Tras el discurso en cadena nacional del presidente Javier Milei, que intentó preparar un escenario para lecturas alentadoras sobre un presupuesto 2026, se sucitó un aluvión de alertas desde los distintos sectores sobre la letra del proyecto. Lo que se anunció como aumentos en áreas vulneradas desde el inicio de la gestión libertaria resulta a todas luces una serie de mentiras con más ajuste programado. Milei anunció que se enviará al Congreso de la nación un presupuesto 2026 con supuestos aumentos del 5 por ciento en la partida en jubilaciones, 17 por ciento en el gasto en salud, 8 por ciento en educación, 5 por ciento a recibir por cada pensionado por discapacidad, y una partida para universidades nacionales que se «ampliaría» a 4,8 billones de pesos. Pero desde el sector universitario alertan un presupuesto que debería ser de 7,3 billones, y los gremios educativos revelaron que el porcentaje del PBI dedicado a la enseñanza, que fue de 1,48 en 2023 y de 0,88 en 2025, baja al 0,75 en 2026. El proyecto ensaya un recitado de mentiras expresadas en números que no cierran ni aseguran la continuidad de las áreas con normalidad.
Faltan horas para la sesión en la Cámara de Diputados donde se votará en aprobación o rechazo a los vetos presidenciales de las Leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. La desesperada búsqueda del Ejecutivo en vetar leyes votadas y legitimadas en el Legislativo torna muy dificil la credibilidad sobre un presupuesto que se presenta como superador o que busque compensaciones en las áreas que proponen dichas leyes. El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que incluso asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el Proyecto de Presupuesto 2026 (una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026), el gasto total en 2026 aumentaría un 7 por ciento en términos reales con respecto al año 2025. Sin embargo, debido a la magnitud de las reducciones de los años anteriores, la comparación contra el año 2023 -último año con presupuesto aprobado por el Congreso- arroja una disminución del 24,6%.
Una por una, las mentiras que reflejan el ajuste planificado para el año entrante.
Lo que esconden detrás del artículo 30
Uno de los puntos más polémicos del texto es el artículo 30. El Gobierno propone allí la eliminación del financiamiento garantizado históricamente para áreas estratégicas, y lo hace a través de la derogación en cláusulas que fijaban un 6% del PBI para educación, un 1% para ciencia y tecnología y un 0,8% para defensa a través del Fondef. El recorte también afecta directamente al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Dichas derogaciones vislumbran tensiones y nuevos problemas con gobernadores, sectores académicos, científicos y las Fuerzas Armadas.
El Docente de la Facultad de Derecho de la UBA, Pablo Serdán, le detalló a Pagina12 el daño que proponen con las derogaciones en este artículo: «Es la eliminación de pisos históricos de financiamiento en educación, ciencia, tecnología, formación técnica y defensa nacional. Un verdadero plan de destrucción del futuro argentino», y agregó: «El artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, por ejemplo, establecía dos cosas fundamentales: la educación como derecho social y obligación del Estado, y un piso del 6% del PBI de inversión educativa. También eliminarían los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614, que fijaban cómo debía financiarse la ciencia y la tecnología. Así, el presupuesto debía crecer progresivamente hasta llegar al 1% Y marca la progresión año a año. En 2026 correspondía 0,52% del PBI», explicó. Estas derogaciones implican que se borre el horizonte de llegar al 1% del PBI en ciencia y técnica, se elimine el piso anual progresivo y se quite la garantía de no retroceder nunca en la inversión real. Además, derogan el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), que aseguraba financiamiento específico para escuelas técnicas. «Directo golpe a la formación laboral de miles de jóvenes», sintetizó Serdán.
Educación Superior y otro año en peligro
El Presidente dijo que los gastos proyectados para las universidades es de “4,8 billones de pesos”, y los rectores de las universidades nacionales salieron al cruce de las cifras presentadas por el jefe de Estado en cadena nacional. Esos 4,8 millones para universidades implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025 y queda muy lejos de lo que el campo universitario explica como necesario para el normal funcionamiento, que rondaría los 7,3 billones. Según detalló la CIN en un comunicado publicado en la web oficial del organismo, el presupuesto “se presenta como un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”. Además, remarcaron que frente a la falta de novedades positivas por parte del Poder Ejecutivo, “la expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación”. Por su parte, CTERA reveló que el porcentaje del PBI dedicado a la enseñanza, que fue de 1,48 en 2023 y de 0,88 en 2025, baja al 0,75 en 2026. Los rectores aseguran que se congela el gasto universitario en sus peores niveles.
La nebulosa en los anuncios para Discapacidad
El anuncio del Presidente expresó un supuesto 5 por ciento de aumento para el área. La pensión no contributiva equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima. A Agosto de 2025 ese valor está en $224.194,02. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, se cobra $294.194,02 (no es en el cien por ciento de los casos).Después del primer ajuste de 110.000 pensiones recortadas, el Gobierno paga 1.100.000 pensiones por mes. Pero la auditoría (diseñada por Spagnuolo) tenía como propósito (reconocido extraoficialmente por el ministerio de Salud) recortar unas 400 mil para fin de año. El aumento, a priori, se dará luego de un recorte en el número de beneficiarios. La auditoría no está terminada, e indicaron que falta auditar menos del 10 por ciento de las personas.
«No queda claro como puede aumentar el valor real de la pensión, dado que el montó está atado al monto de la jubilación mínima (es el 70%) que se actualiza automáticamente por el IPC. Lo que vemos en el presupuesto es que se consolida una reducción de la cantidad de pensiones que el Estado piensa otorgar. A junio de este año se otorgaban 1.180. 473, después se anunció la suspensión de 110.00 pensiones, y vemos en las metas físicas que el año que viene se proyectan otorgar 977.943 pensiones, cerca de 200.000 pensiones menos que las que se otorgaban en junio», expresó a Página/12 Belen Arcucci, Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley de emergencia preveía una compensación respecto a lo que perdieron por inflación y que se actualice hacia adelante en base al IPC del INDEC. Milei la vetó y ahora Francos dice que no hay fondos para reglamentarla a fondo. Para ellos no hubo anuncio.
La salud de todos bajo el ajuste
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que el aumento del 17% en el presupuesto sanitario presentado por el Gobierno nacional sería insuficiente tras dos años de recortes y ajustes en el sistema. Según un informe elaborado por CEPA las áreas más afectadas de la cartera porcentualmente en los últimos dos años fueron la Superintendencia de Servicios de Salud (-56%) y el Instituto Nacional del Cáncer (- 54%). La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por su parte, sufrió un recorte en su ejecución fue del 14 por ciento. Por caso, el conjunto de hospitales nacionales tuvo caídas de entre el 30 y 38 por ciento en cuanto a los fondos destinados. Kreplak recuperó que el sector sanitario viene de “dos años de ajuste, cierre y retiro de todo tipo de cuidado y atención”, lo que dejó al sistema debilitado. En ese contexto, consideró que el presupuesto 2026 es más una estrategia electoral que una inversión real. “Usaron la cadena nacional con fines electorales para tratar de conquistar a los sectores más golpeados. No es así como se gestiona la salud”, señaló en declaraciones.
Las migajas para los jubilados
Se anunció un 5 por ciento de incremento en el rubro jubilatorio. Osvaldo Giordano, que dirigió Anses, explicó que eso no se traducirá necesariamente en una suba de los haberes. «La jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás”, confirmó. El incremento estaría destinado a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional (SIPA), de manera progresiva durante el año próximo. El Gobierno indicó que el mismo ajuste se aplicará a los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) que paga Anses. “Es un monto global para todo el año, que está asociado a la baja de la inflación”, aclaró . Según Giordano, “la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás”, por lo tanto “en la medida que vaya bajando, el ajuste va a tender a ser mayor a la inflación de cada mes”. O sea que el incremento en las partidas para jubilaciones incluido en el Presupuesto 2026 no se traducirá en una suba directa de los haberes, sino que será un proceso anual relativo a una proyectada baja de la inflación. Por lo tanto, si las proyecciones fallan, el aumento a jubilados no se verá reflejado en ningún sentido. Giordano hizo extensivo este análisis a lo que sucede con pensiones y otros gastos sociales, pero no tuvo más que relativizar las expectativas. “En la medida que baja la inflación y crece la economía, se genera ese pequeño espacio, que es positivo porque responde a necesidades que se han planteado visiblemente, pero que sigue siendo modesto en relación con las expectativas”, añadió el exfuncionario durante una entrevista por La Voz. Además, vale destacar que año tras año se suman más altas que bajas, pero el presupuesto está calculado por partida, es decir, no contempla el aumento de personas que recbirán su jubilación.
Según detalló la ACIJ en su informe, con respecto al gasto total en servicios sociales, el proyecto establece un aumento interanual de 6,7por ciento en términos reales frente a 2025. Este incremento, no obstante, resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9 por ciento entre 2023 y 2026. Cabe destacar que casi el 43 por ciento de los recortes presupuestarios totales en el último trienio se explican por las reducciones experimentadas en las partidas en servicios sociales. Este miércoles el Congreso de la Nación escuchará o negará la voluntad social que se expresará en la calles: un veto a dos Leyes que resultan vitales para docentes, médicos, familias y vecinos de todo el país que reclaman por mejoras en sectores castigados furiosamente desde el inicio del gobierno libertario. A los reclamos sociales de mañana y los ya expresados en las calles, como las clases públicas de disintas facultades y las marchas de todos los miércoles protagonizadas por jubilados acompañados por familiares y personas con discapacidad, se suma la preocupación por un presupuesto 2026 que habla de mejoras para la gente, pero en los números solo planea más ajuste.
