La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
En un fallo que fue adelantado por la Agencia de Noticias Télam, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten «las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional».
Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
La denominada causa de los «aportantes truchos» fue uno de los más resonantes escándalos políticos durante las gestiones del expresidente Mauricio Macri y Vidal, quien por entonces además de gobernadora era la presidenta del PRO en territorio bonaerense.
Si bien en un primer momento la entonces gobernadora intentó esquivar las acusaciones y adjudicarlas a sectores cercanos al kirchnerismo, luego asumió la gravedad de la denuncia y desplazó por las repercusiones del caso a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017.