Javier Milei cumplirá el lunes seis meses en el gobierno. Sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expuestas en innumerables ocasiones. Sin embargo, si hay algo en lo que coinciden es en la impugnación del proceso de memoria, verdad y justicia. Un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta muestra cómo estas políticas –que hicieron de la Argentina un ejemplo en el mundo– tambalean desde que asumió la administración libertaria.
El 2 de abril pasado, Milei usó la conmemoración por los 42 años del desembarco en Malvinas para lanzar una consigna de futuro: llamó a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Un mes y medio después, en la Casa Rosada, inauguró un busto de Carlos Menem y habló de los indultos que el riojano firmó como una «herramienta constitucional» para pacificar la Argentina. No le importó que la Corte Suprema hubiera dicho que eran inconstitucionales.
Milei no encarna la batalla por la «memoria completa», pero los combates contra el movimiento de derechos humanos son parte de su “batalla cultural”. Villarruel –que milita hace más de 20 años en organizaciones ligadas a la defensa o reivindicación de las fuerzas que actuaron en la represión ilegal– hizo en estos meses algunas intervenciones quirúrgicas que tuvieron que ver con el ataque a las referentes de los organismos –como Estela de Carlotto, Taty Almeida o Hebe de Bonafini–, la reedición del discurso del “curro de los derechos humanos” o la reivindicación de su padre por haber actuado en el Operativo Independencia –considerado por los tribunales como la “antesala” del genocidio que se implementó a lo largo y ancho del país.
Para el CELS y Memoria Abierta, las posiciones negacionistas y revisionistas que expresan los principales actores de La Libertad Avanza (LLA) “representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simbolizan el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Si bien desde el Ministerio de Justicia se mantuvieron las querellas en 266 causas por crímenes contra la humanidad, hubo desde otras carteras acciones tendientes a evitar que se investiguen estos delitos. La posición más clara en este sentido la adoptó Luis Petri con el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental, que funcionaban desde 2010 y que aportaron información esencial a la justicia para lograr la identificación y la condena de los perpetradores.
Tanto Petri como Patricia Bullrich decidieron, además, no enviar la información que les requería la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de los niños y las niñas apropiados durante el terrorismo de Estado. Creada en 1992, la Conadi es el órgano del Poder Ejecutivo que canaliza las búsquedas de quienes dudan sobre su identidad. Según informó Abuelas de Plaza de Mayo, el 90 por ciento de los casos que entran al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su testeo provienen de la Conadi.
En materia de juicios, el gobierno, además, disolvió los equipos de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El proceso comenzó con la puesta en disponibilidad de los trabajadores que registraban las audiencias tanto en los tribunales de Comodoro Py como en los de San Martín. En la práctica, significó la desaparición del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que se había creado a partir de un convenio que firmó en 2009 la Corte Suprema con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
A nivel de archivos, se interrumpió la mesa que se había conformado al interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que participaban organismos de derechos humanos para avanzar en la desclasificación de información que permita contribuir a las causas y al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido. El CELS y Memoria Abierta resaltan, además, que faltan nombramientos clave en áreas sensibles como el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que custodia –entre otros– el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tampoco se designó a quien estará al frente de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. En paralelo, se avanza en el desfinanciamiento de estos espacios a lo largo y ancho del país. Sus trabajadores están precarizados y las obras, paralizadas. El caso más evidente es el de la construcción de un memorial en Campo de Mayo –a la que se había comprometido el Estado argentino ante organismos internacionales.
El gobierno, además, auspició actos reivindicatorios de la dictadura dentro de los lugares que funcionaron como campos de concentración. Tal fue el caso de la irrupción de militares retirados en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA– para celebrar el Día de la Armada. Después de que el CELS le reclamara explicaciones, Petri saludó y minimizó el hecho como un acto de argentinos cantando la marcha de la Marina. Antes, el ministro de Defensa había dicho que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su actuación en la década de 1970.
El Ministerio de Justicia, por su parte, frenó el pago de las reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura. Lo hizo invocando una auditoría por 180 días y usando como excusa una causa judicial que había sido impulsada por el gobierno anterior contra una banda que se dedicaba a falsear declaraciones para estafar al Estado. Para el CELS y Memoria Abierta, esto se dio conjuntamente con “denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública”.
La novedad, sin duda, del gobierno de LLA fue la centralidad de los argumentos negacionistas en los discursos públicos, que niegan el carácter sistemático de los crímenes cometidos, los minimizan, justifican la violencia estatal, deshumanizan a las víctimas e incluyen declaraciones a favor de la impunidad de los represores. “Existe un acuerdo extendido al interior del gabinete nacional en favor de ‘dejar atrás el pasado’. Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas, otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla”, afirman en el informe.
El CELS y Memoria Abierta no solo recogen declaraciones de Milei o Villarruel, sino también de funcionarios de segunda línea –que son los encargados directos de la implementación de las políticas. Tal es el caso de Claudio Pasqualini, secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa y exjefe del Ejército de Mauricio Macri. En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, Pasqualini revivió la teoría de la “guerra sucia” y la idea de la campaña antiargentina por parte de organizaciones «que reciben financiamiento desde el exterior» para atacar a los militares. Pasqualini –yerno de un represor condenado a perpetua– fue señalado como el responsable de desarmar los ERyA, tal como venían reclamando los acusados por crímenes aberrantes.
