde el mes pasado, Harvard se vió impedido registrar nuevos estudiantes internacionales, y varios programas de investigación enfrentan suspensión por falta de fondos.
Trump presentó estas acciones como una defensa de los derechos civiles, acusando a Harvard de aplicar criterios raciales en sus procesos de admisión, de promover ideologías “woke”, valores liberales que considera contrarios al «interés nacional», y de tolerar conductas antisemitas en el campus.
En el marco de su lucha contra Harvard, el Gobierno amenazó con revisar hasta 9.000 millones de dólares en financiamiento, congeló efectivamente 2.200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos, e incluso ordenó la deportación de una investigadora de la Facultad de Medicina.
En la carta firmada por Gruenbaum, se denuncia que Harvard sigue aplicando criterios discriminatorios contra estudiantes blancos en sus políticas de admisión y se hace eco de “recientes eventos antisemitas” en el campus que, según el gobierno, «sugieren que la institución tiene una preocupante falta de consideración por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos».
La universidad contraataca
En los últimos meses, además del congelamiento de fondos y contratos, la administración Trump amenazó con retirar exenciones fiscales y, la semana pasada, anunció que dejará de extender visados a estudiantes internacionales, forzando a quienes ya están matriculados a cambiar de universidad o exponerse a la deportación. Las solicitudes en proceso quedarán paralizadas mientras se analiza un plan para exigir a quienes aspiren a estudiar en el país una verificación de los contenidos publicados en sus redes sociales, según reportó el portal Político.
Esta medida responde a la negativa de Harvard de entregar información sobre sus alumnos internacionales, en un intento del gobierno por identificar a quienes hayan participado en protestas propalestinas u otras actividades sancionadas por la administración. Trump fue enfático: “Todavía estamos esperando las listas de estudiantes extranjeros de Harvard para determinar cuántos lunáticos radicalizados, todos ellos alborotadores, no deberían volver a entrar al país”, escribió en otro mensaje en su red social.
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La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, fue quien revocó la autorización de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros, poniendo en riesgo el futuro de miles de jóvenes y los ingresos que representan para la universidad.
“Harvard es muy lenta en la presentación de estos documentos, ¡y probablemente con razón! Lo mejor que han hecho es elegir a la jueza perfecta para ellos. Pero no teman: ¡al final el Gobierno GANARÁ!”, concluyó.
Por su parte, Harvard optó por responder en los tibunales. El mes pasado presentó una demanda para restaurar los fondos federales, y la semana pasada solicitó a una corte federal que restablezca su derecho a inscribir estudiantes internacionales, argumentando que las medidas del gobierno son inconstitucionales y atentan contra la autonomía del sistema educativo.
La universidad sostiene que el conflicto es una cuestión de derechos amparados por la Primera Enmienda, y acusa a la administración de intentar controlar su personal, su plan de estudios y sus criterios de admisión.
La jueza federal para el distrito de Massachussets, Allison D. Burroughs, ordenó la semana pasada, de forma temporal, permitir la matriculación de estudiantes internacionales, y se espera una audiencia este jueves para determinar si la medida se mantiene.
Harvard tiene cerca de 6.800 estudiantes internacionales, lo que equivale al 27 por ciento de su matrícula total. El presidente de la institución, Alan M. Garber, calificó la medida como un golpe devastador. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, escribió la universidad en sus redes sociales.
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“Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, expresó Garber en un comunicado. “Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y lanza una señal de alarma para quienes vienen a Estados Unidos a perseguir sus sueños”.
La carta publicada el martes por el gobierno sostiene que Harvard ha mostrado “una falta de compromiso con la no discriminación y con los valores nacionales”. Como prueba, señala que la Harvard Law Review otorgó recientemente una beca a un estudiante de derecho acusado de agredir a un alumno judío durante una protesta propalestina en 2023. El estudiante no fue procesado penalmente, pero aceptó realizar trabajo comunitario aunque no admitió culpabilidad.
Además, la carta afirma que Harvard no ha cumplido con el fallo de la Corte Suprema de 2023 que prohíbe el uso del criterio racial como factor decisivo en las admisiones. Aunque no se ofrecen datos concretos, el texto cita como ejemplo la creación de un curso de nivelación en matemáticas que, según el gobierno, es consecuencia del uso de factores no meritocráticos en el ingreso de estudiantes.
