Karina Milei dio marcha atrás con la demanda que ella misma impulsó para que se prohibiera la difusión de audios donde se la escuchaba, según dijo, en la Casa Rosada. Por eso, el juez Patricio Maraniello dio por desistida la medida cautelar que le había concedido por la que impedía –en un verdadero acto de censura previa– a periodistas, medios diversos y canales de streaming compartir grabaciones que la tuvieran como protagonista. La hermana del presidente Javier Milei y secretaria de la Presidencia presentó un escrito donde retira sus propios argumentos de manera insólita: parece que escuchó los audios que mostró un streaming uruguayo (Dopamina) cuando en Argentina no se podía, alega ahora, y se dio cuenta de que no había nada que afectara la seguridad nacional, su honor o su intimidad.
El mal menor para Karina
Está claro que, con la apelación de los múltiples periodistas, medios y organizaciones que se presentaron en la causa, no le iba a ir bien en la Cámara Civil y Comercial. La comunidad jurídica en pleno había coincidido en calificar la medida cautelar dictada por Maraniello, como un abierta violación a la libertad de expresión y un acto de censura en los términos definidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. El historial de Maraniello, no ayudaba: al momento de la cautelar tenía ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco por acoso laboral y sexual. Luego sumó más, alguna incluso vinculada con el Karinagate también. Es probable que el organismo avance contra el magistrado pronto, incluso con apoyo del representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio (un aliado de Santiago Caputo). Con todo este panorama, y la posibilidad de que en medio de la discusión le siguiera estallando la interna del Gobierno en la cara, es posible que en los cálculos de la funcionaria fuera menos incómodo retirarse sin aparecer como una perdedora.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se había presentado en el expediente junto con el especialista Damián Loreti, dijo a este diario que «el desistimiento de la acción y de la medida cautelar interpuesta por Karina Milei demuestra que en ningún momento esa pretensión tuvo un fundamento constitucional y convencional serio, y que siempre se tuvo conciencia de que implicaba un acto de censura judicial previa que está prohibido por la Constitución y prohibido por los tratados sobre derechos humanos». «A partir del día de hoy –agregó– quien tenga cualquier contenido vinculado a la actividad de funcionaria pública de Karina Milei, los puede publicar sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de obstáculo. A esta altura, y después de todo lo que sucedió, la sociedad no solamente lo demanda, sino que también lo necesita».
Los primeros audios de la hermana del Presidente fueron difundidos por Carnaval Stream, el mismo canal que había hecho públicos los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de donde surgió la descripción de una estructura de pago de supuestas coimas a través de contrataciones con la droguería Suizo Argentina y otros proveedores. Pero son cosas distintas, los audios de Karina que se conocieron hasta ahora son comentarios comunes y corrientes, a lo sumo puden aludir a alguna cuestión política interna, como un llamado a estar «unidos». Los que compartió Dopamina en Uruguay era un fragmento donde se la escuchaba decir, aunque era difícil seguirle el hilo: «hay que estar abajo de Martín», en posible alusión a Menem, que «es el que tiene la información». «…Yo desde mi punto de vista, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como ca…» Las grabaciones de Spagnuolo motivaron una investigación por los posibles pagos ilegales, donde la secretaria presidencial y Eduardo «Lule» Menem, están mencionados y en el radar.
El pedido de la medida cautelar que recibió Maraniello de la funcionaria, representada por el apoderado de la Libertad Avanza, Santiago Viola, apuntaba a sus propios audios, pero es obvio que se buscaba un efecto de amplio alcance frente a las sospechas de corrupción sobre ella y otros funcionarios. Y los audios habían sido el puntapié de la investigación que sigue en curso y que para colmo tuvieron la confirmación judicial, bajo juramento, del consultor y fundador de La Derecha Diario Fernando Cerimedo, quien fue muy cercano al gobierno pero ahora está distanciado.
La cautelar y el comando ruso-venezolano-AFA
Fue impactante que un juez se hiciera eco del pedido de medida cautelar cuando de la jurisprudencia de la Corte, el derecho local e internacional y los manuales más elementales, surge que cualquier medida preventiva, previa a la difusión o expresión de ideas o información, implicaría el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. No se puede censurar nada antes de ser expuesto. Si existiera un cuestionamiento solo puede ser «ulterior». Además, queda claro que cuando se trata de funcionarios públicos o cuestiones de interés público la protección del honor o la privacidad ceden frente al debate público y el escrutinio de la ciudadanía.
El juez Maraniello, sin conocerse nuevos audios y solo por suposiciones sin sustento, le concedió a la secretaria presidencial la duda sobre la posible afectación de su honor, privacidad y hasta la seguridad nacional y dictó una cautelar que parecía poder abarcar todo el universo mediático y de redes, lo que motivó que hubiera presentaciones de todo tipo (periodistas, medios, streamings, abogados en nombre del interés colectivo y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Amnistía, entre otros). Otro problema práctico para los abogados de la funcionaria: iban a tener que contestar muchísimos planteos.
En su nueva presentación, Karina Milei dice que «la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa», ni para ocultar nada, sino que «se trata de audios obtenidos ilegalmente, los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación contra mi persona y de mi familia». Según ella «no estamos ante un derecho de prensa y/o de información de ideas a través de la prensa como establece nuestra Constitución», sino que el objetivo era «desinformar». Es más, defiende la cautelar de Maraniello y afirma que «la libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública…».
De ahí, y después de ensañarse en particular con Jorge Fontevecchia –quien se había presentado en la causa– hace un sorpresivo salto argumental para pasar a decir que «desiste de la acción planteada de la cautelar oportunamente dictada, solicitando sea levantada y, oportunamente, se archiven las actuaciones». Ahí dice que quiere hacer saber al juez que después que pidió la cautelar se enteró que el Ministerio de Seguridad había presentado una denuncia penal «con fuertes argumentos» (sic) «a fin de que se investiguen posibles delitos que podrían haber sido la fuente de los audios». Entonces dice que para no «afectar» esa causa, delegada en el fiscal Carlos Stornelli, prefiere desistir. Esa denuncia disparatada, vale recordar, señala supuestas maniobras de espionaje ruso, venezolano, boliviano y hasta de la AFA, pero sobre todo habla de «operación del kirchnerismo» para desestabilizar. Hasta pedía allanar periodistas.
Pero finalmente Karina dice que, además de todo, cuando «oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros», en alusión al streaming uruguayo, advirtió que «el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni al seguridad nacional, al menos con la información» disponible. O sea, admite que nada de lo que argumentó originalmente era apropiado o acertado. Un papelón por donde se lo mire.
