Thiago Román Florentín sigue detenido desde el miércoles en la comisaría 1ª de Lomas de Zamora. Está a disposición de la justicia federal, que lo acusa de haber atentado contra Javier Milei mientras participaba de una caravana en apoyo a José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA). La defensa de Florentín, que integra el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social, denuncia que no hay ninguna evidencia de que el muchacho haya cometido un acto de violencia y reclama su liberación.
Florentín tiene 22 años. No terminó el secundario: solo llegó hasta segundo año. Trabaja como ayudante de albañil en una obra en el barrio porteño de Once, sin estar registrado, y le pagan por día. Durante los fines de semana, va a una feria a vender productos de ferretería. Con eso logra subsistir.
Desde hace un tiempo convive con Rocío, su pareja, que tiene 21 años. Residen en el terreno que es propiedad de la familia de la joven. Están instalados en Ingeniero Budge, una zona humilde del partido de Lomas de Zamora. En su casa, Florentín suele organizar una olla popular. Consigue mercaderías haciendo changas o a través de su participación en organizaciones sociales. Dice que durante las noches reza y le pide a Dios que toque el corazón del Presidente.
El miércoles, Florentín tomó el colectivo con su pareja y llegó hasta el centro de Lomas de Zamora. Se instaló en la intersección de Laprida y la avenida Hipólito Yrigoyen, donde debía doblar la camioneta en la que se trasladaban Milei, Karina Milei y Espert cuando comenzaron a arrojarse objetos contundentes contra la comitiva oficialista.
Después de ese episodio, que terminó con los hermanos Milei siendo evacuados en una camioneta y con Espert saliendo raudo en una motito sin casco, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que hubo tres detenidos. Solo uno, Florentín, quedó a disposición de la justicia federal de Lomas de Zamora y permanece detenido. La causa está en manos del juez federal Luis Armella –que subroga en la jurisdicción– y del fiscal Sergio Mola, recordado por haber acusado a Cristina Fernández de Kirchner junto a Diego Luciani en el caso Vialidad.
Florentín estuvo incomunicado hasta el jueves, cuando fue indagado por el juez Armella. En la declaración, hubo especial interés de los investigadores en saber por qué el muchacho iba a las marchas y si recibía algún tipo de contraprestación por parte de la organización en la que milita. Contestó que hacía siete meses se había acercado al MTR Votamos Luchar.
Le preguntaron por qué había ido a esta concentración. Respondió que lo había hecho por las pensiones que les sacan a las personas con discapacidad y por el descontento que percibe en la calle. Dijo que no llegó a ver a Milei, solo la camioneta.
Lo central de la declaración de Florentín, que se extendió durante varias horas, fue que sostuvo que no arrojó piedras ni objetos contundentes contra el vehículo en el que se desplazaba el Presidente. Señaló que, en un determinado momento, vio que se lanzaban plantas, pasto de las macetas y algunas frutas. Insistió en que él únicamente agitó sus brazos y gritó que se fuera de Lomas de Zamora.
Florentín relató que un efectivo policial lo agarró y le ordenó que se retirara cuando el clima comenzó a ponerse tenso. Según su versión, le hizo caso y empezó a caminar, abrazado a su pareja. A los 20 metros, la policía había cambiado de opinión y lo detuvo la Infantería.
La declaración de Florentín coincide con la versión que un testigo relató a este diario. “Nunca vi algo así. Evidentemente hubo presión de las fuerzas federales para que se llevaran a alguien detenido”, comentó esta persona.
A Florentín le imputan dos hechos: atentado contra la autoridad pública e incitación a la violencia colectiva. Su defensa la tomó Ciro Annicchiarico, un abogado con muchos años de experiencia en causas por derechos humanos y, en particular, por crímenes de lesa humanidad.
Annicchiarico pidió la excarcelación de Florentín. Armella formó un incidente aparte y le corrió vista a la fiscalía para que se expida. En paralelo, el juez le pidió al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, que informe si tiene cupo para alojar al detenido. Si bien hay quienes sostienen que es un procedimiento de rutina, hay preocupación –sobre todo después del caso en el que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió a un penal federal a militantes por haber tirado estiércol en la vereda de Espert.
En las últimas horas, el abogado también solicitó el sobreseimiento de su defendido. Destacó que había problemas con los tipos penales que se estaban empleando. “Fue una actividad por completo ajena a la función pública, limitándose a un acto de propaganda electoral”, afirmó.
En la indagatoria, Annicchiarico pidió que se exhibiera el video del momento de tensión con la caravana y remarcó que no había evidencia contra Florentín. “No se le ha imputado ni existe elemento probatorio alguno que evidencie que, en el ejercicio de su derecho de libre expresión de sus ideas, Florentín haya ejercido violencia de ningún tipo”, resaltó.
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), dijo a este diario que los delitos que se le imputan son excarcelables. En sintonía, el abogado Sergio Smietniansky, que integra la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), advirtió que espera que la justicia no quiera “dar una señal” por lo sucedido en Lomas de Zamora y en Corrientes. “Hay un efecto dominó que no van a poder maquillar”.
El Gobierno tiene interés en esta causa. De hecho, el Ministerio de Seguridad se presentó a través de Fernando Soto, enlace de Bullrich con el Poder Judicial. Solo hizo una denuncia genérica y no aportó pruebas.
