Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, se prepara para tener su tarde de gloria en la Legislatura porteña con un acto en el que se propone homenajear a las víctimas de lo que ella denomina como el “terrorismo”. Para los organismos de derechos humanos, es una avanzada negacionista que pretende reivindicar el horror de la última dictadura. Motivos no faltan para tener esas sospechas. Villarruel ya ha dicho, a contramano de lo que sostiene la justicia argentina, que “el terrorismo de Estado no existe”.
Villarruel llegó a la escena política grande en enero de 2016, cuando el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, la recibió junto con otros integrantes de la ONG que lidera en su despacho ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–. Fue la primera vez que un gobierno la convertía en una interlocutora válida para discutir lo sucedido en los años ‘70 en el país. En la víspera del acto en la Legislatura, Avruj salió a respaldar la iniciativa de la diputada de La Libertad Avanza (LLA): polemizó con un referente de la Juventud Radical y negó que se tratara de un evento de corte negacionista.
La abogada empezó a acumular capital político mucho antes de la llegada a la Casa Rosada del macrismo –un espacio con el que simpatizó e incluso fiscalizó en las elecciones de 2015. En 2012, el periodista de Clarín Guido Braslavsky publicó el libro Enemigos íntimos, sobre la relación entre los Kirchner y los militares. Braslavsky entrevistó a Villarruel para esta obra.
“El terrorismo de Estado no existe”, le dijo Villarruel a Braslavsky. “El terrorismo persigue amedrentar y quebrar las instituciones para lograr el poder. El Estado no lo necesita, comete abusos y debe pagarlos, pero terrorismo no”, afirmó. “Aquí hubo una guerra. Si lo olvidamos, puede pasar cualquier cosa y no habrá fuerzas armadas que contengan”. En las últimas horas, la abogada Natalia Volosin viralizó otro video de Villarruel en Canal 26 en el que se pronunciaba en similares términos.
Las definiciones de la dama de hierro de LLA merecen algunas apreciaciones. La narrativa de la guerra es la que usaron los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad para justificar sus crímenes. En el Juicio a las Juntas, el almirante Emilio Eduardo Massera le dijo al tribunal que estaba por condenarlo: “Estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas, pero perdimos la guerra psicológica”. Un precursor de la batalla cultural que tanto le gusta invocar a los «libertarios».
Decir que el Estado puede cometer abusos le quita toda la sistematicidad y planificación que tuvo el exterminio en la Argentina. Rayana con la teoría de los excesos de los ‘80, implicaría desconocer que hubo una división del territorio para la represión, que se montaron más de 700 centros clandestinos, que los grupos de tareas que funcionaban al interior del Batalón 601 se repartieron los sectores que debían ser perseguidos, que se robaron 500 niños y niñas y que a los desaparecidos se los arrojó vivos desde aviones al mar para que no aparecieran nunca más. En 1995, el marino Adolfo Scilingo le dijo al periodista Horacio Verbitsky si pensaba que hombres solitarios podían disponer de los aviones de la Armada y de la Prefectura para ejecutar lo que sus superiores denominaban una “forma cristiana de muerte”.
La discusión retrocedió muchos años. Allí reside el mérito de Villarruel, que intenta presentarse como una defensora de las “víctimas del terrorismo” a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Ella misma fundó esa ONG en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Ni la historia de Celtyv ni la de Villarruel comienzan en 2006. El Celtyv es una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), conformada en 1993 por militares que participaron de la represión. Su cabeza visible era Fernando Exequiel Verplaetsen, exjefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y último jefe de la Bonaerense durante la dictadura. Verplaetsen –condenado por crímenes de lesa humanidad– fue uno de los que desafió a Martín Balza después de la “autocrítica” que ensayó como jefe del Ejército y denunció al juez español Baltasar Garzón por las investigaciones que conducía en España en épocas de vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Además de su vínculo con Aunar, Villarruel tuvo otra trayectoria. A principios de 2000, formó parte de la Asociación Argentinos por la Memoria Completa, según contó el mayor retirado Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando. Memoria Completa se oponía a los juicios y a que Néstor Kirchner sacara a los marinos de la ESMA. Integrantes de Memoria Completa amenazaban a militantes y periodistas. Fue hegemónica dentro de los grupos pro-impunidad hasta que su máxima dirigente –que se hacía llamar Karina Mujica— fue exhibida en una cámara oculta ejerciendo la prostitución en Mar del Plata.
Para 2003, Villarruel participó en la conformación de otro grupo: Jóvenes por la Verdad. La actual diputada conducía un programa radial de esta asociación llamado “Proyecto Verdad”. «Jóvenes» juntaban cartas en solidaridad con el represor de la ESMA Ricardo Cavallo porque decían que estaba “injustamente” encarcelado en España. Según reveló Mercado, también organizaban visitas a Jorge Rafael Videla cuando estaba en prisión domiciliaria. El marido de Pando dijo que él conoció al dictador –”expresidente” lo llama– a través de Villarruel.
La diputada también forjó un vínculo con el represor Alberto González, condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA –y un fallo también lo señala como responsable de abusar sexualmente de una muchacha que estaba secuestrada en ese campo de concentración–.
La semana pasada se conoció que Villarruel figuraba en las anotaciones que hizo Miguel Osvaldo Etchecolatz mientras preparaba su defensa para el primer juicio que tendría que afrontar tras la caída de las leyes de impunidad. Fue el juicio que se llevó a cabo en 2006 y en el que desapareció Jorge Julio López, justo el día en que sus abogados tenían que pedir la condena del exdirector general de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
La abogada Guadalupe Godoy hurgó entre los papeles que acumuló por la desaparición de López. Allí también encontró que Villarruel aparece entre las visitas a Norberto Cozzani. El “Beto” Cozzani era un ilustre integrante de la patota de Etchecolatz, su mano derecha. Fue quien torturó al llamado “Grupo Graiver” y abusó de Lidia Papaleo mientras estaba detenida en Puesto Vasco, según recordó su hermano, Osvaldo Papaleo.
Después de estas revelaciones, Villarruel aminoró su presencia en los medios y tomó envión el acto en la Legislatura porteña. El Salón dorado –desde donde hablará a partir de las 17 mientras afuera se manifiestan organismos de derechos humanos– ya estaba pedido desde el 4 de agosto. A Infobae, desde el entorno de Villarruel, le confirmaron que la candidata a vice de Milei mantuvo entrevistas con represores en la cárcel y que también había hablado con montoneros. Como si fueran lo mismo.
