Gerardo Milman se presentó en la causa donde se investiga el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y se autoimputó al pedir que le acepten la designación como su defensor del abogado Manuel Barros, activo integrante de la Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad. Hasta ahora el diputado de Juntos por el Cambio, exjefe de campaña de la precandidata a la presidencial, no estaba formalmente imputado pese a todos los misterios que lo rodean en relación al caso. A él un testigo lo escuchó decir «cuando la maten yo estoy camino a la costa» en el bar Casablanca de la esquina del Congreso. Su presentación, apenas después de que se conociera el pedido de suspensión de la elevación a juicio que hizo la vicepresidenta, apunta a poder acceder a todo el expediente.
La situación de Milman
Hasta ahora ni la jueza María Eugenia Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo habían reconocido formalmente a Milman como imputado. Esto incluso fue subrayado por la magistrada cuando rechazó el pedido de la fiscalía para incautarle el celular en los primeros días de mayo, después de que una excolaboradora suya, Ivana Bohdziewicz revelara que el contenido de su celular fue borrado –en plena investigación– en la oficina de Bullrich, donde la esperaban un perito y el propio Milman, cuyo teléfono, dijo, también fue manipulado. La decisión sobre el secuestro el aparato del diputado quedó ahora en manos de la Cámara Federal, que convocó a una audiencia a concretarse con más de un mes de delay, lo que parece absurdo si se piensa que es casi cantado que ya no habrá nada de interés para la causa (para colmo haría falta un proceso de desafuero). Está prevista para el 22 de junio lo que habilita la posibilidad de que allí asista el abogado del autoimputado, ya admitido por Capuchetti.
El escrito que presentó Milman, al que accedió este diario, dice que si bien él es «ajeno al expediente», como se lo mencionó tantas veces con «acusaciones» que considera «disparatadas» y que atribuye a la querella de la vicepresidenta, prefirió poner un abogado de su «confianza». Para exigir que lo acepten dijo que está en juego el derecho de defensa en juicio. De pronto su deseo de entrar a la causa llegó a un punto tal que argumentó que existe «un estándar amplio en lo que a la determinación de la calidad de imputado se refiere» y que basta que «la persona sea indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictivo». En un párrafo se anticipa al secuestro de su teléfono y señala que implicaría la afectación de sus derechos.
El abogado defensor
Barros, el letrado designado por Milman, trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gendarmería y en 2012 fue denunciado por la gestión de Nilda Garré en Seguridad, junto con otros miembros de la fuerza, por administración fraudulenta, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público. La sospecha era que estaban en connivencia con estudios jurídicos y jueces para resolver reclamos masivos por complementos salariales en perjuicio del Estado.
Con el gobierno de Mauricio Macri se convirtió en el representante legal de los gendarmes imputados en la causa por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, estrategia que incluía como contraataque denunciar a organismos de derechos humanos, a la familia y quienes se presentaran ante tribunales internacionales por este tema y comprometieran a la fuerza en cuestión, que fue la que protagonizó una cacería en el territorio donde se encontraba la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que derivó en la muerte del artesano. Barros también es el abogado de los gendarmes involucrados en el contrabando de municiones a Bolivia, donde también son investigados Bullrich y Macri. Fue muy cercano al director de Gendarmería de esa gestión, Gerardo Otero.
Pistas pendientes
Cuando pidió esta semana cerrar la pesquisa sobre el atentado a CFK y elevar el caso a juicio, el fiscal dejó afuera la llamada «pista Milman». De todos modos, y pese a que planteó que no ve ni una estructura financiera ni de influencia política detrás del intento de magnicidio, hizo una salvedad para que se siga investigando.
El nombre de Milman llegó al expediente por la declaración de un testigo llamado Jorge Abello, que es asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Abello se presentó para declarar como testigo y relató que el 30 de agosto del año pasado –dos días antes del atentado– había estado en el bar Casablanca donde vio a Milman con dos mujeres y le escuchó decir la frase «cuando la maten estoy camino a la costa». En un momento le llamó la atención pero no la comprendió. El 1 de septiembre, poco después del intento de asesinato, le mandó un mensaje a Cleri, donde le contaba lo que había escuchado y que acababa de entender. Le decía que estaba temblando.
Después de su declaración el juzgado corroboró por las cámaras de la zona que Milman había estado en ese lugar el día señalado con dos mujeres, que fueron identificadas y resultaron ser dos asesoras: Carolina Gómez Mónaco a Ivana Bohdziewicz. También se constató que viajó a Pinamar. Las asesoras declararon por primera vez el 26 de octubre y empezaron con el pie izquierdo. Dijeron que no recordaban haber estado ahí (un lugar muy frecuentado por quienes trabajan en el Congreso) pero cuando les mostraron las filmaciones tuvieron que recuperar la memoria. Tuvieron algunas contradicciones entre sí. La querella pidió que les secuestraran los celulares, pero la jueza se negó.
Recién en diciembre y tras un señalamiento de la Cámara tuvieron que presentarse otra vez: Ivana dijo que había borrado el contenido de su celular para preservar su intimidad, para lo cual se había asesorado; Carolina, que había comprado un aparato nuevo. La primera fue echada por Milman en enero. A comienzos de mayo declaró otra vez y contó que no borró el teléfono por voluntad propia sino que la llevó su excompañera a la oficina de Bullrich, donde estaban el diputado y un perito. También dijo que Gómez Mónaco –que había trabajado con Milman en el ministerio de Seguridad en la Escuela de Inteligencia sobre el Delito– tenía otro celular que no estaba a su nombre y que, después de esta novedad, fue incautado. Pero el secuestro del aparato de Milman, que la jueza rechazó, generó conflicto.
La «pista Milman» tiene otras varias aristas, como un proyecto suyo que anunciaba un atentado contra CFK, aunque decía que sería un autoataque para victimizarse. Lo presentó el 18 de agosto, pero lo retiró el 1 de septiembre unas horas antes del atentado. El texto decía “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla…» Según declaró Ivana, luego se jactaba ante sus empleados de haber visto el futuro. También quedaron sin profundizar otras relaciones del diputado, que fue al menos a una marcha de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Respecto de esta organización, el fiscal firmó un nuevo escrito, a raíz de un pedido de la querella de investigar los mensajes donde una mujer de ese grupo ofreció cuatro veces un arma 9 milímetros para matar a la vicepresidenta. Insiste en que no hay nexo probado entre esa agrupación y los detenidos por el intento de asesinato, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
